En Punta del Este, los locales de ropa, los restaurantes y los boliches preparan sus vidrieras para recibir a los primeros visitantes. La oferta es la misma de cada año: glamour y sol. Aunque, en los márgenes de la brillante superficie, otro circuito turístico crece en silencio, fuera de los folletos oficiales y de las campañas de Uruguay Natural o Uruguay Sorprende. Hace años, La Casa de Naná era su primera parada, atraídos por la fama de uno de los prostíbulos más exclusivos de la región. Hoy, en cambio, la oferta ya no seduce bajo luminarias de neón: circula en páginas web, fiestas exclusivas y apartamentos vip. Un mundo suntuoso y próspero de turismo sexual que, con sus riesgos, está más resguardado que otros espacios del mercado del sexo.
«Yo siempre fui la prostituta playera de Punta del Este», cuenta Sandrita Val a Brecha, sentada sobre las dunas de la playa de la parada 21 de La Brava, una zona donde no hay guardavidas ni paradores cerca. Sandrita tiene 51 años, es activista trans y vive en San Carlos. Todos los días llega en bicicleta después de atravesar la zona rural de la ciudad y el puente de La Barra. Antes de acordar la entrevista, se preocupa de aclarar que su situación es distinta a la de otras trabajadoras sexuales: «Yo nunca estuve parada puteando, nunca me gustó esa vida. Soy más del día, playa, turistas», dice Sandrita, quien integró la Asociación Trans del Uruguay de Maldonado.
En los años noventa, cuando la playa nudista Chihuahua era la meca LGTBIQ+, Sandrita frecuentaba la zona para atraer clientes. «A los argentinos siempre les gustó comer travestis. Era el uno a uno, y te daban 100 pesos, que eran como 100 dólares. Estaba todo el verano, ahorraba y después me iba, en el invierno, a prostituirme a Ibiza», recuerda. Pero, después de la crisis de 2001 en Argentina, dejó de viajar. Chihuahua también se transformó en un barrio más familiar, y ella se fue a otras zonas del balneario. «La dejé hace como diez años. Ahora estoy por Rincón del Indio y Beverly Hills».
Desde hace tiempo, Sandrita tiene clientes fijos. A las 17 llega uno. La llamó y le dijo: «Sandrita, ¿estás en Punta del Este?». El servicio es siempre el mismo: «Viene, deja el auto, vamos a las dunas, hacemos lo que tenemos que hacer, me da la plata, yo me quedo un ratito más y después me voy a mi casa». Esta autonomía la hace sentir más segura que otras compañeras trans que trabajan en la calle en Maldonado, en zonas como la avenida Al Paso de la Cadena. Para ellas, el abuso policial y la violencia de los clientes son moneda corriente. «Los tipos, en la noche, en general se emborrachan o se drogan para tener sexo comprado y quieren que te drogues. En la playa, en cambio, vos manejás la situación: hay edificios, podés gritar, podés correr», dice la activista.
No hay cifras actualizadas sobre las trabajadoras sexuales en Maldonado: las últimas datan de 2019, cuando se contabilizaban 1.270. Es uno de los departamentos con mayor población trans. El censo del Ministerio de Desarrollo Social de 2016 indicó que, de las 853 personas trans contabilizadas en todo el país, el 67 por ciento se dedicaba o se había dedicado al trabajo sexual en algún momento de su vida. La mayoría fue explotada sexualmente antes de los 18 años.
En Uruguay, el trabajo sexual está regulado por la ley 17.515. Aprobada en 2002, fue pionera en América Latina al reconocer el trabajo sexual como una actividad lícita. Fue un logro de la Asociación de Meretrices Profesionales de Uruguay, un colectivo también precursor que buscó frenar la represión policial en plena salida democrática y luchó por condiciones dignas para su trabajo. En aquel momento, fue un paso importante, pero ya entonces quedaba lejos de garantizar todos los derechos de las trabajadoras.
En los últimos meses ingresaron a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados dos proyectos que buscan reformar esta ley. Ambos comparten el objetivo de eliminar el enfoque punitivo y sanitarista y avanzar hacia un reconocimiento efectivo del trabajo sexual. Sin embargo, para algunos colectivos, los textos dejan por fuera elementos centrales para el ejercicio de la actividad. «Para las personas que ejercemos el trabajo en la calle no hay nada de protección», dice a Brecha Claudia Gutiérrez, presidenta de la Comunidad de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual en Uruguay (Comperts). «Los políticos lo hacen para cambiar lo que ellos quieren, no lo que nosotras queremos», señala Claudia.
EN LOS PASILLOS
A 130 quilómetros de Maldonado, en una sala contigua a la Cámara de Diputados, Karina Núñez, una de las caras más visibles de los movimientos de trabajadoras sexuales, fundadora de la Organización de Trabajadoras Sexuales, presenta la guía Cuerpos libres, vidas dignas. En la mesa del evento, está secundada por Tamara García, secretaria de Género y Feminismo de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, en representación del PIT-CNT; Malena Amarillo, médica especializada en medicina sexual; María Eugenia Roselló, exdiputada por el Partido Colorado, y Melissa Ardanche, diputada del Frente Amplio. Pero sus palabras van dirigidas a sus «compañeras de esquina», a quienes busca en el auditorio y les dice: «Tratemos de llegar lo menos rotas posible».
La guía –elaborada por Karina luego de más de 2 mil charlas de sensibilización– funciona como un decálogo de derechos integrales y de autocuidado para las trabajadoras. Muchos de ellos son obvios para cualquier trabajador, pero no para las «putas». El cuidado sigue recayendo sobre ellas. Sus redes de alianzas se transforman y rearticulan en paralelo a las nuevas formas del trabajo sexual y a las escasas respuestas que brinda el Estado. Son más de 14 mil las registradas en todo el país, aunque las propias trabajadoras señalan que por cada una de ellas existen aproximadamente siete que ejercen la actividad de manera clandestina. El 96 por ciento son mujeres.
En los últimos años, Karina ha recorrido los pasillos del Palacio Legislativo reuniéndose con diputados y diputadas, tachando y reescribiendo un texto que recoja las demandas de las trabajadoras. El año pasado, un proyecto elaborado por Roselló y el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian obtuvo media sanción en Diputados, pero no avanzó en el Senado. En la actualidad, esta es una de las iniciativas que analiza la comisión de Trabajo de Diputados. La otra fue presentada por legisladores del Frente Amplio y fue elaborada por la representante Sylvia Ibarguren.
BAJO LO LEGAL
A fines de noviembre, la Policía, junto con Interpol, desarticuló una red de trata y explotación sexual que operaba en dos locales nocturnos. En la intervención se rescató a cinco mujeres adultas y cuatro menores de edad. Durante el procedimiento se identificaron múltiples indicadores de abuso: las víctimas tenían sus movimientos controlados y eran amenazadas, sometidas a control económico, multas desmedidas, coacción y maltrato, y obligadas a consumir drogas. Pero este tipo de situaciones no son nuevas. Desde 2004, las trabajadoras aportan al Banco de Previsión Social (BPS) como unipersonales. Sin embargo, desde hace años denuncian que, dentro de los cuartos de las whiskerías, lo que menos existe es autonomía.
Los proyectos de ley proponen que quienes ejercen el trabajo sexual puedan fijar libremente sus días y horarios de trabajo, sin ningún tipo de control o coerción por parte de los dueños de los prostíbulos. Las nuevas normativas tipifican estas dinámicas abusivas como proxenetismo. También proponen que el Registro Nacional de Trabajo Sexual deje de funcionar bajo la órbita del Ministerio del Interior (MI). Hoy, esta base de datos es un prontuario «prostitutivo» que estigmatiza a las mujeres de por vida. «¿Por qué tengo que ir a la seccional y hablar con el comisario para cambiar de lugar de trabajo? ¿Qué otro trabajador avisa a la seccional para pasar de un lugar a otro?», dice Karina.
Durante la presentación de la guía, la trabajadora sexual señaló que la mesa que reúne a organizaciones lideradas por trabajadoras sexuales, como Grupo Visión Nocturna, Comperts o Diversidad en Red, y a las que son lideradas por grupos de apoyo ha recibido más de 20 denuncias de todo el país que involucran a dueños de whiskerías que son altos cargos del MI o funcionarios de las intendencias. «Las trabajadoras no tenemos dónde denunciar: el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no tiene competencia; si tenemos algún problema, tenemos que acudir a un juzgado de faltas, y al Ministerio del Interior no podemos ir porque es como ir a decirle al lobo “mirá, tus dientes están afilados”.» Además, Karina compartió la información de que siete de cada diez clientes denunciados por el impago de servicios son funcionarios estatales. «Las compañeras le tienen más miedo al Estado que al proxeneta.»
NO ALCANZA
En el BPS, las trabajadoras sexuales tributan dentro del rubro Industria y Comercio, lo que implica que no acceden a licencia por maternidad ni a seguro por enfermedad. Tampoco el Banco de Seguros del Estado reconoce enfermedades laborales vinculadas a la actividad, como las infecciones de transmisión sexual (ITS). Parte de su reclamo –que no está contemplado en ninguno de los proyectos de ley– es que se establezca una figura que considere las especificidades de este tipo de trabajo. Por ejemplo, la limitación de tiempo en la que pueden ejercer el trabajo sexual a lo largo de la vida.
«Es una labor productiva entre los 18 y los 28 años o hasta los 35 años. Después de esa edad no se genera tanto ingreso, y la sugerencia que hacíamos al BPS era que los aportes se cobraran de forma escalonada y descendente», explica Karina a Brecha. Hasta hoy, ninguna trabajadora se ha podido jubilar, solo patrones y dueños de whiskerías, «porque ninguna llega a tener la cantidad de aportes necesaria. Si seguimos así, recién en 2039 se jubilaría la primera», señala.
También exigen que la libreta sanitaria de trabajo sexual, que deben renovar cada seis meses y que las habilita para el registro, se transforme en un carné de salud integral que no se limite solo a los controles de ITS, sino que incluya un seguimiento completo del estado general de salud. «Siete de cada diez trabajadoras sexuales mueren por cáncer provocado por HPV [virus del papiloma humano]. Pero mirá qué loco, solo nos buscan VIH [virus de inmunodeficiencia humana] y sífilis», enfatiza Karina.
Hasta 2023, muchas trabajadoras acudían al Centro de Profilaxis del Hospital Maciel para obtener el carné sanitario. Sin embargo, ese dispositivo cerró. Hoy, todos los prestadores de salud, públicos y privados, deberían expedir la libreta, pero solo las policlínicas de la Intendencia de Montevideo cuentan con personal capacitado para atender a las trabajadoras y brindar una atención integral, que contemple la salud mental y el bienestar emocional. «Hasta marzo, más de 290 trabajadoras sexuales estaban gestando dentro de las whiskerías, y no hay una sola política pública que les garantice un lugar donde puedan gestar sin tener que vivir ahí. Y, por otro lado, ¿saben qué? El país necesita niños, aunque sean hijos de puta», dice la trabajadora sexual.
LA CAJA DE CRISTAL
Uno de los grandes desafíos de la nueva normativa es abordar el mercado del sexo en la virtualidad. «Eso desvirtúa por completo y sigue dejando relegadas a las compañeras más viejas», dice Karina. Legislar el trabajo sexual no solo implica otorgar derechos, sino también contribuir a frenar crímenes como la trata y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Las trabajadoras son las principales testigos y, muchas veces, quienes ayudan a denunciar estas situaciones. «Ahora, con las nuevas plataformas, hay nuevas formas de explotación y nuevas formas de captación. ¿Qué vamos a esperar para comenzar a trabajar en las situaciones que hoy ya nos dejan a tres o cuatro gurisas en las puertas de emergencia los jueves, viernes, sábados y domingos, después de las fiestas?»
En mayo de este año, la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (Redtrasex) presentó un informe sobre las personas que ejercen el trabajo sexual virtual. El estudio analiza cinco países y propone como analogía una caja de cristal, ya que, si bien este tipo de entorno es percibido como más seguro que el presencial y ofrece autonomía y mejores ingresos (en especial en dólares), presenta riesgos específicos del entorno digital, como la vulneración de la imagen y la apropiación indebida de contenido, lo que afecta la salud mental de las trabajadoras que lo ejercen.
De hecho, el informe concluye que en el trabajo sexual virtual mediado por plataformas –debido a la falta de legislación y a la ambigüedad de las redes sociales– se identifican características comparables con formas tradicionales de proxenetismo. Por ejemplo, las plataformas retienen gran parte de los ingresos, lo que imita la estructura de la explotación tradicional. Al mismo tiempo, las personas que venden contenido a través de las plataformas a menudo no identifican su labor como trabajo sexual, debido al estigma que existe sobre esta actividad. «Como aquellas que se dicen llamar influencers, modelos y cosas así. Que no se reconocen trabajadoras sexuales, pero que, al vender contenidos, configuran una forma de trabajo sexual», explica a Brecha Lucy Esquivel, secretaria ejecutiva de Redtrasex.
Otro estudio que hizo esa organización fue mapear las leyes sobre trabajo sexual en distintos países de América Latina. De este análisis, Lucy destaca que los mayores avances se logran únicamente cuando las trabajadoras son incluidas desde el inicio en la elaboración de las normativas. «Se necesita una ley construida y pensada por nosotras, porque, si no, cae en saco roto. La gente se imagina muchas cosas detrás del escritorio, pero esas cosas no son la realidad», sentencia Lucy.
