Existe una preocupación nacional sobre la ley ómnibus que busca implementar el gobierno de Javier Milei, ya que su presunta aplicación atacaría distintos organismos culturales en Argentina. Ahora, en lo que respecta a la actividad teatral en concreto, el rechazo a esta ley es unánime, ya que el sector es sumamente vulnerable y, con dicha norma, podría quebrarse en muy poco tiempo. Está claro que la ley no viene a regular los organismos culturales; lo que propone es su achicamiento y una precariedad que podría llegar a ser histórica, y afectaría no solamente a los hacedores –en el caso del teatro–, sino también al público que frecuenta los diferentes espacios. Para hacerle frente a esta ley, ha sido realmente impresionante la cantidad de trabajadores de la cultura –ya sea del cine, el teatro o la música– que se presentaron en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados a dar extensas explicaciones y a defender sus derechos y los derechos de los ciudadanos. Es que resulta difícil imaginar que en el mundo exista una ley que deje a la cultura en un lugar de abandono tan irremediable, por no decir en el freezer.
La mayoría de los organismos culturales que se ven afectados con la ley ómnibus son autónomos: se autofinancian, gastan muy poco y llevan adelante muchísima actividad en el campo cultural argentino. En el caso del Instituto Nacional del Teatro (INT), este produce festivales nacionales, provinciales y regionales; otorga becas y financia investigaciones, ediciones y distintos programas, que pueden desaparecer. El INT funciona con un carácter rotundamente federal, colegiado y con aportes genuinos, y fue creado gracias a la ley 24.8001 como ente autárquico en jurisdicción de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Se trata de una ley que es ejemplar en el mundo entero, y que sostiene a cientos de trabajadores del teatro en todo el país. Una ley que distribuye equitativamente los recursos y los ingresos en todas las provincias argentinas, permitiendo que salas, públicos y grupos de teatro independiente lleven a cabo y participen de una actividad profesional. Los representantes del INT por provincia son dos personas y se definen por antecedentes y concurso público. Estos representantes son profesionales de las artes escénicas y son elegidos cada cuatro años. En cuanto al presupuesto y los fondos que maneja el INT, estos son aprobados anualmente por el Congreso de la Nación Argentina. En este aspecto, debo señalar que el sector cultural aporta el 1,8 por ciento del valor agregado.
Por otro lado, instituciones culturales como el Fondo Nacional de las Artes (FNA), el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), el INT y el Instituto Nacional de la Música (INAMU) son organismos imprescindibles para que no se concentre la actividad en las grandes capitales. Estas instituciones permiten que creadores e intérpretes de las 24 provincias tengan las mismas posibilidades que los que se hallan en los grandes centros de producción cultural; estos organismos, además de ser autosuficientes, son deliberadamente federales y permiten el desarrollo de los actores culturales en todo el territorio nacional. Desfinanciarlos traería como consecuencia la quita de derechos esenciales que hoy tienen los ciudadanos argentinos: los que implican poder formarse y desarrollarse en una sociedad en la que el arte y la cultura no están digitados y condenados por el poder político de turno; donde cada habitante puede ser parte de una nación que promulga la verdadera inclusión, la libertad y, por sobre todo, la paz social.
Para concluir este artículo, solo quiero recordar una frase de Federico García Lorca que deseo que quede en la memoria de todo el continente sudamericano: «Un pueblo que no ayuda y fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo».
* Fernando Zabala es docente y dramaturgo argentino.
