A primera vista, no suele deslumbrar por los productos que cada mes asegura al consumidor promedio: en lo fundamental, 3 quilogramos de arroz, 2 de azúcar, 1 cuarto de litro de aceite, una decena de huevos, un puñado de frijoles y algunos derivados cárnicos; además, día a día pone sobre la mesa 100 gramos de pan y a los niños pequeños, las embarazadas y los pacientes con enfermedades crónicas da el derecho a un litro de leche pasteurizada y a ocasionales entregas de pollo y carne bovina. Poco más.
Desde hace tiempo la libreta de abastecimiento no es la generosa cartilla con la que los cubanos recibían desde los juguetes del Día de los Niños hasta las bebidas y la torta para sus bodas. La crisis económica de los años noventa y la política de «eliminación de gratuidades» impulsada por el gobierno durante la última década la llevaron al borde de la desaparición.
«La libreta le cuesta al Estado 1.016 millones de dólares al año, de los cuales la población sólo paga el 12 por ciento», declaraba ante la Asamblea Nacional, en diciembre de 2010, el entonces ministro de Economía y Planificación, Marino Murillo Jorge, cabeza visible de la campaña prodesmantelamiento de la cartilla. Tres meses antes había ordenado suprimir de la canasta normada los cigarrillos y los artículos de aseo, en una estrategia que apostaba por «irla quitando paulatinamente».
Sólo la oposición popular consiguió impedirlo. Hacia aquellas fechas, todos los ciudadanos adultos habían sido convocados a debatir sobre los «lineamientos», el programa de desarrollo nacional que debía ser aprobado durante el sexto congreso del Partido Comunista, en abril de 2011. Inesperadamente, la mayoría de las opiniones dejaron de lado el resto de los temas para centrarse en la defensa de la libreta, lo que forzó la puesta en pausa de su supresión.
«Para quien desconozca los mecanismos cotidianos del hacer funcionar la economía familiar cubana […] pudiera resultar harto difícil comprender por qué el mantenimiento de la libreta, más allá del criterio de los economistas, resulta un asunto tan delicado. […] Las personas no conciben actualmente en Cuba el consumo prescindiendo de lo que ofrece la libreta, […] para muchas familias representa más de la mitad de lo que pueden gestionar o resolver en alimentos», explica el antropólogo Adrián Fundora García en un estudio publicado en 2017 por el Instituto de Investigación Cultural Juan Marinello, de La Habana.
VISIONES ENCONTRADAS
Tras la llegada de la covid-19 a Cuba la libreta reforzó su protagonismo. Varias provincias y municipios la utilizaron para controlar la venta de artículos de primera necesidad que comenzaban a escasear. Pero a nivel nacional se consideraba que tal paso no resultaba conveniente. En junio, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, planteó que «aunque todo el mundo reclama que todo sea por la libreta, eso no es posible. Como se ha explicado, hacen falta 5.200 toneladas de cualquier producto para darle una libra a cada compatriota y no siempre contamos con volúmenes tan grandes». En su opinión, bastaba con la conciencia social para que no florecieran el acaparamiento y la especulación.
En las semanas siguientes, los cubanos enfrentaron un verano de colas interminables –en ocasiones, de varios días– y una escalada de precios que licuó los beneficios del copioso aumento salarial del año anterior. Para finales de agosto la situación era tan comprometida que la mayoría de las administraciones provinciales volvió a establecer sistemas de venta controlada. A poco de haber entrado en vigor ese esquema comercial en Santa Clara, una de las ciudades más pobladas de la isla, sumaban cientos las llamadas de ciudadanos a la televisora local para felicitar a las autoridades. Uno de los mensajes les pedía que «no desistan ni se cansen en esta necesaria idea. No hay mucho y somos muchos, pero es mejor esto que caer en las garras de los oportunistas». Palabras más, palabras menos, era el criterio dominante en todo el país.
Al principio, el Palacio de la Revolución pareció ceder ante el hecho consumado; el primer ministro y sus posiciones fueron pasados a un discreto segundo plano y se avaló el empleo de la libreta como instrumento para organizar las ventas en las dos monedas de curso legal (el peso cubano y el CUC, como se conoce al peso cubano convertible).
El discurso público también sufrió modificaciones y la prensa estatal reprodujo historias de personas que lograban comprar pollo y otros bienes por primera vez desde el comienzo de la pandemia. Luego de la polémica generada por la apertura de tiendas en moneda libremente convertible, parecía que la libreta se adentraba en una segunda juventud, a hombros del reclamo popular y la necesidad gubernamental de rebajar tensiones.
Fue una luna de miel que duró menos de dos meses. Hacia mediados de octubre, Marino Murillo Jorge fue sacado de su virtual retiro al frente de una inocua comisión del Comité Central del Partido y convocado a la televisión nacional para, junto al actual ministro de Economía y Planificación, anunciar la inminencia de un drástico proceso de reformas. Las medidas ya aprobadas por el Partido y el gobierno, que entrarán en vigor «a partir del día primero de alguno de los meses próximos», contemplan la desaparición del CUC, la devaluación del peso cubano, que quedará como moneda única, y el aumento simultáneo de los salarios estatales y de los precios de prácticamente la totalidad de los productos y servicios.
Entre tantos asuntos, Murillo Jorge no perdió oportunidad para recordar que la desaparición de la libreta se mantiene como una tarea pendiente, «pues no debemos subsidiar los productos, sino a las personas». Un largo listado de «gratuidades indebidas» dejarán de ser pagadas por el Estado, anticipó con su habitual estilo cuartelario.
Muchos de sus conciudadanos tomaron a mal las declaraciones del exzar de las reformas en Cuba, quien a comienzos de la década llegó a acumular las potestades de ministro, vicepresidente del Consejo de Ministros, miembro del Buró Político (instancia superior del Partido) y jefe de la entonces poderosa Comisión de Implementación de los Lineamientos. Fue un camino jalonado de éxitos burocráticos, pero no de respaldo popular.
Manuel Marrero Cruz tampoco sale bien parado ante la opinión pública. A todas luces habituado a un estándar de vida muy superior al del cubano promedio, llegó al puesto de premier en diciembre de 2019, luego de haber pasado toda su carrera profesional en empresas del sector turismo y desempeñar esa cartera ministerial durante 15 años. Su nombramiento dejó descolocados a todos los cubanólogos, que lo descartaban por su escasa experiencia en temas considerados estratégicos, como la agricultura y la construcción de viviendas.
ESPERANDO EL DÍA CERO
La reunificación monetaria es imprescindible para La Habana, que se ha embarcado en una campaña de promoción de exportaciones que busca cubrir el déficit de ingresos causado por el desplome del turismo, las misiones de colaboración en el exterior y las remesas familiares.
Incluso economistas críticos del gobierno defienden la conveniencia de la medida, aunque alertan sobre el peligro de que luego del «día cero» el país caiga en un círculo vicioso. «No veo cómo es posible impedir la presión inflacionaria ante un incremento de la demanda […] sin que se incremente la oferta de productos», advertía en julio del año pasado, en un artículo publicado en el blog El Estado como tal, el profesor universitario Julio Carranza Valdés, que ponía así en entredicho el optimismo oficial ante la primera subida masiva de salarios a los funcionarios estatales (véase «Cuestión de precios», Brecha, 23-VIII-19). Los hechos terminaron por darle la razón.
Otro peligro es que la devaluación del peso cubano dé el pistoletazo a una carrera por adquirir dólares que amplíe el ya pujante mercado paralelo de divisas: desde el comienzo de la pandemia, el billete verde prácticamente ha duplicado su valor. «Los que previeron de alguna manera esta situación y tienen una composición de ahorros más concentrada en monedas extranjeras están menos expuestos y también quienes tienen inversiones físicas», reflexionó en setiembre el economista Pavel Vidal Alejandro, de la Universidad Javeriana de Cali, en Colombia, al ser entrevistado por El Toque, una revista digital alternativa. No es la realidad de la mayoría de la población, que lleva décadas viviendo con sus cuentas en números rojos y cada comienzo de mes se apresura a «sacar los mandados»: adquirir la cuota normada que se distribuye mediante la libreta. «Es lo que nos toca y con eso no se juega», comentó a Brecha un consumidor habanero. Así ha sido desde julio de 1963.
