Desprenderse del pensamiento primigenio, identitario y fundante no es un camino que se pueda ensayar sin idas y vueltas, sin los mensajes a medias y la confusión propia del que abandona lo anterior sin haber desarrollado con argumentos fuertes el nuevo comportamiento. En general, se suele apelar al pragmatismo, a la realidad circundante y a las limitaciones que esta impone. También a las nuevas demandas de la sociedad y a cómo el «progresismo» en general siempre ha quedado a mitad de camino: entre las demandas de cambios estructurales de quienes lo votaron y la necesidad de legitimarse ante los poderosos en materia económica y mediática, sus pasos como gobernantes no conforman a la mayoría de la población. Hoy eso se percibe en la calle y en las encuestas.
Son varios los temas que preocupan a la gente y uno que aparece con fuerza es la falta de seguridad, el crecimiento de la violencia y la presencia del narcotráfico en distintos barrios del país. El presidente Yamandú Orsi tiempo atrás se mostró dispuesto a analizar el modelo Bukele, aunque después consideró que no encajaba en Uruguay. Por supuesto que el tema de la inseguridad es complejo y seguramente no se resuelva en un lustro ni en dos. Hasta ahora, Uruguay, salvo durante la primera administración frenteamplista, ha ensayado un modelo punitivista sin resultados positivos. Pero la concepción de guerra con intervención militar ha ido ganando la forma de enfrentar al crimen organizado en toda Latinoamérica, al grado que la administración Trump ha creado un organismo de 14 países denominado Escudo de las Américas para combatir lo que llama narcoterrorismo, incluso con participación de las fuerzas armadas estadounidenses. Y la primera expresión de esa lógica fue una intervención de Estados Unidos, que atacó, misil mediante, el búnker del cártel narco del Tren de Aragua en Venezuela, con anuencia del gobierno de Delcy Rodríguez.
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Semanas atrás, el gobierno anunció un plan integral para combatir la inseguridad, con una medida estrella: el plan Más Barrio, que consiste en un desembarco estatal en todas sus dimensiones en los lugares complicados. Sin embargo, el 18 de junio, ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de Diputados, el ministro Carlos Negro anunció que blindados militares se sumarían a los patrullajes de zonas complicadas. Sorprendió que ninguno de los legisladores oficialistas presentes en la comisión diera cuenta del cambio provocado por la incorporación de los militares al patrullaje, en un camino que, obviamente, puede terminar con su participación en la represión. Por supuesto, varios legisladores emepepistas salieron en su defensa y, en un intento de banalizar la decisión, el representante Alejandro Zavala (El Abrazo) sostuvo que el Ministerio del Interior solo estaba contratando un «Uber».
Como en casi todos los mensajes del Ejecutivo, la confusión es reinante. Hoy habrá un Consejo de Ministros en el que el presidente y los secretarios correspondientes darán cuenta del acuerdo entre Defensa e Interior. En tanto, en los organismos de dirección del Frente Amplio el silencio ante este cambio de política ha sido notorio. Y es parte de esa lógica de cerrar filas con Orsi, aunque la aprobación del gobierno se derrumbe. Tampoco aparecen iniciativas para intentar cambiar el rumbo. Como voces críticas al convite a los militares para que participen en el combate a la delincuencia, se registran, públicamente, dos: el ministro Juan Castillo, la senadora Constanza Moreira y el senador Óscar Andrade. La respuesta de Orsi fue terminante y afirmativa del nuevo rumbo en seguridad: «No es un tema de imagen ni de sensación, es un tema de acción: hay que resolver, la gente precisa que se le resuelva el derecho a la seguridad». En buen romance, el camino es con los militares. Justo en la semana del aniversario del golpe.
