La interna del oficialismo argentino al rojo vivo

La visita de seis legisladores nacionales pertenecientes al bloque oficialista a represores de la última dictadura cívico-militar, acusados de torturas, desapariciones forzosas, robos de bebés y asesinatos, efectuada el 11 de julio y conocida una semana después a partir de una publicación periodística no tiene precedentes en democracia. Fueron 12 los represores «visitados». Algunos de ellos están entre los más connotados: Alfredo Astiz, Carlos Suárez Mason y Raúl Guglielminetti, este último con intervención directa en la desaparición de uruguayos en Argentina en el marco del Plan Cóndor.

El hecho motivó un escándalo mediático, político y social, y consecuencias todavía poco claras para La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei. Por lo pronto, ha provocado la eyección del bloque oficialista de la legisladora Lourdes Arrieta, una de las protagonistas de esta historia. Arrieta pasó de decir que no sabía a quiénes iba a visitar la delegación a aparecer en el centro de una foto junto a sus colegas y los genocidas. Luego denunció por violencia de género a un compañero de su bancada y finalmente publicó chats revelando detalles de la organización del encuentro. Todo ello le valió la salida de una bancada que es de por sí poco numerosa (en las últimas elecciones, LLA consiguió 38 diputados en un Congreso que cuenta con 257), lo que le dificultará aún más las cosas a la formación política del presidente a la hora de negociar leyes.

En un primer momento, el presidente «libertario» de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobrino del exmandatario Carlos Menem, trató de desligar a la institución de la visita. Dijo, por ejemplo, que los legisladores de su grupo habían tomado una decisión individual al hacer el tour por el Penal de Ezeiza para encontrarse con los que, algunos en filas de LLA, denominaron como «octogenarios sentenciados a una pena de muerte con cuentagotas». En ese entonces, había quienes sostenían en LLA que se trataba de «una visita humanitaria a gente que está, en algunos casos, ilegalmente detenida».

Cuando se tomó conocimiento de que Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci, Beltrán Benedit y Arrieta se habían trasladado al Penal de Ezeiza en un vehículo perteneciente a la flota oficial de la Cámara de Diputados, la dimensión institucional del asunto tomó otro calibre: el encuentro adquiría un tinte oficial y manchaba a la propia Cámara de Diputados. Como era de esperar, la visita provocó una catarata de repudios de parte de los organismos de derechos humanos, buena parte de los movimientos sociales y casi todo el arco político opositor. La bancada del peronismo en el Congreso planteó diversas sanciones contra los legisladores «libertarios», pero hasta ahora nada ha pasado. El tema está actualmente a estudio de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que debe determinar si corresponde o no algún tipo de penalización a los legisladores. Ya hubo una sesión parlamentaria convocada para tratar el asunto que debió levantarse por falta de cuórum, y otra en la que sí hubo cuórum, pero el punto no fue abordado.

REVELACIONES

Mendocina de 31 años, Arrieta era conocida hasta ahora más por los patitos amarillos con que había adornado sus rulos rubios en una sesión del Congreso que por otra cosa. Cuando trascendió la visita, trató de desmarcarse de distintas maneras. En un primer momento, dijo que había ido a Ezeiza prácticamente engañada. «Como no viví en esa época, como nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época, la verdad es que vi internos de 80 años», advirtió en una de las primeras entrevistas que brindó después del tour. Admitió que se había reunido y hablado con Astiz, pero sin saber quién era, y que tuvo que «googlearlo» a la salida de la cárcel para averiguarlo. Luego intentó redimirse. A comienzos de agosto, fue a la sesión del Congreso que se levantó por falta de cuórum con un ejemplar, bien visible, del Nunca Más. Tuvo la mala suerte de que pocas horas antes se difundiera una fotografía en la que se veía muy sonriente y en un lugar central junto a los 12 genocidas visitados y a cuatro de sus cinco colegas «libertarios». La que no salió en la foto fue la diputada Bonacci, que al parecer sí sabía quiénes eran los «viejitos» que posaban en la cárcel de Ezeiza y rechazó aparecer a su lado. Días más tarde, Bonacci acusó a su colega Benedit de haber pergeñado todo. «Nunca dijo que íbamos a visitar represores. La invitación era para otra cosa», le declaró al diario La Nación. En diversas entrevistas periodísticas, Bonacci brindó informaciones sobre la trama y las características de la visita.

Arrieta, por su lado, no solo recurrió a los medios, sino que también hizo una denuncia en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora que fue desestimada por el fiscal Sergio Mola por «infantil». «La denuncia de la nombrada está motivada en su intención de despegarse de un hecho que la tuvo como protagonista (su visita en el penal a distintos detenidos condenados/procesados por crímenes de lesa humanidad). Para ello, hace una serie de consideraciones de carácter pueril, carentes de verosimilitud y provistas de un infantilismo que hiere la inteligencia del más desprevenido», dijo Mola refiriéndose a Arrieta.

La legisladora mendocina arremetió igualmente contra otro excompañero de bancada, Nicolás Mayoraz, a quien denunció por violencia de género luego de haberse insultado mutuamente en una reunión del grupo parlamentario de LLA.

La situación de Arrieta en el bloque se fue volviendo insostenible. Antes de que la expulsaran –una medida que estaba prevista para el martes pasado–, ella tomó la delantera, renunció a LLA y anunció la conformación de su propio bloque. Un monobloque, en realidad, al que llamó Fuerzas del Cielo, demostrando su apoyo a Javier Milei. «De un hecho tan delicado como encubrir delitos de la humanidad no puedo ser parte. Esto va en contra incluso de la agenda del presidente», dijo. «No voy a permitir que se manipulen leyes a espalda de Milei», había dicho el domingo 26.

Ese mismo fin de semana había compartido en su cuenta de la red social X los chats en los que se mostraba cómo fue la organización de la visita al Penal de Ezeiza y se abundaba sobre los motivos reales de la iniciativa: ir preparando el terreno para, «en un plazo razonable», pedir la libertad –o al menos la prisión domiciliaria– de los «viejitos» detenidos argumentando motivos humanitarios y una supuesta demora en el proceso judicial.

Las conversaciones dejaban al descubierto, además, que los diputados Benedit y Ferreyra ya habían visitado a otros represores presos en la cárcel de Campo de Mayo, en marzo.

El ideólogo del asunto, quien había armado el grupo de WhatsApp –en el que participaban, además de los diputados de LLA, abogados y exjueces–, era el cura ultraderechista e influencer Javier Olivera Ravasi, hijo de un militar preso. Fue él quien habría preparado las visitas a las cárceles de Campo de Mayo y Ezeiza y proyectado otra a la de Marcos Paz, y quien habría puesto en contacto a algunos de los legisladores «libertarios» con los abogados y exjueces para que los asesoraran.

DOS LÍNEAS

El presidente Milei intentó despegarse de esta iniciativa. «Yo no lo hubiera hecho», dijo, y sostuvo que esa no era su «agenda».

Pero las que sí podrían estar involucradas serían otras dos altas autoridades: la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien desde hace años batalla por la liberación de los genocidas y el envío a la cárcel de los dirigentes de la guerrilla, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, así como los máximos responsables del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

En la misma semana en que Arrieta salió del bloque de LLA, Villarruel organizó un acto en el Senado, que preside, en el que anunció la «reapertura de todas las causas de las víctimas del terrorismo» y apuntó a la organización Montoneros. «Los Montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra nación», dijo. Cabe aclarar que, a diferencia de los delitos de lesa humanidad, los delitos cometidos por la guerrilla están prescriptos.

En las capturas de pantalla de chats de WhatsApp que publicó Arrieta, el cura Olivera Ravasi aparece contando que Bullrich habló con el diputado Benedit y le aseguró que a los legisladores «se les facilitaría el ingreso sin inconvenientes» a la cárcel de Ezeiza. Según cuenta el propio Benedit, Fernando Martínez –director del SPF– le dio el OK. Cuando habló con la prensa, Bullrich se desentendió del tema. Manifestó no tener conocimiento de lo sucedido previo a que se publicara en los medios. El domingo pasado volvió a ser convocada para que dé explicaciones ante el Congreso.