Seguramente la fiscal Rocío Sánchez, quien en 2007 investigaba una red de narcotráfico en la provincia constitucional del Callao, nunca pensó que fuera su pedido de interceptación telefónica el que iniciara una serie de temblores que crece día a día, audio a audio, y amenaza con derrumbar al Poder Judicial en Perú.
Era un número de teléfono extraño, que no pertenecía a ninguno de los presuntos integrantes de la organización criminal vigilada, y que alertó a los investigadores. Sin embargo, a través de ese número descubrieron una intrincada red de conversaciones que tenían que ver con ilegales e inmorales decisiones judiciales.
El 7 de julio detonó la bomba cuando el portal IDL-Reporteros del Instituto de Defensa Legal, tras un arduo trabajo de sus periodistas de investigación, dirigidos por Gustavo Gorriti, comenzó a divulgar audios de esas interceptaciones telefónicas, que revelaban actos de corrupción vinculados a resoluciones judiciales; conversaciones en las que jueces negociaban qué penas imponer con miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), un poderoso organismo autónomo que tiene como funciones nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales, además de los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
UN VIOLADOR ABSUELTO. Si el primer audio divulgado alertaba sobre serias irregularidades, el segundo superó los límites de la miseria humana y desató las iras de los peruanos. En ese audio, el presidente de la sala penal de la Corte Suprema, César Hinostroza Pariachi, conversa sobre alternativas para reducirle la condena y hasta absolver a un hombre condenado por abusar de una niña de 13 años.
En un diálogo de 51 segundos se escucha al juez Hinostroza preguntar sobre el caso: “¿Qué es lo que quieren? ¿Que le baje la pena o que lo declaren inocente?”, y sobre la víctima: “¿Cuántos años tiene? ¿Diez años?… Once añitos. ¿Pero está desflorada?”.
Una vez divulgada la conversación, el magistrado intentó defenderse declarando que le había aumentado la pena al condenado, lo cual era mentira: lo había absuelto por considerar que la menor no aparentaba su edad, sino que parecía mayor, y que hubo consentimiento.
De nada valieron el testimonio de la niña ni los análisis clínicos que indicaban lo contrario, señalando traumas psicológicos y evidencias físicas de la agresión. Para Hinostroza el caso carecía de “prueba suficiente, idónea, pertinente y eficaz” que demostrara la culpabilidad del acusado, Mauricio Faustino Huamaní Saldívar.
El tremendo fallo del juez –quien increíblemente había participado este año en la Trigésima Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic), exponiendo sobre los avances de Perú en la materia– ha sido “ejemplarmente” castigado, pudo comenzar a disfrutar de 30 días de vacaciones y poco después fue reubicado en la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema. Recién el miércoles pasado fue suspendido de ese nuevo cargo mientras dure el proceso disciplinario que el Cnm abrió en su contra.
“DIEZ VERDECITAS.” No midió con la misma vara la justicia a Walter Ríos, ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, único caso de detención hasta ahora, a quien se le han impuesto 18 meses de prisión preventiva. La mención al dinero (“estoy pensando en diez verdecitos”) en que tasó su apoyo para el nombramiento de un fiscal, explica la diferencia de criterios.
En otra conversación, con un funcionario al que llama para pedirle el ascenso de otra funcionaria, Ríos hace una curiosa interpretación de la justicia peruana: “En este mundillo llamado Poder Judicial, como su mismo nombre lo dice, la palabra ‘poder’ no es por las puras. A qué me refiero: de alguna manera en el sistema nosotros también respondemos a ciertos, no digamos grupos de poder, sino a ciertos amigos que nos piden ciertas cosas, ya sea para ellos mismos o para personas allegadas a ellos”.
La trama no está exenta de episodios ridículamente jocosos, como el caso de Iván Noguera, un consejero del CNM que además es músico, quien le exige a un empresario, a cambio de ciertos favores, la compra de 50 entradas para uno de sus conciertos. Al final de la conversación, y aceptada la compra, Nogueira, conocido como el “Doctor Rock”, le agradece por colaborar.
ESTADO DE EMERGENCIA. Pero el escándalo no tuvo sólo repercusiones en el ámbito del Poder Judicial, sino también en el político. Una de las grabaciones revela un intercambio entre el conversador juez Hinostroza y el ministro de Justicia, Salvador Heresi. Este último se vio obligado a renunciar tras escuchársele pedir consejos al juez supremo; a pesar de que se defendió argumentando que la conversación no demostraba ninguna ilegalidad o falta moral o ética, aceptó el pedido del presidente Martín Vizcarra de dar un paso al costado.
Vizcarra nombró además una comisión de siete juristas, encabezada por el ex canciller Allan Wagner, para que presente una propuesta de reforma judicial. El escándalo tomó tales dimensiones que el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, resolvió el 18 de julio “declarar en emergencia al Poder Judicial por el plazo de 90 días, que comprenderá a los órganos administrativos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Ejecutivo, distritos judiciales, Sala Penal Nacional, Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y a la Gerencia General”.
Esa misma noche Rodríguez declaró con optimismo que “el Poder Judicial no ha muerto. El Poder Judicial es capaz de enfrentar la grave crisis que tenemos”. Poco le duraría el entusiasmo: agobiado por las críticas, renunció; aunque en acrobática maniobra fue nombrado al otro día como presidente de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.
Complicando aun más la desprestigiada justicia peruana, el viernes 20, un día antes de ser investido como nuevo fiscal de la nación, Pedro Chávarry tuvo que enfrentarse a la divulgación de un audio en que se le escucha hablar con el principal protagonista de esta telenovela política de final incierto, Hinostroza, con quien amigablemente intercambian pedidos de acuerdos y favores.
El presidente del Consejo de Ministros anunció que ni el presidente de la República ni otro representante del Poder Ejecutivo acudiría a la ceremonia de juramentación del fiscal de la nación, cuando, según las normas, la presencia del mandatario es necesaria para legalizar el nombramiento. Pero la Junta de Fiscales Supremos ignoró esto último, considerándolo una simple formalidad, y Chávarry asumió el cargo. Luego siguieron apareciendo nuevas grabaciones de conversaciones entre Hinostroza y Chávarry en las que parecen intercambiar favores.
EN EL CONGRESO. Según los audios, por lo menos dos legisladores estarían involucrados también en casos de tráfico de influencias con el Poder Judicial. Los identificados son el aprista Mauricio Mulder, un fiel escudero de Alan García, y el fujimorista Héctor Becerril, quien intentó influir en la designación de un nuevo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Francisco Villavicencio, también fujimorista (Fuerza Popular) sería el tercer legislador implicado, aunque por ahora no hay certeza de que el “Panchito”, a quien se alude en los audios, sea él.
Más certezas hay de que la mencionada “Señora K”, de la “fuerza número 1”, sea Keiko Fujimori, la líder de Fuerza Popular e hija del ex presidente Alberto Fujimori; sobre todo porque cerca de la fecha de la grabación divulgada su padre buscaba mediante un recurso de casación cerrar una investigación que le estaban haciendo. El controvertido magistrado Hinostroza también había resuelto un recurso a favor de Keiko Fujimori en una investigación por lavado de activos.
Lo concreto es que el viernes 20, en sesión extraordinaria, a pedido del presidente Vizcarra, quien tuvo palabras encendidas (“Nadie puede quedarse de brazos cruzados ante la corrupción. No vamos a permitir la descomposición de las instituciones de Perú, y estamos luchando de manera frontal contra la corrupción. Señores congresistas, es momento de actuar firmes ante esta grave situación, el pueblo peruano lo demanda”), el Congreso peruano, en forma unánime, aprobó la destitución de los integrantes del CNM y, en una nueva sesión el martes 24, decidió también aprobar el proyecto de ley que lo declara en emergencia por un período de nueve meses, para su reestructuración.
Será ante ese mismo Congreso que el presidente Vizcarra, en el tradicional mensaje por las fiestas patrias –generalmente un reventón de cohetes a los logros del gobierno de turno–, divulgará el 28 de julio las propuestas de la comisión sobre la reforma judicial. Ese sábado, cuando Perú celebre el 197° aniversario de su independencia, una justicia a la que se le descubrió la balanza adulterada y miradas bajo la venda esperará mostrar señales de sanación.
En estos días se recordaron los cien años de la muerte del pensador, ensayista y poeta anarquista Manuel González Prada, cuando una de sus frases más célebres fue repetida en las redes sociales: “Perú es un organismo enfermo; donde se aplica el dedo, brota la pus”.
