En 2023 sufrimos una severa crisis hídrica que afectó el suministro de agua de la región metropolitana capitalina y la ciudad de Minas. En aquel momento, con Luis Lacalle Pou en la presidencia, rodeado por su coalición multicolor, el agua salada reemplazó al agua potable, y se lanzaron planes chapuceros para superar esa situación. Montevideo fue la primera ciudad capital en el mundo en quedarse sin agua potable.
Aquella crisis había dejado en evidencia muchas incapacidades estatales y políticas. Pero al menos tres lecciones fueron evidentes: era necesario un protocolo para enfrentar una sequía, se debían reparar las cañerías de OSE, ya que se perdía aproximadamente la mitad del agua potable, y era imperioso descontaminar la cuenca del río Santa Lucía. La construcción o no de un nuevo reservorio en algún sitio era secundaria a solucionar esas problemáticas.
Hoy otra vez nos golpea una situación similar. A regañadientes se terminó admitiendo que las reservas en los embalses cayeron sustancialmente, se bombea agua desde el Río de la Plata, regresaron las sospechas sobre la calidad del agua que brinda OSE, se confirma el aumento de los riesgosos trihalometanos y se hacen vagos llamados a cuidar el agua.
Es como si los actores políticos uruguayos no hubieran aprendido nada. Quienes antes estaban en la oposición ahora manejan el gobierno, pero repiten explicaciones y excusas similares, incluidas las que recuerdan la inefable sentencia del agua que no era potable, pero era bebible.
El Ministerio del Ambiente y OSE siguen sin contar con un protocolo de acciones ante una crisis hídrica, tal como ocurrió en la administración pasada. Un plan de ese tipo brindaría una secuencia ordenada de medidas para reducir el consumo de agua mientras se aseguran sus usos esenciales, y permitiría otra gestión de la cuenca del Santa Lucía. En algunos países se establecen etapas, comenzando con la prohibición de usos superfluos, para luego ir pasando a restricciones más severas, todo ello bajo mecanismos de inspección y sanciones. Nada de eso se concretó y, por ello, OSE reduce la presión del agua en la red metropolitana, lo que provocará dificultades en unos barrios para asegurar ese consumo esencial, mientras en otros se seguirán regando los jardines.
Entretanto, aproximadamente la mitad del agua sigue perdiéndose en las cañerías de la ciudad. El gobierno anterior no comenzó a repararlas, ya que estaba empecinado en construir una toma de agua en Arazatí. La actual administración, hasta donde puede saberse, no asignó dineros con ese fin en el presupuesto. Los políticos de uno y otro bando discuten dónde colocar una nueva obra, sin que logren percatarse de que, más allá de su ubicación, la mitad del agua que provea se perderá. Tampoco parecen comprender que si se redujera la proporción de esas pérdidas, no sería necesaria ninguna nueva represa.
Aquellas medidas no se tomaron, pero lo que sí se concretó fue un aumento de la tarifa de OSE. Eso no se debió a los gastos en reparación de cañerías ni fue para asegurar agua de mejor calidad, sino que fue necesario para financiar el contrato con un consorcio privado, heredado del anterior gobierno.
Quienes ahora están en la oposición, como el senador Martín Lema, siguen defendiendo el emprendimiento original, que tomaba agua en la zona de Arazatí (San José), lo que muestra que no entienden la contundente evidencia en contra. Lema ahora se convirtió en defensor de los productores rurales y los bosques nativos de la zona del arroyo Casupá (Florida), para rechazar que se construya allí una represa. Pero no se recuerda que en el anterior gobierno defendiera a los productores rurales de Arazatí, quienes enfrentaban riesgos ambientales mucho más severos, ni que actuara decididamente para preservar los montes nativos.
Los actores políticos esquivan otro problema clave: el deterioro ecológico en la cuenca del Santa Lucía y la responsabilidad de las prácticas agropecuarias en ese proceso. De modo esquemático, puede indicarse que dos tercios de las fuentes de contaminantes son difusas, y por lo tanto se originan en emprendimientos agrícolas y ganaderos diseminados en esa región.
Pero, como la política partidaria no logra proteger el agua, se liberan posturas todavía más preocupantes. Por ejemplo, Un Solo Uruguay, la Asociación de Cultivadores de Arroz y otros proponen llevar agua desde el río Negro, con una escala en el río Yi, hasta el Santa Lucía Chico, para que nosotros la bebamos en Montevideo. No parece preocuparles la calidad de esas aguas, ya que, según el Ministerio del Ambiente, tanto el río Negro como el Yi padecen serios problemas.
También se opone a la represa en Casupá el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, que se distingue de los otros por amenazar con un tractorazo.1 Si realmente le preocupa la situación de los recursos hídricos, sería más comprensible y útil que los tractores, por ejemplo, se plantaran allí donde la contaminación agropecuaria es más aguda, para que sus responsables modifiquen sus prácticas.
Más graves son los argumentos del presidente de la Asociación Rural, Rafael Ferber. En declaraciones a la prensa, Ferber también se opuso a la represa en Casupá y al mismo tiempo cuestionó las restricciones ambientales a la aplicación de agroquímicos, porque reduciría la rentabilidad.2 Sin disimulo confesó que no hay un control pleno de las exigencias ambientales, y que si lo hubiera, las ganancias caerían, lo que considera como muy malo. No propone resolver la carga de contaminantes, cuyas consecuencias golpean a todos los montevideanos y que, a la vez, impone costos adicionales a OSE. Tampoco le resultó vergonzoso ese incumplimiento de restricciones ambientales, sino que reclama menos exigencias, ya que las ganancias deben prevalecer sobre el ambiente.
Desembocamos así en una situación muy delicada. Los actores político-partidarios, unos por sus acciones y otros por sus omisiones, no logran resolver la crisis del agua. En esa incapacidad, ahora se suman agentes económicos y empresariales que rechazan los controles ambientales y pujan por transferir costos y riesgos al resto de la sociedad. La disputa por el agua se agravó.
- «Federación Rural analiza hacer “tractorazo” si la represa en Casupá “se hace sí o sí”» (Medios Públicos, 26-II-26). ↩︎
- «ARU cuestionó restricciones en cuenca del Santa Lucía que van a contramano de un planteo del presidente Orsi» (El Observador, 24-III-26). ↩︎
