Un recuento de algunas acciones de ambos lados permite seguir el rastro de una compleja operación política que, por la parte venezolana, desde el Palacio de Miraflores, ha buscado la supervivencia y, por la estadounidense, desde la Casa Blanca, pero pasando por las oficinas de la CIA y el Pentágono, no acepta otra cosa que la subordinación.
EL PETRÓLEO
7 de enero: apenas cuatro días después del ataque, Donald Trump anuncia que el gobierno de Venezuela suministraría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. El producto de su venta sería administrado directamente por él.
9 de enero: se celebra una reunión en la Casa Blanca entre Trump y directivos de empresas petroleras para organizar la participación y los beneficios. En el cónclave, Darren Woods, CEO de ExxonMobil, plantea que es necesario modificar las leyes venezolanas para hacer que el negocio sea «invertible».
12-14 de enero: declaraciones de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y otras fuentes revelan que funcionarios estadounidenses llevan adelante gestiones para la venta de barriles de petróleo acumulado en Venezuela y para liberar el dinero venezolano en cuentas congeladas. En los días siguientes se anuncia un acuerdo de venta por 500 millones de dólares.
15 de enero: en Caracas, Delcy Rodríguez presenta ante la Asamblea Nacional un proyecto para la modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El texto había sido creado por el gobierno de Hugo Chávez en 2006 y era la piedra angular del control estatal sobre la riqueza petrolera del país y su inversión social. Prohibía a las empresas privadas explorar, producir y exportar petróleo, salvo que participasen como socios minoritarios de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), al tiempo que establecía impuestos sobre la actividad petrolera. La actual modificación de la ley permite que las empresas extranjeras asociadas con PDVSA puedan explorar, extraer y vender directamente el petróleo. El impuesto a pagar al Estado venezolano se mantiene en el 30 por ciento del crudo extraído, pero con la posibilidad de reducirse hasta un 15 por ciento según el caso. El 22 de enero la propuesta fue aprobada por el parlamento venezolano.
28 de enero: el Banco Central de Venezuela anuncia que serán vendidos en el mercado cambiario 200 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo, que se suman a los 300 millones que ya habían sido informados esa semana.
PRESOS POLÍTICOS
Buscando aligerar la tensión, el gobierno venezolano comenzó a tratar de quitarse de encima lo que según sus autoridades era una inevitable cantidad de encarcelados que le habrían dejado años de guerra interna, sabotajes, conspiración, atentados, disturbios violentos –las llamadas guarimbas–, infiltración de grupos armados e intentos de golpes de Estado. El saldo político implica acusaciones de opositores ante organismos internacionales por violación de derechos humanos y del debido proceso, brutalidad y abuso policial, detenciones arbitrarias e incomunicación con familiares, lo que desde hace años pesa sobre las dañadas relaciones y la imagen internacional de Venezuela, y constituye un instrumento de presión en manos de Estados Unidos.
8 de enero: Jorge Rodríguez anunció ante la Asamblea Nacional que comenzaría la liberación de «un número importante» de presos políticos. Los anuncios provocaron la concentración de familiares, que han permanecido en las afueras de las cárceles.
12 de enero: se anuncia la liberación de 116 personas.
14 de enero: Delcy Rodríguez informa que se han realizado 406 liberaciones.
21 de enero: Estados Unidos mantiene la presión con el tema de los presos políticos. El representante estadounidense ante la OEA dijo que había 1.000 personas en esta condición y que tenían que ser liberadas.
28 de enero: el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, informó que la cifra de liberados superaba los 800.
RELACIONES INTERNACIONALES
En el ataque del 3 de enero murieron 32 militares cubanos que formaban parte del dispositivo de seguridad de Maduro. El suceso provocó una fuerte conmoción en la isla. Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han aprovechado para amenazar al gobierno cubano con mayores acciones que las que ya mantienen en su contra, cortándole toda posibilidad de ingresos y petróleo. Venezuela aportaba la cuarta parte del combustible que consume el país caribeño. Tras el sepelio de los caídos, el 17 de enero el Consejo de Defensa Nacional cubano informó que se había reunido para «analizar y aprobar los planes y medidas del paso al estado de guerra», aunque este no fue declarado.
8 de enero: el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, llega a Caracas para un tenso homenaje a los fallecidos en el ataque. Aparecen informaciones sobre el retiro de médicos cubanos que trabajan en Venezuela por acuerdo entre los dos países. Tras el 3 de enero la permanencia de este personal había quedado en la incertidumbre. Los reportes sobre la llegada a La Habana de vuelos de retorno se extienden durante el mes mezclados con informes contradictorios que niegan la retirada.
11 de enero: en un tono seco y escueto, Caracas emitió una nota en la que ratificaba su «postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba» sin hacer mayores referencias. El texto es leído en la televisión estatal cubana agregándole menciones al vínculo entre la revolución cubana y la bolivariana, y la fidelidad al legado de Fidel Castro y Hugo Chávez, inexistentes en la versión original emitida desde Miraflores.
14-15 de enero: el resto del personal militar cubano es retirado de Venezuela y evacuado a Cuba. Los restos de los fallecidos son recibidos en ceremonia oficial en La Habana.
16 de enero: la prensa estadounidense presenta fotos de una reunión entre Delcy Rodríguez y el director de la CIA, John Ratcliffe, quien le dijo que «Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos», aunque los detalles del encuentro no fueron revelados. La información fue pasada a los medios por la propia agencia. Esa tarde Rodríguez dio un discurso ante la Asamblea Nacional: «Tenemos derecho a tener relaciones diplomáticas con China, con Rusia, con Irán, con Cuba». Resulta evidente que la divulgación deliberada del encuentro busca poner al gobierno venezolano y su sistema de inteligencia en una situación de desconfianza ante sus aliados.
20 de enero: el ministro del Interior de Rusia, Vladímir Kolokoltsev, vuela a La Habana desde Moscú para reunirse con las máximas autoridades del gobierno cubano.
21 de enero: la Casa Blanca anunció que, aunque sin fecha definida, se planificaba un viaje de Delcy Rodríguez a Washington, quien días antes había declarado que lo haría «de pie, no arrastrada».
28 de enero: Rubio compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y dijo: «Sin duda, estamos mejor hoy en Venezuela que hace cuatro semanas. Y creo, espero y confío en que estaremos mejor en tres, seis o nueve meses».
