Detrás de las justificaciones gubernamentales para que los montevideanos beban agua del Río de la Plata, asoma lo que aparece como una renuncia. Esa es la propuesta del proyecto Neptuno, que implica tomar agua del estuario, potabilizarla y encaminarla por un acueducto a la capital. Si bien la iniciativa está recibiendo críticas, muchas enfocadas en su talante privatista, también implica una renuncia, que, aunque pase desapercibida, no es menor. Es otro ejemplo de los problemas del gobierno en entender, diseñar y ejecutar políticas públicas.
El ministro de Ambiente, Adrián Peña, dice preferir el proyecto Neptuno a una nueva represa en la cuenca del río Santa Lucía, porque asume que no logrará descontaminarla en un futuro cercano. En ese razonamiento hay una renuncia a mandatos básicos de un ministerio del ambiente, ya que entre ellos está asegurar la calidad de las aguas dentro del país.
Apremiado ante la posibilidad de que Montevideo quede sin agua, el gobierno, en vez asegurar la calidad ambiental del río Santa Lucía y sus tributarios, parece preferir la opción del Río de la Plata, a pesar de ser mucho más cara y notablemente más compleja y repleta de riesgos ambientales, tales como los episodios de cianobacterias, los metales pesados y las intrusiones salinas. Por momentos parecería que el gobierno nos planteara elegir entre las aguas contaminadas del Santa Lucía y las que tienen el riesgo de estarlo en el Río de la Plata.
Sin embargo, el mandato del Ministerio de Ambiente le obliga a implementar las medidas que permitan limpiar y descontaminar las cuencas afectadas en el país. Y, dentro de ellas, debería resolver los muy conocidos problemas en la cuenca del Santa Lucía. Si el ministerio cumpliera su tarea, no sería necesario el proyecto Neptuno. Esa limpieza es posible, ya que se conocen bastante bien los principales factores de contaminación, la ubicación de esas fuentes y las prácticas industriales y agropecuarias con mayor responsabilidad. Existen múltiples diagnósticos y varias propuestas de acción. También se saben las resistencias y las disputas que ello podría desencadenar, especialmente de los sectores industriales y agropecuarios.
Pero el ministro de Ambiente admite que no puede resolverlo rápidamente y convierte esa confesión en un argumento para justificar una costosa megaobra. Prefiere abastecerse de aguas platenses que reciben contaminantes y desechos de otros cuatro países, en una superficie de más de 3 millones de quilómetros cuadrados y con más de 130 millones de personas. Si el Ministerio de Ambiente todavía no ha podido revertir las causas de las contaminación hídrica, por ejemplo, en Canelones, ¿cómo hará con los efluentes que provienen de Argentina y Brasil?
Para dejar más clara la cuestión de la renuncia, se puede apelar a una analogía: es como si el Ministerio de Salud Pública abandonara una campaña contra una enfermedad infecciosa grave que pudiera detener porque requeriría medidas enérgicas, muchas de las cuales serían resistidas por los empresarios. Seguidamente, ese ministro explicaría que renuncia a resolver la epidemia y transformaría esa decisión en una justificación para contratar a una empresa que ejecutara medidas paliativas y cobrara un buen dinero por hacerlo.
Este empantanamiento no solo ocurre con la gestión del agua, sino que también está detrás del decreto que flexibilizó la caza. Ocurrió cuando el ministro de Ambiente admitió que existía la caza furtiva en Canelones, una práctica que debería controlar e impedir, pero, como persiste, la liberalizó en ese departamento. Aquí también es apropiada una analogía: es como si el ministro del Interior admitiera que sabe que en un barrio hay muchos robos en la noche y entonces, en vez de combatirlo, firmara un decreto para legalizarlos.
Todas estas cuestiones son previas a las condiciones legales y económicas del proyecto Neptuno y lo afectan bajo cualquiera de las formas por las cuales se pueda concretar. Sin duda, las propuestas que parecería preferir el gobierno expresan una privatización, pero, aun si eso se evitara y fuera llevado adelante únicamente por OSE, seguiría siendo una opción ecológicamente riesgosa y económicamente inadecuada. En el Poder Ejecutivo es evidente que las consideraciones ambientales son relegadas, aunque debería esperarse que el Frente Amplio no volviera a tener problemas en asumirlas, considerando que la cuestión esencial es solamente asegurar la estatización del emprendimiento. Sea bajo condiciones privadas o estatales, o cualquier combinación de ellas, el proyecto Neptuno es ecológicamente indefendible, por los riesgos involucrados y por contribuir a seguir con las aguas contaminadas en la cuenca del Santa Lucía.
Por estas razones, estamos ante dificultades para entender las competencias específicas de cada ministerio, para asumir cabalmente los roles de un ministro y para entender cómo se diseñan y organizan las políticas públicas.
