Las movilizaciones en Colombia son parte del día a día. Con el telón de fondo de los acuerdos de paz y después de muchas décadas de inmovilización, la población perdió el miedo a tomar las calles y salir a protestar. Las organizaciones que conforman las manifestaciones son diversas, si bien la primera línea está integrada por jóvenes que reclaman acceso al mercado laboral y más oportunidades.
Los detonantes de los estallidos sociales de 2019 y 2021, los más grandes hasta el momento, han sido las políticas económicas y sociales regresivas del gobierno de Iván Duque. La última iniciativa del gobierno, que las movilizaciones lograron parar, fue una reforma tributaria que el presidente denominó ley de solidaridad sostenible. Además, el país enfrenta los efectos de la pandemia de la covid-19, que sume a la población en una crisis aún más profunda, con más del 40 por ciento de ella en situación de pobreza.
El Comité Nacional de Paro es la expresión más articulada de la revuelta de 2019 y es la organización que convocó las protestas que se encendieron en abril de 2021, cuando la población tomó de nuevo las calles en un país marcado por los peores indicadores sociales de su historia. Su vocero Francisco Maltés, también presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, conversó con Brecha de visita en Uruguay.
—A más de dos años del estallido social de 2019, ¿cuál es la evaluación que hace de ese momento histórico y de las movilizaciones que se volvieron a dar a partir de abril de 2021?
—Las movilizaciones son inéditas, las más importantes después de la movilización del 14 de setiembre de 1977 y del Bogotazo del 48. Han causado efectos políticos muy importantes. Nunca en la historia de las luchas sociales en Colombia se había derrotado una reforma tributaria. También se tumbó al ministro de Hacienda, que era el niño consentido del régimen. Logramos tumbar un proyecto de ley que acababa con la salud pública y a una canciller que andaba por el mundo diciendo que la Policía actuaba dentro del marco de la democracia. También logramos tumbar a un comandante de la Policía de Cali, que es donde fue peor la represión. Es evidente que, pese a que el gobierno no quiso negociar con el Comité Nacional de Paro, hay hechos concretos que muestran una ganancia política. De todos modos, Duque sigue optando por la represión: hay informes de diciembre de la Universidad de los Andes, que es donde se educa la burguesía en Colombia, y de la ONG Temblores en los que se muestra la extralimitación en el uso de la fuerza de la Policía Nacional. Son coincidentes con el informe de las Naciones Unidas que salió a mediados de diciembre.
—La negativa del gobierno a negociar hizo que el comité cambiara la estrategia y convirtiera algunas de las demandas en proyectos de ley. ¿Esos proyectos han logrado algún tipo de apoyo en el Congreso?
—Convertimos diez puntos del pliego de emergencia en diez proyectos de ley, algo inédito en la historia de las luchas sociales en Colombia. Solo habíamos presentado proyectos de ley en el 92, cuando la Central Unitaria de Trabajadores presentó una propuesta de estatuto de trabajo. Los proyectos tienen el apoyo de la bancada del Pacto Histórico y de la Coalición de la Esperanza, dos fuerzas políticas alternativas. El tema es que hay una decisión política del partido y de la coalición de gobierno de hundir esos proyectos. Estamos a pocos meses de las elecciones y es indudable que no quieren darnos un triunfo, porque eso podría seguir inclinando la balanza a favor de los sectores alternativos y de la oposición. Ya han hundido cuatro proyectos. Entre ellos, el de la renta básica, que nosotros entendemos que era clave para el país. El proyecto establece que hay que darles 261 dólares por 13 meses a 7,5 millones de familias, que equivalen a más de una tercera parte de la población que está desempleada, en la pobreza y en la miseria. Pero ese traspié no significa que no hayamos propiciado debates. Hemos venido manteniendo una movilización mensual. Agitamos los proyectos de ley, hacemos foros, talleres y seminarios para llevar adelante una acción política y educativa alrededor de ellos.
—Esa agenda social es algo nuevo para el país…
—Nunca el movimiento social había logrado poner en el centro de la discusión una agenda social. Los intentos que tuvimos en el pasado fueron hundidos a sangre y fuego, como sucedió con el paro cívico nacional de 1977. En aquel momento, fue fundamentalmente el movimiento sindical el que planteó la acción. Además, es indudable que en estos 30 años el acento había estado en cumplir el mandato del Consenso de Washington. Pero en la coyuntura actual hemos logrado que se hable de renta básica. Jamás, pese a la profunda desigualdad que hay en el país, se había puesto este tema en discusión. Los jóvenes de la primera línea lo que pedían y piden es algún ingreso. Es una situación muy compleja frente a otros movimientos juveniles del continente. Otros movimientos piden matrícula cero o que les paguen el transporte a las instituciones educativas. Acá los jóvenes están pidiendo ingresos. Es un síntoma de la pobreza extrema y de la falta de oportunidades que ha causado el régimen. Por eso cuando hemos planteado el tema de la renta básica se han sentido representados. Tampoco nunca se había discutido el financiamiento a la pequeña y mediana empresa. Aunque el hecho de que hayamos puesto esta agenda social sobre la mesa no significa que se esté cumpliendo, algunos puntos han sido recogidos por algunos de los candidatos a la presidencia para las próximas elecciones.
—Fueron precisamente esos jóvenes que se sienten excluidos los que protagonizaron los estallidos de 2019 y de 2021.
—Colombia tiene cerca de 15 millones de jóvenes menores de 28 años y hay cerca de 7,5 millones de jóvenes que denominamos nini, ni estudian ni trabajan. No estudian ni trabajan porque no hay opciones de empleo decente, o porque no hay opciones de universidad, o porque aunque puedan ir a la universidad no tienen con qué transportarse. El desempleo juvenil es del 23 por ciento y el desempleo juvenil entre las mujeres es del 25 por ciento. Fueron estos jóvenes los que salieron a las calles masivamente en lo que se denominó la primera línea. La particularidad de este movimiento juvenil es que no tenía organización. En las movilizaciones de abril de 2021 actuaban individualmente buscando un reconocimiento social y un reconocimiento del gobierno. Algunos estaban dispuestos a todo: «No tengo trabajo, no tengo estudio, no tengo oportunidades, me puede dar lo mismo vivir que no vivir». Y como tuvieron un mayor ímpetu en la lucha, un número importante fue parte de los asesinados o de los que terminaron con los ojos amputados. Desde abril eso ha venido cambiando. Muchos colectivos de jóvenes han entendido que es importante organizarse, articular la lucha social con la lucha política para que sus intereses puedan expresarse en otros escenarios y tener soluciones. Ahí vemos un cambio importante.
—En 2019 hubo varias revueltas populares en la región, pero la de Colombia estuvo marcada por la firma de los acuerdos de paz en 2016. El fin del conflicto armado habilitó un espacio de movilización que de alguna forma antes no estaba permitido.
—Se comenzó a expresar una indignación acumulada durante todo el tiempo de la guerra. Es indudable que en Colombia ha habido una guerra, lo que ha conducido a la estigmatización y al asesinato de dirigentes sociales. Con el acuerdo de paz suscrito entre el Estado colombiano y las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia], hoy los procesos de estigmatización se sienten menos y eso le ha dado confianza a la gente para salir a la calle. Esa es una diferencia con el resto del continente. Pero lo coincidente es que son muchos sectores de la sociedad los que se han expresado. Desde 2019 han salido muchísimos sectores organizados: el colectivo de mujeres, de estudiantes, de población LGTBI, negros palenqueros, raizales, pensionistas, ambientalistas, el movimiento sindical y pequeños campesinos quebrados por la apertura económica. Otra diferencia con el resto del continente es que aquí el movimiento sindical ha jugado un papel preponderante, a diferencia de lo que ha ocurrido en Chile, por ejemplo, donde no tuvo una participación tan destacada.
—En 2021 se cumplieron cinco años de la firma de los acuerdos de paz. ¿Qué otros efectos han tenido para el país?
—Lo más importante es que se siente un cambio en el clima político, si bien diferentes analistas llegan a la conclusión de que el acuerdo tan solo se ha cumplido en un 16 por ciento. El gobierno del presidente Duque ha hecho múltiples esfuerzos por boicotearlo, como negarles recursos a las instituciones que nacieron de él, como la Jurisdicción Especial para la Paz. Por fuera, Duque dice querer la paz, pero, dentro de Colombia, la boicotea. No hace nada sobre el asesinato de excombatientes. Van cerca de 300 firmantes del acuerdo de paz que han sido asesinados. El gobierno ya no saca ni un comunicado lamentando los hechos, mientras es indudable que, si bien hay algunas disidencias que se retiraron de los acuerdos, las FARC han venido cumpliendo. También es indudable que la presión de la comunidad internacional ha jugado un papel importante y el gobierno a regañadientes ha tenido que cumplir con algo, aunque Duque lo aborda más como un problema económico que político, porque utiliza el acuerdo para pedir recursos al resto del mundo. De todos modos, ya le queda muy difícil a este gobierno, que está con el sol a las espaldas, o al que venga oponerse a lo firmado. El partido del presidente Duque siempre se ha declarado enemigo de los acuerdos de paz, pero, en esta coyuntura, la táctica de sus candidatos es decir que los van a cumplir, a diferencia de lo que decían hace ocho o cuatro años atrás. El tema de la paz ha calado en la ciudadanía y hoy plantear el tema de la guerra no genera votos. Ese cambio, que en el caso del oficialismo puede ser de maquillaje, es de todos modos un giro: hoy se siente mayoritariamente un ambiente a favor de la paz.
—¿Hay posibilidades de que el uribismo pierda el poder en las elecciones de este año?
—Hoy hay tres coaliciones: una de izquierdas, que es liderada por [Gustavo] Petro, que es la del Pacto Histórico; una de centro, que se denomina Coalición de la Esperanza, y una de derecha. La coalición del Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza siempre acompañaron la protesta social. Desde que la Central Unitaria de Trabajadores planteó el paro, estas dos coaliciones salieron a apoyarnos. Y hemos venido evaluando muy fuertemente lo que pasó en Chile. En el proceso electoral chileno hubo una baja participación de los jóvenes que habían tenido un papel importante en el estallido social. Nosotros hemos venido trabajando con los jóvenes desde que arrancó el paro y hoy tenemos relaciones de cooperación con muchos de los sectores de la primera línea, que se están organizando, porque creemos que es importante que participen en las elecciones. La lucha social de por sí no resuelve todos los problemas. Creemos que es posible que el año entrante pueda haber una coalición alternativa en el gobierno por primera vez en la historia de Colombia. Después de lo que pasó en noviembre de 2019 y en abril de 2021, en que la gente salió a expresar su indignación con el sistema, es muy factible.
—¿Ve posible que la izquierda acceda al gobierno?
—En los años ochenta la izquierda sacaba 70, 80 mil votos. En algunas ocasiones no nos alcanzaba siquiera para tener un diputado. En las últimas elecciones Petro sacó más de 8 millones de votos y estuvo muy cerca de ser gobierno. Eso muestra que hay un cambio muy grande en la ciudadanía. Hoy el movimiento alternativo tiene una fuerza importante en el Congreso, con cerca de 60 diputados de un total de 367. Por supuesto que seguimos siendo una minoría, pero 60 parlamentarios es una fuerza importante. Ocho millones de votos son una fuerza y un acumulado importantes. Hoy los movimientos alternativos no estamos llamados a dejar otra constancia histórica de que estuvimos cerca del poder. Hoy estamos llamados a ser gobierno. Creo que tenemos la mayor oportunidad en la historia de Colombia. Así nos lo muestran las cifras electorales de 2018 y la indignación que se ha expresado en las calles desde 2019, la que hemos tratado de que tenga una articulación política y no solamente social.
