Asesinatos, heridos, balaceras, desalojos, amenazas, robos, mercados ilegales: en varias zonas de Montevideo, estas son las dramáticas realidades que cuentan sus habitantes. La vida transcurre dentro de estos parámetros y, en buena medida, deja de ser vida. En este contexto, es tan relevante indagar sobre las causas –cercanas o lejanas– que ocasionan todo eso como sobre las consecuencias que producen estas dinámicas de violencias y delitos: daño, miedo, frustración, vulnerabilidad, afectación de trayectorias (laborales, educativas), retracción, estigma, impotencia. Esos procesos no son precisamente nuevos, pero sí acumulativos, y adquieren una densidad propia que los va enquistando y agravando. Todo lo que se intenta hacer para revertirlos parece insuficiente y, peor aún, contraproducente. Son muchos los lugares o barrios de Montevideo y la zona metropolitana marcados por estas circunstancias. Hablar de la marginalidad como rasgo general ya no es suficiente para desentrañar la profundidad del fenómeno. Mencionar el narcotráfico como elemento condicionante hace perder de vista el alcance más desterritorializado que el negocio tiene, y oscurece las razones y las interacciones para que pueda prosperar.
Los días 20 y 21 de junio se celebró un evento denominado Convive Casavalle, organizado por el Plan Cuenca Casavalle y con el auspicio de varias instituciones, entre ellas, la Universidad de la República. Se definieron cinco ejes temáticos, nutridos con actores y perspectivas diferentes. La actividad se inició con una mesa sobre educación y se cerró con otra sobre trabajo y empleo, y en el medio se ubicaron los asuntos de la salud mental, el hábitat y la vivienda, así como la violencia y la convivencia. Instituciones públicas, organizaciones sociales y académicos hicieron una puesta a punto y dejaron reflexiones de todo tipo. Para la perspectiva de trabajo de la Universidad de la República, que tiene una presencia relevante en estos barrios, se abren muchas posibilidades significativas.
En primer lugar, hay una clara necesidad de producir conocimiento actualizado sobre las dinámicas económicas, políticas, sociales, culturales, urbanas y delictivas. Solo en este último aspecto, es imprescindible estudiar el alcance y la intensidad de la victimización, la evolución de los hechos letales, el porcentaje de no denuncia, los niveles de confianza en la Policía, las dinámicas concretas de los mercados ilegales, el alcance de las violencias hacia las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, la profundidad de las afectaciones subjetivas, etcétera. Vincular saberes y producir conocimientos aplicados es un camino ineludible para generar respuestas locales basadas en evidencias. En la investigación de los distintos asuntos temáticos, la universidad tiene que jugar un papel central.
En segundo lugar, no son pocas las voces que sostienen la necesidad de reinvención de las instituciones, de repensar los dispositivos de acompañamiento y de replantear las premisas de las políticas en los territorios. Según la perspectiva de los habitantes, las respuestas nunca llegan o lo hacen tarde. Territorios que solo han sabido esperar y lo más que han recibido han sido promesas o respuestas represivas, que llegan a destiempo y que dañan lo ya dañado. El eje de la ausencia (retiro) y presencia (reconquista) del Estado es otro asunto relevante. En rigor, y dependiendo de la dimensión que se priorice, el Estado tiene un rol especialmente ambiguo en los territorios más vulnerables: ni se repliega del todo ni logra tener una presencia plena y efectiva. Predominan las zonas grises, los puntos ciegos, los efectos no deseados, las dinámicas contraproducentes. Los problemas de gobernanza de los territorios son desafíos mayores.
Y, en este escenario, se abren tres asuntos decisivos: a) cómo producir soportes materiales reales para garantizar el bienestar. El trabajo, los ingresos, el hábitat y la vivienda son los puntos decisivos, sin los cuales no hay posibilidades ciertas de cortar con los enrolamientos de los mercados ilegales. Se plantea aquí una ineludible discusión sobre economía, redistribución, inversión social y modelo de desarrollo; b) cómo desplegar nuevas respuestas de todas aquellas instituciones vinculadas al cuidado, la crianza y el aprendizaje. Si la prioridad son las infancias y las adolescencias, lo que hay para hacer aquí es infinito. Sostener trayectorias para hombres y mujeres, diseñar un sistema de cuidados que disminuya las brechas de género y dotar a las acciones institucionales de fuertes componentes de reconocimiento implica un trabajo de reinvención radical; c) cómo ubicar en un nuevo esquema a los aparatos represivos y a las instituciones penales. El protagonismo fallido del control y el encierro tiene que ser sustituido por orientaciones preventivas y de reinserción social. Las nuevas lógicas de policiamiento, radicalmente distintas a las que han predominado desde siempre, tienen que tramitarse en subordinación directa a las políticas de integración social, y no al revés, como ha sido el patrón.
Sin duda que este esquema plantea un problema de recursos, de prioridades, de voluntad política y de un esfuerzo focalizado. Sin embargo, supone más que eso: se trata de eliminar la fragmentación, de conocer con precisión la geografía sobre la que se trabaja, de transformar a las instituciones y de forjar una respuesta funcional distinta al tradicional eje asistencia-represión. Para la universidad también se plantea una exigencia de primer orden, pues las áreas de conocimiento deben ajustar sus agendas y modificar las prácticas formativas para promover nuevos roles complementarios. No se trata solo de estar testimonialmente (a veces anclados en proyectos particulares), sino de estar de una manera mucho más activa, flexible, comprensiva y abierta a las necesidades reales de las personas. El saber jurídico, educativo, social, sanitario y urbano tiene que replantear sus estrategias de intervención institucional en un contexto de expectativas crecientes y ampliamente insatisfechas, y sobre todo en territorios con profundas heridas de segregación.
En ese marco, hay que priorizar la creación de dispositivos que articulen saberes para la resolución de problemas, para la identificación y el abordaje de los conflictos fundamentales que están detrás de esos problemas, y para dinamizar y exigir a las políticas públicas. Aquí la Universidad de la República tiene un papel decisivo para jugar, tanto en sus aportes sustantivos de conocimientos como en su rol de conciencia crítica. Cuando se piensa en la posibilidad de crear un programa integral en la zona de la llamada cuenca de Casavalle, hay que evaluar en profundidad tres aspectos: a) la articulación de saberes y disciplinas, b) la producción de conocimientos aplicados con base en la escucha de demandas y c) la elaboración de respuestas para la resolución de problemas y para la incidencia política en el territorio.
Las temáticas pueden separarse y analizarse cada una por su lado, pero sabemos bien que todas ellas convergen en dinámicas profundamente entrelazadas. Por ejemplo, las violencias transversalizan los asuntos y se transforman en fuerzas condicionantes. Las violencias son formas de responder a determinados patrones de socialización, pero además son estrategias –relacionales y situadas– para tramitar recursos, armar identidades y obtener reconocimientos ante un Estado que solo sabe oscilar entre las respuestas débiles y la irracionalidad represiva. No es casualidad que hoy el centro de preocupación en varios espacios urbanos sea la presencia del narcotráfico y sus violencias añadidas. ¿Cómo hemos llegado a semejante situación?
No hay respuestas sencillas para eso. Cada opción supone fuertes niveles de interpelación. Los mercados ilegales no logran prosperar sin la existencia de omisiones, complicidades, regulaciones invisibles y complejas. Por si fuera poco, las respuestas estatales más ostensibles, es decir, aquellas destinadas a mostrar de manera expresa que algo se hace, han sido las contraindicadas: han fraccionado, violentado y segregado punitivamente. ¿Nada de eso tiene que ver con las realidades que se viven a diario en los barrios? Entre la rutina y la promesa, el Estado penal ha mantenido su rol en los territorios bajo el recurso, tan espectacularizante como incierto, de los «operativos». Hoy las discusiones públicas parecen no poder salir de la necesidad de intensificar la «inteligencia policial». Algunas versiones de apariencia menos represiva sueñan con espacios comunitarios dominados por la vigilancia y por la construcción de confianza con la gente para tener mejores posibilidades de control. Los sueños de la razón también engendran estas fantasías monstruosas. Las realidades territoriales están atravesadas por heridas de tal magnitud que no hay inteligencia policial que tenga capacidad de penetración.
Los territorios tienen que ser integrados a partir de la reconstrucción de sus bases económicas, de sus fundamentos de trabajo y de ingresos dignos, de la regulación y de la formalización de la vida social, del laborioso desmontaje de los estigmas. No hay compromiso más urgente que este para nuestro futuro inmediato.
