Albert Bourla, director general de Pfizer, ha tenido palabras de elogio para «las casi 44 mil personas que de forma desinteresada levantaron la mano para participar en nuestras pruebas». «Cada uno de ustedes ha contribuido para que el mundo esté un paso más cerca de nuestro objetivo común de desarrollar una vacuna contra esta pandemia devastadora», escribió Bourla en una carta pública a los voluntarios que formaron parte de las investigaciones de la vacuna de Pfizer contra el covid-19 hechas en Argentina, Sudáfrica, Brasil, Alemania, Turquía y Estados Unidos. La misiva fue publicada el 9 de noviembre de 2020, el mismo día en que Pfizer anunció que su vacuna superaba el 90 por ciento de efectividad en la prevención de la enfermedad. Bourla atribuyó este logro a los voluntarios: «Ustedes son los verdaderos héroes. El mundo entero tiene con ustedes una tremenda deuda de gratitud».
Argentina, Sudáfrica, Brasil y Turquía tendrán que conformarse con estas muestras de gratitud de Pfizer, porque no recibirán, al menos no en el corto plazo, suficientes vacunas para vacunar a sus poblaciones. Mientras tanto, Estados Unidos y Alemania –junto con Canadá y el resto de la Unión Europea (UE)– se han asegurado suficientes dosis de varias vacunas contra el covid-19 como para inocular varias veces a sus poblaciones. Aunque Estados Unidos enfrenta problemas logísticos en su campaña de vacunación, se estima que eventualmente alcanzará un stock suficiente. Durante el verano boreal, encargó 100 millones de dosis de la vacuna de Pfizer a cambio de 1.950 millones de dólares. En los últimos días de diciembre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció un acuerdo para comprar 100 millones de dosis adicionales de vacunas de aquí a julio de 2021 y el gobierno tiene la posibilidad de adquirir 400 millones más de dosis. Washington compró además 200 millones de dosis de la vacuna de Moderna, que llegarían el segundo trimestre de 2021, y se reserva la opción de comprar hasta 300 millones de dosis extras. También firmó con Ology, Sanofi, Novavax y Johnson & Johnson para comprar dosis suplementarias, aunque estas vacunas se encuentren aún en las primeras etapas de su desarrollo.
CONEJILLOS DE INDIAS
Las empresas farmacéuticas y sus directivos ya cosechan grandes ganancias. El mismo día que envió su carta abierta, Bourla, cuyo patrimonio neto se estima en más de 26 millones de dólares, vendió más de 5 millones de dólares de sus acciones de Pfizer. La farmacéutica obtuvo en 2020 ganancias de al menos 975 millones de dólares debido a su vacuna y se espera que recaude 19.000 millones de dólares más en 2021, de acuerdo a estimaciones de Morgan Stanley. El margen de ganancia de Pfizer sobre la vacuna se estima entre un 60 y un 80 por ciento. Morgan Stanley también ha proyectado que en 2021, gracias a su vacuna, Moderna ganará como mínimo 10.000 millones de dólares.
Los 100.000 millones de dólares en ventas de vacunas contra el covid-19 que ha estimado la consultora Evercore ISI sin duda son parte de lo que atrajo a las empresas farmacéuticas al desarrollo de estos inmunizantes. Pero el cálculo es diferente para los participantes en las investigaciones. En los países en vías de desarrollo «encontrás personas que no tienen cobertura de salud, están desesperadas por atención médica y sólo les quedan disponibles las migajas de la investigación científica», dice Harriet Washington, experta en ética médica de la Universidad de Las Vegas.
Esa desesperación es sólo parte de la razón por la que las compañías farmacéuticas llevan a cabo la mayoría de sus pruebas en países pobres. Según Washington, la relativa falta de control y los menores costos operativos son razones adicionales por las que la industria farmacéutica se siente atraída por esos países. Los participantes en las investigaciones de la vacuna contra el covid-19 en Argentina, Brasil, Sudáfrica y Turquía «trabajan más barato que la gente en Estados Unidos o Alemania», afirma.
El problema ético que esto crea –la gente en los países en vías de desarrollo tiene menos acceso a los avances médicos, a pesar de que asume una parte desproporcionada de los riesgos que permiten su descubrimiento– es mucho más viejo que la pandemia de coronavirus. «Hay desigualdades inherentes que se repiten en cada epidemia», dice Washington. «Es un patrón constante; lo vas a encontrar cualquiera sea el caso en que te fijes».
Participen o no en investigaciones sobre medicamentos, los habitantes de los países con ingresos medios y bajos suelen carecer de acceso a avances médicos que pueden salvar vidas, pero cuyos precios están fuera de su alcance. Gilead, que tiene la patente del sofosbuvir, un medicamento clave contra la hepatitis C, ofrece una ilustración clara y trágica de lo mortal que puede ser esta dinámica. En Brasil, en junio de 2019, sólo una de cada siete personas que necesitaban este medicamento vital lo había recibido. En ese país, miles de personas han muerto por esta enfermedad curable, según la organización sin fines de lucro Make Medicines Affordable.
Aunque eventualmente muchos medicamentos terminan estando disponibles, para la gente de los países en vías de desarrollo el acceso a ellos suele retrasarse, como ha ocurrido con los medicamentos para el VIH, a los que todavía no pueden acceder unas 15 millones de personas infectadas en todo el mundo. En algunos países pobres estos medicamentos llegaron más de una década después de haber sido utilizados en los países ricos.
«Observamos retrasos en casi todas las intervenciones en el mundo entero, se trate de un nuevo medicamento o de un dispositivo médico», dice el doctor Krishna Udayakumar, director fundador del Centro de Innovación de Salud Global de la Universidad de Duke, y agrega: «Los productos que llegan a los mercados de los países de ingresos bajos y medios no producen tanto dinero». Como resultado, en gran parte del mundo, la posibilidad de contar con esas novedades vitales suele depender de la financiación de donantes, «que es siempre inferior a la que quisiéramos», sostiene Udayakumar.
Las consecuencias mortales del atraso en el acceso a la vacuna contra el covid-19 serán evidentes durante 2021. La cantidad de personas vacunadas en todo el mundo dependerá en parte del éxito de otras posibles vacunas candidatas y de la necesidad de administrarlas en una o dos dosis. Pero ya está claro que la mayoría de los países no tendrá dosis suficientes, mientras que los países ricos acaparan las reservas. Una iniciativa internacional tendiente a garantizar el reparto equitativo de las vacunas, denominada COVAX Advance Market Commitment, regida por la público-privada alianza de salud GAVI, busca proporcionar a los países participantes vacunas suficientes para inmunizar hasta el 20 por ciento de su población para finales de 2021. Pero, incluso en el mejor de los casos, este objetivo dejaría a la gran mayoría de la población sin vacunar. Y está «supeditado a la disponibilidad de fondos», como lo dice con claridad el sitio web del grupo (véase «Sálvese quien pague», Brecha, 18-XII-20).
Algunos activistas de la salud pública internacional han mostrado su frustración con respecto a GAVI. «El día uno, cuando se vacunó a la primera persona en Reino Unido, deberíamos haber visto el equivalente en un país en vías de desarrollo», afirma Kate Elder, asesora principal de políticas de vacunación de Médicos sin Fronteras. «Pero eso no pasó. Y no tenemos ningún dato concreto de cuándo llegarán las dosis necesarias para estos países». Elder señala que, a pesar del objetivo declarado de facilitar un acceso igualitario, el esfuerzo internacional para la distribución de vacunas se ve afectado por el desequilibrio mundial en materia de poder y de riqueza. «GAVI nunca denunciará el “nacionalismo de vacunas”, porque sus mayores donantes –como el Estado británico– son los miembros más poderosos de su junta directiva», sostiene.
El Banco Mundial aporta ayuda adicional para la entrega de vacunas, pero lo hace bajo la forma de préstamos que los países pobres tendrán luego que pagar. Debido a las demoras, es muy probable que mucha gente en países de bajos ingresos no reciba la vacuna antes de 2023 o 2024, lo que resultaría en un número desconocido de muertes.
UNA HISTORIA DE ÉXITO QUE NO CIERRA
«Estamos ante un apartheid mundial de vacunas», denuncia Zain Rizvi, investigador de derecho y política en la ONG Public Citizen, que predice que el retraso en la vacunación tendrá consecuencias «calamitosas». Public Citizen ha propuesto varias soluciones para que Estados Unidos amplíe el acceso a las vacunas, entre ellas la construcción de nuevas instalaciones de producción y el recurso a una oscura norma (sección 1498 del título 28 del Código de Estados Unidos, referida a casos de patentes y derechos de autor) que le permite al gobierno saltarse las patentes privadas en el caso de invenciones financiadas por el Estado. Mientras tanto, Kenia, India y Sudáfrica presentaron a la Organización Mundial del Comercio una medida que permitiría renunciar a ciertos derechos de propiedad intelectual sobre los productos relacionados con el coronavirus, incluidas las vacunas. La propuesta, apoyada por 99 países, aún no ha sido adoptada después de haber sido rechazada por Estados ricos como Estados Unidos, los miembros de la UE, Japón, Reino Unido y Australia (véase «Militar la patente» en este número).
Pero la quita de las patentes es sólo un primer paso para permitir el acceso mundial a las vacunas. «El know-how es, a corto plazo, un problema mucho más grande», señala James Love, que dirige el grupo sin fines de lucro Knowledge Ecology International. Love cita el caso de Moderna, el fabricante de vacunas financiado por el gobierno federal estadounidense, que ha prometido que no aplicará la patente de su vacuna. «Pero, aun así, no podés fabricarla si no sabés los detalles de cómo la hicieron», dice Love. «Hay que obligar a quienes tienen el know-how a compartirlo, porque estamos en una puta pandemia», insiste.
Mientras que el gobierno de Estados Unidos y las empresas que este ha financiado para fabricar vacunas ya reciben el crédito por poner fin a la pandemia, Love señala que algo no cierra en esa historia de éxito: los contribuyentes terminaron siendo obligados a pagar por acuerdos que limitaban el acceso mundial a las vacunas. «Hay quienes van a decir que esto es un tremendo éxito por la innovación lograda», piensa Love. «Pero la realidad es que el Estado tomó nuestro dinero, se lo dio a las empresas y redactó contratos desastrosos por los que terminamos con muy pocos derechos sobre inventos que nosotros mismos financiamos», se lamenta.
El problema podría haber sido evitado «si el gobierno hubiera incluido un intercambio obligatorio del know-how en cada uno de sus contratos, de manera tal que la transferencia de tecnología habría podido comenzar apenas esas vacunas estuvieran en la fase de pruebas», dice Love. «Pero no fue así. Y una de las consecuencias de esas concesiones es que terminamos condenando a los países en vías de desarrollo a acceder tarde a las vacunas», concluye.
Lo cierto es que la administración de Donald Trump ha sido particularmente generosa con la industria farmacéutica, ha eliminado de algunos de sus contratos las protecciones estándar en materia de acceso que favorecían a la población y ha bloqueado los esfuerzos internacionales para mancomunar recursos en la lucha contra la pandemia. «Joe Biden tiene el poder de cambiar esto», sostiene Rizvi. «Puede pensar más allá, compartir la receta de la vacuna y ayudar a aumentar la producción y la capacidad de fabricación para incrementar el aprovisionamiento rápidamente». Por su parte, Washington cree que también son solucionables los dilemas éticos planteados por la investigación sobre las vacunas contra el covid-19 en países que tal vez no accedan a ellas durante años. «Las desigualdades son fáciles de corregir –plantea–, sólo tenés que tratar a las personas de los países pobres de la misma manera en que tratás a las demás».
(Publicado originalmente en The Intercept, bajo el título World Faces Covid-19 «Vaccine Apartheid». Brecha traduce y publica con autorización.)
