En la carta de renuncia dirigida al presidente Alberto Fernández, Martín Guzmán formula una defensa de su gestión. Dice allí que «nuestro primer objetivo era tranquilizar la economía». Contra aquellos a quienes no les genera mucho entusiasmo ese concepto, el ahora exministro le otorga un valor supremo a esa «épica» (así la califica). El dardo parece dirigido a los kirchneristas. Cuando se cerró la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), todos los que defendieron el acuerdo (de Martín Guzmán al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, entre otros), así como también muchos que no lo defendieron, pero votaron el nuevo endeudamiento en el Congreso (Juntos por el Cambio), e incluso quienes lo criticaron en el último minuto porque creían que un acuerdo mejor era posible, pero no tomaron ninguna medida para evitar que se llevara adelante (los kirchneristas), adscribieron a una tesis: se trataba del mal menor. No acordar era el caos económico.
A solo tres meses de firmado el nuevo acuerdo con el FMI, todas las plagas azotan nuevamente al país. El acuerdo se articuló alrededor de tres objetivos: el primero es la reducción del déficit fiscal basado en la licuación de partidas presupuestarias por la inflación y en la reducción de subsidios energéticos; el segundo es la reducción del financiamiento del déficit a través de la emisión del Banco Central en beneficio de su financiamiento a través del mercado financiero; el tercero es la acumulación de reservas en el Banco Central.
Los tres ejes del programa convergen alrededor de un objetivo superior: juntar dólares para pagar la fraudulenta deuda que dejó el gobierno de Mauricio Macri, tanto con acreedores privados como con el propio FMI (véase «Plata fugada», Brecha, 29-V-20). Pero, a poco de andar, el gobierno enfrenta dificultades en los tres objetivos fundamentales fijados en el acuerdo.
La guerra de Rusia contra Ucrania afectó los precios de la energía y, por ende, la posibilidad de reducir los subsidios energéticos, a pesar de las subas de las tarifas de la energía eléctrica y del gas que se están implementando. Además, el oficialismo, en el laberinto de su interna, no logra ordenar la política energética. Los trascendidos indican que el exministro habría reclamado tener bajo su mando todo el panel de control de la economía, pero el presidente no le habría dado respuesta. En la nota final que Guzmán dirigió a Fernández se trasluce este reclamo: «Considero que será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace –que tendrá por delante esta alta responsabilidad– cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica».
A los problemas para reducir los subsidios energéticos se suman otros factores, como desembolsos imprevistos que desordenaron relativamente la ecuación fiscal. Es lo que ocurre con el anuncio de una nueva ronda del ingreso familiar de emergencia, que el gobierno tuvo que activar para hacer control de daños en una situación social muy grave, azotada por la espiral del proceso inflacionario. De este modo, las cuentas públicas empiezan a mostrar desvíos respecto a lo que manda el acuerdo con el FMI.
EL FANTASMA DEL DEFAULT
Como un dominó, el problema fiscal ha creado dificultades en otro objetivo del acuerdo con el FMI: el Ministerio de Economía viene enfrentando problemas para colocar deuda en pesos en el mercado local. Para intentar superar ese inconveniente, Guzmán hizo una ofrenda a los mercados: elevó las tasas de interés.
Aun así, Economía seguía con problemas crecientes para lograr financiamiento. La semana pasada, la cartera que conducía Guzmán logró pasar un test crítico de renovación de deuda, pero al costo de agrandar la bola de nieve de deuda en pesos. Además, la renovación se consiguió gracias a la compra que llevaron adelante organismos públicos. Se trata de una suerte de canje de deuda sui géneris. Los especuladores se sacan de encima los bonos y se van a comprar dólares, en algunos casos para sacarlos del país. Otros test como el de esa semana deberá afrontar todos los meses quien reemplace a Guzmán.
Para evitar que se derrumbe la cotización de los bonos locales en pesos, el Banco Central ha intervenido mediante la compra de un volumen importante de esos títulos, pero al hacerlo ha volcado más pesos a la calle. En este contexto, los mercados especulan con una posible reestructuración de la deuda pública en moneda local y muchos de los pesos que entregó el Banco Central en la adquisición de bonos también fueron a comprar dólares. Otros los absorbió con las llamadas leliq (letra de liquidez del Banco Central), lo que a su vez agranda la deuda del Central.
Los economistas de la oposición de Juntos por el Cambio, en tanto, alientan la idea de una reestructuración: dicen que el endeudamiento en pesos es insostenible. Esta idea toma cuerpo frente a un eventual cambio de gobierno en 2023. Hernán Lacunza, el último ministro de Hacienda de Macri, impuso en su momento un default de la deuda en pesos. ¿Por qué no lo haría de nuevo un gobierno cambiemita? Entre otros factores, esta posible reestructuración de la deuda en pesos que se olfatea en el aire es la que está detrás de la corrida cambiaria en curso, que disparó la cotización de los dólares paralelos, con el blue llegando este lunes a 280 pesos.
Mientras tanto, lo que pide el FMI es que, para el segundo semestre del año, que arrancó el viernes 1, se haga un ajuste más profundo, para corregir las desviaciones ocurridas durante el segundo trimestre. La «flexibilidad» del FMI es no aceptar que se repita lo que pasó en el segundo trimestre. El último documento del staff señala que para alcanzar la meta de este año se «requerirán políticas fiscales más estrictas en la segunda mitad del año»: más precisamente, reclama, que el gasto real disminuya al 7,8 por ciento anual en el segundo semestre. No solo eso. Además, empieza a hablar con voz más alta de reformas estructurales en el ámbito previsional y energético.
La reestructuración de deuda privada que hizo Guzmán en 2020 pateó la mayor parte de los pagos de la deuda en dólares hacia adelante: los vencimientos más duros empiezan en 2025. A priori parecía que este capítulo del endeudamiento no traería problemas hasta entonces. Sin embargo, los grandes fondos de inversión observan que los bonos reestructurados se devalúan al calor de los desequilibrios económicos. Por eso exigen al Fondo vigilar y castigar con más dureza las cuentas de la Argentina.
La interna del Frente de Todos, no hay dudas, afectó la continuidad de Martín Guzmán en el gobierno. Pero reducir a ese factor su renuncia es desconocer los profundos desequilibrios que afectan a la economía argentina, que atraviesa una década de estancamiento y cuya decadencia hay que rastrear hace al menos cuatro décadas atrás. El discípulo del premio nobel Joseph Stiglitz y especialista en reestructuración de deuda se retira del gobierno asediado por los buitres internacionales, los especuladores locales y el FMI.
EL AJUSTE INFLACIONARIO
El último informe del staff del FMI habla de la necesidad de «una gestión salarial prudente para mantener sin cambios la masa salarial del gobierno como porcentaje del PBI», pide que el presupuesto en jubilaciones caiga como porcentaje del PBI y que se reduzcan los subsidios al transporte. El acuerdo original, vale recordar, contempla la suba de tarifas de energía eléctrica y gas.
El acuerdo también comprende el aumento del dólar oficial, que, aunque gradual, mueve todo el esquema de precios hacia arriba. Con el desarrollo de la actual crisis no está descartado un salto cambiario que devalúe más los salarios. Es lo que le sugirió el economista Carlos Melconian, presidente del Banco Nación bajo el gobierno macrista, a Cristina Fernández en la reunión que ambos sostuvieron a fines de junio. Es una política para poner un freno a la actividad económica, pero que también puede disparar más los precios.
Desde que se aprobó el acuerdo con el FMI, la inflación no baja del 5 por ciento mensual: 6,7 por ciento en marzo; 6 por ciento en abril; 5,1 por ciento en mayo. Para junio se anticipa una cifra por encima del 5 por ciento. En este contexto, Guzmán había reestimado por enésima vez la proyección de inflación para este año hasta el 62 por ciento. Es muy probable que se haya quedado corto. Un 5 por ciento anualizado ubica la inflación anual en el 80 por ciento, mientras que un 6 por ciento anualizado la lleva al 101 por ciento.
En tanto, los salarios del sector privado registrado aumentaron 5,6 por ciento, los del sector público, 2,7 por ciento y en el sector informal, un extraño 7,1 por ciento. Cuando se toma el promedio de todos los salarios, el aumento fue del 5 por ciento, por lo cual quedaron por detrás de la inflación de abril, que fue del 6 por ciento. Comparado el poder de compra de abril con el que existía cuando comenzó el gobierno de Fernández (diciembre de 2019), el resultado es el siguiente: en el sector privado, el poder de compra está estancado; en el sector público, retrocedió casi 3 por ciento; en el sector informal, se redujo casi 7 por ciento. A eso hay que agregar el sacudón de entre el 20 y el 30 por ciento (aproximadamente) que Macri les dio a los salarios y que Alberto Fernández había prometido desandar.
LOS DUEÑOS DEL MARCADOR
En los aumentos de precios inciden factores internacionales, como la actual suba de las materias primas. Pero la vía de transmisión de esos aumentos de precios hacia el mercado interno tiene lugar gracias a que el comercio exterior de granos está dominado por un puñado de empresas, mayormente multinacionales, pero también nacionales. Se trata de Cofco-Nidera-Noble (China), Cargill (Estados Unidos), ADM-Toepfer (Estados Unidos), AGD (Argentina), Moreno (Glencore, Suiza), LDC (Francia), ACA (Argentina), Molinos (Argentina).
Estas empresas, fundamentalmente las multinacionales, dominan las cadenas mundiales de valor agroindustriales: establecen pautas financieras, productivas y tecnológicas. En Argentina gozan prácticamente de un oligopolio privado del comercio de granos. La estructura oligopólica (es decir, dominada por unos pocos grandes jugadores) del comercio exterior se repite en la producción. Un par de ejemplos lo ilustran. Según el Centro de Economía Política Argentina, tres cuartas partes de la facturación de los productos de las góndolas es explicada por 20 empresas. Entre 2016 y 2019, tres empresas (Mastellone, Sancor y Danone) explicaron casi el 75 por ciento de la facturación del rubro lácteo. Otras tres empresas (Coca-Cola, ADA y Pepsico) concentran el 85 por ciento de la facturación de bebidas sin alcohol. En aceites, las compañías Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas y Aceitera General Deheza explicaron el 90 por ciento de la facturación. Otro tanto ocurre con la concentración en las grandes cadenas de supermercados, que son el eslabón final por el que llegan los productos al consumidor.
LOS DUEÑOS DE LOS DÓLARES
El propio comercio exterior de granos está dominado por una decena de empresas. Es conocido, como confirmó el caso Vicentin, que estas empresas subfacturan las exportaciones para eludir el ingreso de dólares al país o que directamente triangulan las operaciones para no solo no entrar los dólares, sino también para eludir el pago de impuestos.
Incluso con todas las maniobras que hacen las empresas importadoras y exportadoras, la escasez de dólares no se explica por ese solo factor. Entre 2000 y 2021, el país acumuló un ingreso neto de 184.000 millones de dólares en el comercio exterior: se trata de la diferencia entre exportaciones e importaciones. Más recientemente, desde 2019, el comercio exterior muestra números positivos muy altos. Aun así, en el país escasean dólares: existe una fabulosa y sistemática fuga de capitales a guaridas fiscales (véanse «Fuga de divisas, una tradición argentina» y «Lógica de clase», Brecha, 15-VI-18 y 29-V-20). Además, hay empresas que simulan pagos de deuda al exterior para sacar dólares baratos del país, dólares que provee el Banco Central. A eso se suma que los pagos de deuda insumen una gran cantidad de divisas y otro tanto ocurre con la remisión de ganancias de las empresas extranjeras que operan en Argentina.
Así como la salida de Guzmán no se puede reducir a la disputa interna en el oficialismo, la escasez de dólares no se puede reducir a maniobras contables, sino que se explica por un saqueo sistemático y estructural del país. Y en ese debate estructural, profundo, nadie se quiere meter.
* Pablo Anino es economista, magíster en Historia Económica y docente de la Universidad de Buenos Aires.
(Publicado originalmente en Ideas de Izquierda. Brecha reproduce fragmentos.)
