Hace cuatro años, cuando un grupo de familiares de personas desaparecidas lanzó, sin apoyos oficiales, la Primera Brigada Nacional de Búsqueda para rastrear predios rurales señalados como sitios de enterramientos clandestinos en Amatlán, un municipio al extremo sur de Veracruz, en el extremo norte del estado, un puñadito de seis familias con desaparecidos decidió que ellos replicarían ese esfuerzo. En mayo de 2016, en la ciudad de Poza Rica, se presentaron como capítulo local del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera.
Con los bríos de su nacimiento comunitario, José de Jesús Jiménez Gaona habló por los seis fundadores y expuso ante las autoridades locales (entre ellos el fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, actualmente con una causa abierta por desaparición forzada) su intención de realizar una brigada de búsqueda en Poza Rica como la que se había estrenado en Ama-tlán dos meses antes. La reunión de coordinación entre familias y autoridades para organizar la brigada estaba fijada para el día 23 de junio. Pero menos de 24 horas antes, Jiménez Gaona fue asesinado por hombres armados que luego huyeron del lugar. Ocurrió en plena calle, a las cuatro de la tarde, en la esquina de las avenidas Antonio J Bermúdez y Lázaro Cárdenas, a metros de la Unidad Integral de Procuración de Justicia y de la Fiscalía General de Poza Rica.
Lógicamente, la brigada no se concretó, y un nuevo manto de silencio cayó sobre las familias, que bajaron el perfil ante la violencia desatada. Por eso es que ahora la sonrisa de una de las mujeres de aquel grupito originario de seis familias tiene un doble sabor a triunfo, al ver cómo la manifestación que da término a la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda culmina en un acto ante la sede del Palacio Municipal de Poza Rica, pasado el mediodía del viernes 21 de febrero de 2020.
Como muestra del apoyo que cosecharon del presidente municipal, los brigadistas colocaron una placa en la sede del gobierno local, ubicada a dos quilómetros de donde Jesús fue asesinado. En ese mismo acto anunciaron que otras familias de la zona ya se han organizado y han montado sus propios grupos de Familiares en Búsqueda María Herrera en los municipios vecinos de Papantla, Tihuatlán, Coatzintla y Martínez de la Torre. La cifra oficial indica que en seis de cada diez municipios veracruzanos hay personas que han sido desaparecidas en la última década.
MEGACEMENTERIOS. La Gallera es una hacienda ubicada en el municipio de Tihuatlán, en una zona arbolada y húmeda. Fue arrebatada a sus propietarios por un grupo paramilitar en una fecha que no se ha precisado, aunque sí se sabe cuándo dejó de usarse como centro clandestino de detención: enero de 2017.
Fue entonces cuando la Fiscalía de Veracruz desenterró cinco cadáveres del traspatio de la casa central del predio, que en total tiene seis hectáreas. Mediante el uso de caninos rastreadores, se hallaron primero dos cuerpos, luego otros dos y, al día siguiente, el quinto. El colectivo Familiares en Búsqueda estuvo presente durante las labores periciales, convocado por las autoridades. Una de las personas que presenció los desenterramientos relató a Brecha que, aunque los cadáveres estaban mutilados, conservaban aún su piel y algunas ropas, por lo que no tenían más de tres meses de inhumación clandestina. La fuente explicó que a partir de un tatuaje se identificó al hijo desaparecido de una de las compañeras del colectivo.
Menos de dos meses más tarde y 260 quilómetros más al sur, en un sitio próximo a Boca del Río, en la zona del puerto de Veracruz, fue hallado un megacementerio clandestino detrás del fraccionamiento habitacional Colinas de Santa Fe, gracias al trabajo del colectivo de familiares Solecito de Veracruz. Cuando Brecha reportó desde ese sitio a fines de marzo de 2017, Solecito llevaba desenterrados 250 cráneos (véase “Los desaparecidos de hoy”, 2-VI-17). Pasados tres años de búsqueda ya son 298 cráneos y más de 22 mil fragmentos óseos, hallados en 156 fosas clandestinas. A partir de ellos, apenas 22 personas han sido identificadas.
Estos son sólo dos de los casos de enterramientos masivos que se han hecho en Veracruz y que han sido hallados por colectivos de familiares y por la autoridad ministerial. Son apenas una muestra de la crisis forense mexicana, de una magnitud que no se parece a nada que el mundo haya visto antes.
CRISIS INÉDITA. María Herrera no había salido a las búsquedas de campo de la Quinta Brigada en los días previos, pero llegó a la Gallera y se quebró. Las familias sostienen la hipótesis de que allí un gran horno a leña, próximo a la casa, se usó para calcinar los restos de las personas retenidas ilegalmente. No tienen indicios claros para saber cuántas, pero imaginan miles. La idea es peor que la realidad, siempre.
Herrera, una mujer septuagenaria, busca a cuatro de sus hijos. Fue con su nombre que bautizaron al colectivo de familiares que convocó aquella Primera Brigada Nacional de Búsqueda en 2016. Sentada en un pequeño escalón de la Gallera relata a Brecha que, aunque ahora han sido borradas, cuando los brigadistas entraron por primera vez había marcas de manos manchadas de sangre en las paredes de las habitaciones. Los reporteros que acompañaban a la Quinta Brigada hallaron algunas de estas marcas, así como nombres y códigos numéricos escritos en las paredes y que registraron sin comprender, imbuidos de un espíritu pericial inversamente proporcional al que demostraban los profesionales presentes encargados de esa tarea.
Luis Tapia, abogado de Herrera, se acerca al escalón para precisarle a este semanario las fechas de las dos búsquedas previas realizadas en la hacienda desde su descubrimiento inicial: una semana de trabajo en noviembre de 2017, cuando los peritos procesaron el horno, y otra semana, en mayo de 2018. En total se hallaron 1.200 fragmentos óseos, muchos de ellos calcinados, además del cráneo de un niño.
Tapia viene sacándose un mameluco blanco que le dieron los peritos de la Fiscalía General de la República para que colaborara en la tarea de cernir las montañas de ceniza del horno en la búsqueda de nuevos indicios de restos óseos. Explica que la Primera Brigada tuvo un mecanismo extrainstitucional y que, ante sus hallazgos, debieron llamar a un agente del Ministerio Público (un “MP”, coloquialmente) para que “levantara” los casi 10 mil indicios de restos que encontraron en fosas clandestinas en la comunidad de San Rafael Calería, en el municipio de Córdoba, al sur de Veracruz. Pero ya durante la Segunda Brigada (véase “Las evidencias de la tierra”, Brecha, 29-VII-16) y en las subsiguientes en Sinaloa (véase “En la boca del lobo”, Brecha, 17-II-17) y en Guerrero (véase “Las medidas excepcionales”, Brecha, 5-IV-19), así como en la actual en Poza Rica, la brigada ha contado con custodia policial y la presencia de una célula pericial de la Fiscalía General de la República.
El MP que está encargado del trabajo con la Quinta Brigada supervisa el trabajo en el horno de la Gallera desde fuera del recinto marcado con cinta amarilla y ruega a esta cronista que no se publique su nombre. Tampoco quiere precisar cuántos casos de desaparecidos tiene en su haber, pero sí confirma que son demasiados para la atención que puede darle cualquier mortal y que a él le ha tocado trabajar en fosas clandestinas en los más diversos puntos del país. Tiene 29 años.
Tapia, alejado ya de la zona de búsqueda para comer y recobrar energía, explica cómo es el ciclo que alimenta la crisis forense y que reventó los sistemas públicos existentes: “En casos como este (se refiere a la Gallera) el MP no puede determinar a quién pertenecen los indicios sin enviarlos al laboratorio. Al terminar la diligencia de búsqueda tiene que embalar todo ese material y llevárselo con él o enviarlo al servicio pericial. Para eso firma una cadena de custodia hasta que lo entregue al siguiente funcionario. En el laboratorio, si se obtiene Adn del indicio, entra a una base de datos de cuerpos y restos sin identificar. Ese es el proceso en el que estamos atorados ahora”.
Ante un resto calcinado o muy pequeño, disminuyen las posibilidades que se tienen de poder extraer Adn, pero cuando esto se logra, ese resto se convierte en un código numérico único que se almacena en la base de datos. Existen dos grandes bases de datos en México, una en manos de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República y otra a cargo de la División Científica de la Policía Federal. Es un misterio qué va a pasar con este segundo laboratorio especializado, ahora que la última reforma constitucional eliminó a la Policía Federal para dar paso a la Guardia Nacional, bajo la égida de los ministerios de Defensa y Marina. Aún no hay respuestas sobre qué va a pasar con el material genético, clave para las familias de los desaparecidos, y qué consecuencias tendrá que su gestión pase a manos de las estructuras castrenses.
Para cerrar el proceso forense, explica Tapia, si de un resto exhumado se obtiene Adn, se confronta digitalmente el código que se le adjudicó con las muestras de Adn brindadas por las familias en búsqueda. Es posible que aun en el caso de un match, el umbral de identificación genética sea demasiado amplio para dar un resultado concluyente, por lo que ese fragmento requerirá ser confrontado de forma adicional con el Adn de otros familiares, especialmente con hermanos de la víctima, lo que permite una identificación más sencilla. “Este es el meollo de la crisis forense en el país. México necesita crear una capacidad que no existe aquí ni en el mundo, es una locura total lo que estamos viviendo”, cierra el abogado.
FINA OBSERVACIÓN. Un grupo de mujeres se destaca entre las buscadoras de la Quinta Brigada porque tienen su propio funcionamiento, que se aprecia en los ligeros gestos y en la manera en que ponen en común la información que perciben durante la tarea. Las Rastreadoras del Fuerte llegan primero en una tanda de diez mujeres. El último día de búsqueda llegan las demás, con su fundadora, Mirna Nereyda Medina, una maestra jubilada que en 2017 halló los restos de su propio hijo desaparecido.
Originarias de la zona norte de Sinaloa, pegaditas a la frontera con el estado de Sonora, las Rastreadoras tienen una experiencia distinta de búsqueda y de hallazgo de cuerpos completos (no de pequeños fragmentos, como aquí) porque las técnicas de desaparición varían en las zonas del país, según atestiguan los familiares. En el último día de búsqueda de campo de la Quinta Brigada, se trasladan a un sitio conocido como Las Torres, por su proximidad a unos pozos estatales de extracción de petróleo. Allí las Rastreadoras toman un papel didáctico: “Tienes que prestar atención a las señales inusuales, como esta rama cortada de tiempo atrás y atravesada así; o que veas un bote colgado de una rama de un árbol: ¿por qué alguien iba a dejarlo ahí? Es una señal”, explica Sonia, mientras camina abriéndose paso entre los arbustos veracruzanos. “Ahora ve y pregunta a la familia cómo iba vestido el muchacho que estamos buscando.”
Lo que hace Sonia es un fino trabajo de observación y reconocimiento del entorno, que replica incluso en sitios que no le son familiares. “Cuando hay un cuerpo enterrado, la tierra queda con una mancha de grasa que brota de ella”, indica mirando el piso, al tiempo que clava una varilla que luego olfatea para decidir si vale la pena cavar o no. Como ella, todas las mujeres de la brigada superan los 40 años. Lleva tatuado en su antebrazo izquierdo el apodo de su hijo, “Cebollita”, que fue desaparecido hace año y medio, justo el Día de la Madre del año 2018. Sonia se quiebra al contar que otro colectivo lo halló hace dos meses, enterrado clandestinamente con un tiro de gracia en la nuca y junto al otro muchacho con el que fue desaparecido. “Aunque haya encontrado al mío, yo voy a seguir buscando al resto, con las compañeras, toda la vida”, explica Sonia y sonríe, otra vez.
