Las estrategias del gobierno frente al problema de seguridad pública.

Presos del miedo

La propuesta del gobierno para modificar algunos artículos del nuevo Código del Proceso Penal, principalmente la incorporación de prisión preventiva obligatoria para reincidentes, tensó la interna del oficialismo. Para el fiscal Carlos Negro, este cambio “violenta el sistema de garantías de todas las personas, aunque hoy día hablar de garantías parece ser casi una apología del delito”. A esto se suma el anuncio del presidente Tabaré Vázquez de un paquete de medidas, que para muchos potencian el relato represivo.

A última hora del miércoles, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, dio una charla sobre seguridad en el comité frenteamplista ubicado en Rivera y Colombes / Foto: Fernando Pena

Las palabras del presidente Tabaré Vázquez resonaron en la tardecita del lunes en el balneario canario San Luis. El mandatario acababa de reunirse con un grupo de vecinos preocupados por los crecientes problemas de seguridad en la zona y presentó propuestas concretas para enfrentar la situación: aumento del patrullaje policial e instalación de cámaras de videovigilancia. Ese día, también aprovechó la presencia de los medios de comunicación para enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: “El gobierno se compromete a enfrentar con la mayor dureza la delincuencia en todo el territorio nacional”.

Las declaraciones del director nacional de Policía, Mario Layera, sobre el estado de la seguridad pública y las dificultades que enfrenta el accionar policial para el combate al delito impactaron en la opinión pública. Principalmente la hipótesis de un escenario similar al de Guatemala o El Salvador, que esta semana fue matizado por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a su regreso de la licencia (véase entrevista).

La presencia de Vázquez en San Luis, su explícito respaldo a Layera y sus declaraciones fueron indicio de una nueva estrategia del gobierno frente al problema de la seguridad pública que terminó de asentarse al día siguiente. Luego de una reu­nión en la residencia de Suárez y Reyes, el prosecretario Juan Andrés Roballo anunció la creación de un equipo intergubernamental, coordinado por Presidencia, para enfrentar los problemas de seguridad. Este equipo –integrado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, la Fiscalía General de la Nación, la Anep y el Bps, con el asesoramiento de la Agesic– tendrá entre sus cometidos promover el intercambio de información entre los distintos organismos estatales (véase nota aparte).

Esta medida cumple uno de los reclamos de la Policía: acceder a bases de datos para profundizar el combate a una delincuencia cada vez más violenta. Sin embargo, las señales del gobierno comenzaron la semana pasada con el envío de un proyecto con modificaciones al nuevo Código del Proceso Penal (Cpp), lo cual generó adhesiones y críticas, entre los operadores judiciales. El debate permeó en el Parlamento, principalmente en el seno de la bancada del Frente Amplio (FA), donde una mayoría apuesta por una aprobación rápida, pero otros están dispuestos a dar batalla.

UN TEXTO POLÉMICO. El ex fiscal Gustavo Zubía –quien renunció por sus discrepancias con la implementación del nuevo Cpp– fue de los primeros en expresar su beneplácito con el proyecto del Ejecutivo: “Satisface excesivamente mis aspiraciones; en un 25 por ciento es lo que hay que hacer. Es un golpe de timón absolutamente represivo, en la exposición de motivos dice que son unos retoques, pero en realidad es un cambio de espíritu”, aseguró a Brecha.

El proyecto tiene 12 artículos. Los cinco primeros tienen un amplio consenso y ya fueron aprobados por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Estos artículos procuran dotar a la Policía de una mayor flexibilidad en la investigación de los delitos, otorgándole autonomía de acción y desterrando la idea de que los policías tienen “las manos atadas” para tomar medidas sin orden del fiscal.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, afirmó en reiteradas oportunidades que los policías no necesitaban instrucciones particulares de los fiscales para investigar un delito y que podían –y debían– hacerlo desde el momento en que recibieran la denuncia. Para la Fiscalía eso estaba claro, pero ante las dudas generadas en la Policía –que algunos interpretaron como un boicot al nuevo Cpp– se planteó dejarlo por escrito en el código; el proyecto del Ejecutivo está en línea con esta idea.

También existe consenso en eliminar el beneficio de la libertad anticipada para las personas condenadas en proceso abreviado. Este proceso implica un acuerdo entre la fiscalía y el imputado por el cual este acepta su responsabilidad en el delito a cambio de una reducción de la pena (que puede llegar hasta un tercio de la pena mínima prevista para ese delito). La idea es que las personas que aceptan este proceso deben cumplir la totalidad de la pena acordada.

Por eso, en esencia, el debate se focaliza en los cambios a las hipótesis de la prisión preventiva. El proyecto dispone, por ejemplo, la preceptividad (obligatoriedad) de la prisión preventiva para casos de personas reiterantes, reincidentes o habituales imputadas por delitos graves, como violación, abuso sexual, lesiones graves, hurto, rapiña, extorsión, secuestro y homicidio.

Este cambio no es inocuo, sino que implica un golpe a la esencia del sistema acusatorio y sus preceptos de respeto de los derechos humanos y de las garantías individuales: “Esto es una pena anticipada, es aceptar que hay delitos donde no se necesita juicio para encarcelar, sino que basta sólo con la sospecha. La acusación no deja de ser una sospecha”, afirmó Negro a Brecha.

Encarcelar a una persona por la mera sospecha, según sus palabras, “choca frontalmente” contra el sistema acusatorio y la Constitución de la República. “Esta norma es inconstitucional. Pero además, simbólicamente, es muy fuerte que sólo por una acusación se establezca la preceptividad de la prisión preventiva. Violenta el sistema de garantías de todas las personas, aunque hoy día hablar de garantías parece ser casi una apología del delito”, enfatizó Negro.

CAMBIO NECESARIO. La férrea negativa del sector Casa Grande a votar la prisión preventiva para reincidentes generó tirantez en la bancada oficialista. La senadora Constanza Moreira, quien lidera ese sector, fue enfática en su rechazo: las modificaciones son un “retroceso muy importante” al corazón del sistema acusatorio y un retorno a la idea de prisión preventiva preceptiva que “llenó de gente las cárceles uruguayas”. “Nos comprometimos a cambiar el sistema penal para dar garantías al imputado y a la víctima, pero sobre todo eliminar la prisión preventiva como meta. Es una marcha atrás. En contra de esta modificación está la Fiscalía –o buena parte de ella–, las cátedras de Derecho Procesal y la de Derecho Penal de la Udelar, los defensores públicos. Estamos en una escalada de mano dura producida por una especie de pinza de los grandes medios de comunicación, de la mal llamada opinión pública y los partidos de la oposición, que están felices con estos proyectos”, dijo. Moreira apuntó que el gobierno parece no entender que los problemas de seguridad no se resuelven modificando la ley penal. “Al Cpp lo aprobamos hace seis meses, entonces el problema no puede ser el Cpp”, razonó.

Sin embargo, la mayoría de la bancada –con el Mpp y parte del Frente Liber Seregni (Fls) a la cabeza– apuesta a una aprobación exprés del texto para solucionar los problemas constatados en la aplicación del código. Así lo afirmaron, por ejemplo, los senadores Charles Carrera (Mpp) y Daniela Payssé (AU). El senador Rafael Michelini, en tanto, tiene una postura favorable, aunque plantea matices, ya que cuando se habla de la libertad de las personas “hay que tener mucho cuidado”.

Los que defienden la totalidad del proyecto modificatorio –según pudo saber Brecha– se sustentan en varios argumentos: la situación se desbordó, la gente está desesperada, en estos temas hay que tener pragmatismo, hay que ser realista, el nuevo Cpp generó una sensación de impunidad. También en que es necesario enviar una señal a la población, en un contexto en el que un sector del Partido Nacional (Alianza Nacional) impulsa una reforma constitucional para habilitar la intervención de los militares en asuntos de seguridad pública y los allanamientos nocturnos a los hogares. “Para evitar esto hay que corregir las falencias detectadas en el Cpp”, dijo una fuente oficialista a este medio.

En este contexto, Carrera, quien hasta el año pasado ocupó la tercera línea del Ministerio del Interior, saludó la iniciativa del gobierno. Dijo que en Uruguay existe un problema de seguridad: “Hay un conjunto de personas que se han dedicado al mundo del delito, que hacen del delinquir su vida. Por eso tenemos que buscar que los sujetos que son reincidentes, reiterantes o habituales, que forman parte de una subcultura en la que su modo de vida es delinquir, cuando vuelvan a cometer un delito esperen la sentencia en prisión preventiva”.

El legislador recordó que en 2017, el Parlamento aprobó –con el voto de todos los partidos– la ley 19.446, que tenía esta idea como trasfondo. Esa norma dispuso una limitación de los beneficios de la libertad provisional, condicional o anticipada para personas imputadas por delitos graves que revistan la calidad de reincidente, reiterante o habitual. La idea era que esa norma “sobreviviera” cuando el nuevo Cpp entrara en vigencia, pero ante las dudas que surgían entre los operadores sobre su aplicabilidad, el gobierno decidió incorporarla expresamente al nuevo código mediante el proyecto que ahora está a estudio en el Parlamento.

Asimismo, Carrera descartó que esta iniciativa modifique la centralidad del Cpp y rechazó que esta solución sea inconstitucional. “La única limitación que tenemos es el artículo 27 de la Constitución, que consagra el derecho a la excarcelación para los casos en que no resulten penas de penitenciaría”, dijo Carrera. La duda, por tanto, refiere a si el delito de hurto –cuya pena mínima es excarcelable– puede incorporarse al elenco de delitos en el que se aplicaría la prisión preventiva para reincidentes. Esto porque, en febrero, la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley 19.446, para el caso de un procesado por este delito.

En la misma línea se pronunció la senadora Payssé: “La prisión preventiva no está prohibida con el nuevo Cpp, en el código anterior era de uso consuetudinario y no colide con la Constitución como algunos ahora quieren interpretar, porque fue de uso corriente. ¿Es deseable en materia de protección de derechos? Creo que no, pero como el interés general es superior al interés particular hay casos en los que la prisión preventiva es de recibo”.

Lunes de batalla

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) se reunirá este lunes para abordar diversos temas. En ese ámbito, la senadora Constanza Moreira preguntará cuál es la urgencia de votar las modificaciones del Cpp cuando existía acuerdo de votar otros proyectos antes, entre ellos, el voto de los uruguayos en el exterior. También se debatirá sobre las características del proyecto y no se descarta solicitar libertad de acción para votar en contra. En este sentido, la senadora Daniela Payssé dijo que este tema no puede analizarse como una disputa entre sectores, ya que se trata de un proyecto del gobierno. Payssé dijo que en la bancada existe un acuerdo para aprobar los proyectos del Ejecutivo y los que tengan media sanción de la Cámara de Representantes, y apuntó que el FA “es un bloque y tiene mecanismos para votar de manera conjunta”.

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