Cuando se analiza a los gobiernos de derecha que han ganado las últimas elecciones en América Latina y el Caribe con programas de ajuste y plataformas liberales con pilares como la seguridad, el orden y el crecimiento económico, a costa de aumentar las penas y la tasa de prisionización, perseguir y expulsar a migrantes y achicar el Estado –desempleando a miles de personas– bajo la excusa de cuidar el gasto público, poco se dice sobre cómo las consecuencias de estas políticas represivas y anti-Estado derivan en políticas antiderechos y caen directamente sobre organizaciones sociales, LGBTQI+ y feministas. En un evento paralelo a la reciente Sexta Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) c...
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