«Los colombianos y las colombianas hemos sido muchas veces en nuestra historia enviados a la condena de lo imposible, a la falta de oportunidades, a los no rotundos. Quiero decirles a todos los colombianos y todas las colombianas […] que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Nos la hemos ganado.»
Gustavo Petro en su discurso de asunción
No solo Colombia tiene una segunda oportunidad. En toda América Latina y el Caribe también tenemos la oportunidad de un cambio en el enfoque de las políticas de drogas y para la paz. Las violencias no son solo las que ejercen las organizaciones criminales y su correlato, no siempre visible, de corrupción y lavado de dinero. También están la violencia y la guerra que han generado los Estados y sus políticas de drogas, que han hecho más daños que las drogas mismas, como afirmara Kofi Annan en su artículo «Por qué es hora de legalizar las drogas».
¿CUÁL ES EL PROBLEMA DE LAS DROGAS?
En un artículo publicado por el Washington Post,1 el economista colombiano Felipe Tascón Recio afirma a los periodistas que «el programa de gobierno [de Petro] no habla del problema de las drogas. Habla de los problemas que genera la prohibición de las drogas». Se refiere al programa del Pacto Histórico, que se armó en el «empalme» (diálogo participativo) con todas las comunidades campesinas de las zonas de producción de hoja de coca. «Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo, la fuente de más del 90 por ciento de la droga incautada en Estados Unidos. Y, durante décadas, ha sido un socio clave en la interminable “guerra contra las drogas” de Washington. Ahora, Colombia está pidiendo el fin de esa guerra», afirma el artículo.
El tema pasa ahora por la convocatoria a revisar las convenciones internacionales y remover el prohibicionismo, que es la base de todos los males. El Plan Colombia costó 16.000 millones de dólares. El resultado no ha sido ni eficaz ni eficiente. La guerra contra las drogas fue una estrategia que trasladó los problemas de seguridad interna de Estados Unidos a suelos latinoamericanos. Significó el despliegue de personal, equipos y bases a lo largo de todo el continente en un movimiento de control geopolítico multifuncional. Primera paradoja: Estados Unidos tiene una crisis de opiáceos que ocasiona entre 70 mil y 100 mil muertes anuales por sobredosis de acopios (oxicodona, fentanilo). La corrupción y la lógica de mercado de la industria farmacéutica están descriptas en el documental El crimen del siglo, de HBO. Segunda paradoja: 18 estados, además de la capital del país, tienen acceso legal al cannabis recreativo. El Congreso ya aceptó la flexibilización para legalizar el flujo de dinero que proviene de ese origen. Hay una iniciativa que tiene media sanción para convertir en ley federal la legalización del cannabis. Tercera paradoja: Regina LaBelle –directora en funciones de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca– sorprendió, en marzo, en la Comisión de Estupefacientes en Viena al anunciar que, por primera vez, Estados Unidos acepta el modelo de reducción de daños.
COLOMBIA POR LA PAZ
Colombia tiene autoridad moral para liderar los cambios impostergables en políticas de drogas. Tiene el derecho soberano para hacer reformas. Para integrar, incluso, instrumentos de derechos humanos por sobre las convenciones de fiscalización de drogas. El documento final de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 2016, habilita también cambios dentro de la flexibilidad, que a texto expreso, se dice, ofrecen las convenciones.
Al asumir la presidencia, Petro dijo: «Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado, que ha dejado a 1 millón de latinoamericanos asesinados durante estos 40 años y que deja 70 mil norteamericanos muertos por sobredosis cada año, que la guerra contra las drogas fortaleció́ las mafias y debilitó los Estados, que la guerra contra las drogas ha llevado a los Estados a cometer crímenes y ha evaporado el horizonte de la democracia. ¿Vamos a esperar que otro millón de latinoamericanos caigan asesinados y que se eleven a 200 mil los muertos por sobredosis en Estados Unidos cada año? ¿O, más bien, cambiamos el fracaso por un éxito que permita que Colombia y Latinoamérica puedan vivir en paz?».
Es un imperativo humanitario rodear a Colombia para crear un foro permanente que impulse un debate abierto, inclusivo y sin tabúes sobre nuevas políticas de drogas y escenarios posibles.
ANTECEDENTES DEL BLOQUE LATINOAMERICANO
En 2008 funcionó en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas una coordinación entre Uruguay, Argentina, Bolivia, México y Colombia –a la que luego se sumaron Suiza y la Unión Europea–, que votó una declaración sobre la «debida integración de los instrumentos y organismos de derechos humanos con la fiscalización de drogas».
En 2012, luego de la VI Cumbre de Jefes y Jefas de Estado (Cartagena), a ese bloque se sumaron Guatemala, Ecuador y Jamaica, y promovieron con José Miguel Insulza la elaboración del Informe sobre el problema drogas en las Américas, aprobado en la 43 Asamblea General de la OEA, y también la muy elocuente Declaración de Antigua Guatemala.
Ese bloque actuó en la Unasur y en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, logrando modestos pero importantes avances en la Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas en 2016. También logró la participación de otras agencias de Naciones Unidas que hicieron aportes relevantes. Un ejemplo de estos es el documento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Políticas de control de drogas y desarrollo humano.
LA EXPERIENCIA URUGUAYA: SUS APORTES Y SUS LÍMITES
El diálogo y la consulta que se establecieron a partir de la experiencia uruguaya pueden servir de guía para el mercado del cannabis y acerca de diseños de mercados regulados. La ley 19.172, de Regulación y Control del Cannabis, la creación del Instituto de Regulación y Control de Cannabis, su política sobre licenciamientos y sus logros pese a todos los pronósticos alarmistas son una referencia de valor.
Todo país, toda sociedad, toda comunidad tiene sus singularidades. No hay un traje igual para todos, ese es un gran error del prohibicionismo global. Pero hay algunas enseñanzas que aportan.
La verdadera droga adictiva es el mercado. Hay que sofrenarlo, regularlo, controlarlo desde una visión de salud pública y desarrollo. Un Estado fuerte y la participación de las comunidades son claves para el diseño, la ejecución, la fiscalización y la evaluación.
La política de licencias es central para no dejar al mercado en su libre juego. El Estado tiene la prerrogativa de librar licencias diferenciales favoreciendo a campesinos y cooperativas, sin desmedro de que cohabiten con empresas. Sobre la producción de hoja de coca tendrá definiciones decididas soberanamente. Para la regulación de la cocaína es necesario alcanzar un consenso regional y global, bajo el principio de la responsabilidad común y compartida, y también diferenciada, equitativa. Hay un movimiento en marcha: crear un gran foro de debate global sobre políticas alternativas. Será un instrumento potente para definir escenarios y también como cordón solidario hacia Colombia.
La paz es posible. Un nuevo consenso en políticas de drogas también.
