Alguien, cuya identidad aún se ignora, pero que seguramente viste o vistió indumentaria militar y que sabe cómo desplegar operaciones de inteligencia, acaba de entregarle al gobierno una exclusiva oportunidad de demostrar que es real y auténtico el amplificado discurso sobre el compromiso con la verdad y la disposición de encontrar cualquier documentación que ayude a rescatar los restos de los desaparecidos.
Los hechos ocurrieron de la siguiente manera: casi en el mismo momento en que el presidente Luis Lacalle Pou enviaba al Parlamento un proyecto de ley para abrir sin restricciones los llamados archivos militares, en un sitio web, Archive.org, con sede en la ciudad estadounidense de San Francisco, comenzaron a ser publicados los rollos microfilmados de lo que se conoce como Archivo Berrutti.
Fue una manera, poco elegante pero efectiva, de ganarle de mano al gobierno, cuya fundamentación para abrir el acceso a través del Archivo General de la Nación (AGN) fue el tristemente trillado argumento de que el anterior gobierno no lo había hecho, como si la referencia al pasado frenteamplista fuera el motor de su existencia, acción y reacción al mismo tiempo.
Las primeras sospechas sobre la identidad de quienes abrieron de par en par las puertas de los archivos militares, haciéndole una zancadilla al gobierno, se centraban en aquellos que ya vienen manejando dicha documentación, y ello proyectaba una sospecha de tinte izquierdoso. Pero un estudio de lo publicado en la web de Archive.org (bajo la denominación de «Archivo del terror de Uruguay») revela que en ese sitio web hay documentación desconocida hasta ahora, que no está comprendida en lo que se llama Archivo Berrutti. Solo quien tenga acceso a otros archivos militares, hasta ahora no conocidos, pudo acceder a esa documentación. El motivo de la divulgación, que deja en evidencia un acceso a archivos secretos, es materia de especulación.
¿UN ARCHIVO MADRE?
En 2006, la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, se hizo presente, sin aviso previo, en el viejo cuartel de Instrucción para Oficiales de Reserva de la calle Dante y ordenó lacrar dos muebles: uno de ellos contenía los 1.144 rollos de microfilmaciones que fueron automáticamente incautados; el otro mueble tenía las mismas microfilmaciones, pero con algunas diferencias consignadas por la escribana. Y permanecieron allí donde funcionaba la Escuela de Inteligencia del Ejército.
El material incautado fue trasladado al Ministerio de Defensa Nacional y comenzó a ser digitalizado una vez que se obtuvieron las cámaras y los escáneres. Casi dos años después terminó el trabajo, y se entregaron tres copias: una para el ministerio, otra para Presidencia y una tercera para el AGN, donde, además, se depositaron los rollos originales. Fue lo que se podría llamar el Archivo Berrutti oficial. La secuencia numerada de rollos tiene dos grandes lagunas: la ausencia de los primeros 99 rollos y el salto del 1.859 al 3.051. Si se hicieron otras copias, oficiales o clandestinas, el contenido de cada rollo no pudo modificarse. El Berrutti oficial fue heredado por el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, por la Institución Nacional de Derechos Humanos y por el proyecto universitario Cruzar, mediante copias debidamente certificadas.
Hay otros conjuntos de microfilmes que en su momento fueron oportunamente ubicados. Unos pertenecen al E-II del Comando General del Ejército, que contiene unos 300 rollos más que el Berru-tti. Hay, además, unos 400 rollos en la Oficina de Microfilmación de la Armada y otros 60 en la División Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval (DIVIN) que, hasta donde se sabe, no fueron digitalizados.
En materia de digitalizaciones, hay otros dos conjuntos de documentos que se individualizan como «Archivo FUSNA» y «Archivo DNII». Estos dos conjuntos son independientes del Archivo Berrutti y ello es relevante porque el llamado Archivo del terror de Uruguay, que fue subido a Archive.org, no contiene documentación de la Armada ni policial. En cambio, es posible asegurar que la base de lo publicado por el sitio web de San Francisco corresponde al Berru-tti oficial porque reproduce rollos que debieron ser redigitalizados y están identificados con la letra r.
Lo significativo de esta última publicación es que contiene rollos desconocidos hasta ahora y que no corresponden a ninguno de los conjuntos de digitalizaciones conocidos. Hay decenas de rollos con numeración superior a 3.000 (que, a diferencia de los restantes, no tienen acta de inicio y término de digitalización), cuyo contenido es absolutamente novedoso; hay rollos que supuestamente corresponden a los primeros 99, y hay, en particular, una digitalización de unos rollos incautados al Partido Comunista en 1974, en los operativos que condujeron a la detención de Rodney Arismendi. Quienes en su momento se encargaron de la digitalización de los rollos hallados por la exministra Berrutti fracasaron en su intento de digitalizar los microfilmes del Partido Comunista, porque habían sido procesados con una tecnología soviética. Sin embargo, ahora aparecen digitalizados en el sitio Archive.org.
Incuestionablemente, el autor de la publicación tiene acceso a material desconocido que solo puede obtenerse en lo que debería denominarse el archivo madre microfilmado. Ese archivo madre necesariamente ha sido alimentado en su mayoría con documentación del Servicio de Información de Defensa (SID), pero también con material proveniente del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). La microfilmación policial es anterior, porque existen microfilmaciones de fichas con sellos de 1977, cuyos rollos están en el local de la calle Maldonado.
LA GRAN OPORTUNIDAD DEL MINISTRO
Es materia de especulación las razones por las que alguien –algunos– ha decidido levantar el velo que encubre los documentos secretos. Sin dudas, la publicación en la web de este material en parte novedoso es un tiro contra la línea de flotación del gobierno, aunque sea simplemente porque vuelve inoperante la publicitada apertura de los archivos. El operativo de inteligencia seguramente no se agota en ese objetivo, y todo sugiere que otras motivaciones tienen que ver con la interna de la coalición gobernante. Los motivos son múltiples –justo en el momento en que se desata la carrera prepresidencial–, pero para este ajuste de cuentas es necesario razonar que el operador de inteligencia tiene acceso a los vericuetos de la estructura militar, presente y pasada.
Hasta ahora, el gobierno, que despliega un agresivo discurso mezclando acusaciones contra el Frente Amplio y declaraciones sobre transparencia, no ha divulgado ningún comentario sobre la publicación web; ha ignorado el episodio.
Quizás porque mira para el costado, el misterioso autor de la publicación resolvió, el miércoles 14, subir un nuevo conjunto de documentos, que agregó al inicial «Archivo del terror de Uruguay». Se trata de 65 rollos, en principio vacíos, 19 de los cuales tienen títulos conocidos, mientras que los restantes 46, numerados en el rango de los 3.000, son absolutamente novedosos. El mensaje es claro: en la medida en que me ignoren, continuaré revelando material hasta ahora secreto.
Al tenor de las últimas declaraciones del ministro García –que, para diferenciarse de sus antecesores frenteamplistas, asegura que él ejerce efectivamente el mando (véase la entrevista en Desayunos informales)–, correspondería que el ministerio ubicara rápidamente el origen de la fuga de información, con lo que podría establecer –si es que lo desconoce– el domicilio de los archivos militares cuya incautación se reclama permanentemente, porque en algún lugar están documentados los secretos de los crímenes que se resguardan con tanto empeño.
Sería una bienvenida ocasión de demostrar que existe una diferencia real en materia de derechos humanos.
Desparpajo
Una furibunda arremetida contra el Frente Amplio fue el atajo que eligió el ministro de Defensa Nacional, Javier García, para justificar ante el juez de tercer turno de lo Contencioso Administrativo, Javier Gandini, por qué no entregará hoy, viernes, en el juzgado el documento sobre detenidos desaparecidos elaborado en 2005 por los generales Pedro Barneix y Carlos Díaz, solicitado por el proyecto universitario Cruzar en un trámite de acceso a la información pública.
El ministro García se despachó ampliamente contra los gobiernos frenteamplistas en una entrevista concedida el miércoles 14 al periodístico matutino de Canal 12 Desayunos informales, pero su explicación no logró camuflar el hecho de que la comandancia general del Ejército le niega al ministerio ese documento clave de las negociaciones entre el gobierno de Tabaré Vázquez y los oficiales que participaron en operativos del terrorismo de Estado, en 2005.
La negativa militar a entregar dicho documento había quedado estampada en la primera respuesta del ministerio al pedido de Cruzar: no es posible obtener una copia del informe.
Ahora, cuando se vence el plazo otorgado por el juez Gandini, Javier García elabora una poco sostenible justificación: el documento no está porque fue entregado a la presidencia de Tabaré Vázquez. Para García, la prueba de esa entrega radica en que había sido la Presidencia que lo había solicitado. No hay, en su explicación (urdida con cierto enojo ante los periodistas, a los que interrumpió y aleccionó), una prueba de que el entonces comandante Ángel Bertolotti lo haya entregado sin recibo y sin asegurar una copia en la comandancia. No hay ninguna evidencia de que un documento oficial de esa envergadura e importancia haya desaparecido.
De hecho, el ministro ensaya la prestidigitación: lo que en realidad entregó Bertolotti a Vázquez fue un informe, elaborado con base en los resultados de las averiguaciones de Barneix y Díaz, que fue debidamente divulgado en su momento. Para generar una coartada que permita sacar la pata del lazo, García ensaya una deliberada confusión entre los dos informes: el informe de los generales a su superior, producto de las averiguaciones sobre los enterramientos clandestinos, en especial el de María Claudia García de Gelman, y el informe que el comandante entregó al presidente. En medio de esa confusión, la cortina de humo es el ataque furibundo al gobierno del Frente. García sugirió que la política de los gobiernos frenteamplistas fue la de ocultar deliberadamente la documentación sobre derechos humanos. Hasta ahora, el Frente no ha respondido a esa afirmación, sustentada en el supuesto de que el Frente tiene cosas para ocultar.
Hay dos caminos para resolver el entuerto: uno es reclamar el documento a la Presidencia, si es que las afirmaciones de García son ciertas; otro es preguntarle al general retirado Bertolotti dónde dejó el documento de los generales Barneix y Díaz y si es cierto, como afirma García, que él personalmente entregó a Vázquez un original del que no quedó copia.
