Aunque Uruguay fue pionero al sancionar una ley de acceso a la información pública en 2008, los obstáculos para implementarla siempre campearon y, de acuerdo a instituciones especializadas, se agravaron en los últimos tiempos. «Se clasifica información como reservada o confidencial al barrer, se extienden los plazos para responder, se impide el acceso a la información ambiental que las convenciones internacionales y la propia Constitución protegen como pública, se aplican las excepciones a la publicidad con tanta liviandad que cuesta creerlo, se firman cláusulas de confidencialidad con empresas para invisibilizar información que por ley debe ser pública y, en general, los jueces no conocen cómo funciona el derecho a la información y no garantizan su cumplimiento cuando un caso de habeas da...
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