La semana había comenzado movida por la primera audiencia pública de la investigación por estafa y apropiación indebida del caso Conexión Ganadera. Tal como se esperaba, la magistrada del caso, Diovanet Olivera, decretó medidas limitativas por 180 días para los tres involucrados, mientras que el juez de Concurso, Leonardo Méndez, desplazó a Pablo Carrasco de la dirección de la firma y designó a un interventor de urgencia. Pero mientras las denuncias penales y el proceso concursal se ceñían a los tiempos de la vía judicial, en paralelo, otras réplicas del sismo producido por la caída de las empresas de fondos ganaderos comenzaban a extenderse.
Su efecto más reciente se conoció el viernes pasado, cuando la reducción en los niveles de faena del frigorífico Casa Blanca a raíz del pasivo acumulado con la firma ganadera resultó en el ingreso al seguro de paro de 450 trabajadores (véase nota de Salvador Neves). Es una cifra de la que se deberá hacer cargo el Banco de Previsión Social y que se suma a los 150 trabajadores de la planta de faena de ovinos Bamidal, perteneciente a Gustavo Basso, socio fallecido de Conexión Ganadera, que también se encuentra inactiva. Así y todo, ese tampoco será el único costo que deberá afrontar el Estado cuando pase el temblor.
EL RECUENTO
Uno de los aspectos centrales de los procesos judiciales en curso será constatar la cantidad de ganado que efectivamente se encuentra en manos de las empresas. Esta verificación permitirá determinar de manera más precisa el tenor de las pérdidas, analizar las posibilidades reales de recuperar parte del dinero de los inversores y evaluar el estado general de los animales.
Para esa tarea la Fiscalía había solicitado apoyo al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y a mediados de la semana pasada el ministro Fernando Mattos confirmó que la cartera se encargaría del asunto. Aun así, sostuvo que «demandará mucho tiempo» y que se requerirán recursos adicionales, ya que «el ministerio no tiene un equipo de 100 personas disponibles para eso».
El relevamiento que debe hacer el MGAP implica corroborar la existencia de miles de cabezas de ganado en manos de Conexión Ganadera, República Ganadera y Grupo Larrarte. En la práctica, esa labor requerirá ubicar a los animales a través del Sistema Nacional de Información Ganadera, recorrer cada uno de los predios en los que se encuentren registrados, juntar todo el ganado, guiarlo hacia una manga o un tubo y recién allí hacer el conteo, verificando el número de caravana. Según la información que pudo confirmar el semanario, serán por los menos unos 70 campos en los que se deberá repetir este procedimiento solo por Conexión Ganadera.
Transición mediante, la estrategia que aplicará la cartera para hacer el conteo aún no ha sido definida. Por estas horas se evalúa la posibilidad de que se realice en marzo junto con la vacunación contra la aftosa, una instancia obligatoria en todo el país y que se estima que podría facilitar la logística, pero la resolución final quedará en manos de las autoridades que asumirán en los próximos días. Además de cómo y cuándo se hará el relevamiento, otro de los aspectos centrales es quién se encargará de hacerlo. El punto es clave, ya que de la modalidad que se defina depende la importancia de los fondos adicionales señalada por Mattos.
Si bien esta situación todavía no ha sido resuelta, se han comenzado a diagramar distintos escenarios. Debido al mermado cuerpo de fiscalización de la División de Contralor de Semovientes –se redujo de 20 a diez funcionarios en el quinquenio–, una de las opciones que se manejan es que la División de Sanidad Animal apoye directamente en la tarea. Esta división, dependiente de la Dirección General de Servicios Ganaderos, cuenta con unos 270 técnicos y semitécnicos distribuidos en todo el país, por lo que ese camino permitiría disponer de un número importante de funcionarios. En contraposición, acotará las funciones de una de las áreas más sensibles de la cartera, encargada del control de los establecimientos productivos y la prevención de enfermedades en los animales.
Dadas las restricciones que genera ese escenario, otra de las alternativas que se barajan es concretar una suerte de tercerización del relevamiento. En ese caso, se aprovecharía la vacunación contra la aftosa y se derivaría la tarea a los veterinarios privados encargados del proceso. Tal posibilidad implicaría la confección de equipos complementarios, con sus respectivos operativa y costo, para incorporar esa función adicional a la vacunación, pero permitiría mantener la funcionalidad de la cartera. En esta opción, los funcionarios del MGAP estarían a cargo del seguimiento y el chequeo de la información relevada.
Cualquiera de las opciones que se elija implica gastos adicionales para el ministerio, que deberá hacerse cargo de una tarea que, en principio, no le corresponde. En el mejor de los casos, dichos fondos serán retribuidos luego de la liquidación de los activos de las empresas. Pero, dado que esa obligación ingresará como un crédito posconcursal, su derecho a cobro será posterior al de los restantes acreedores, por lo que, ciertamente, es poco probable que se termine recuperando.
IMPACTO TRAZABLE
Aunque aún no se conozca su magnitud, el MGAP deberá asumir costos directos por el caso de los fondos ganaderos. A su vez, es probable que también deba afrontar otros costos indirectos de gran relevancia. Estos últimos vinculados, principalmente, a una de las políticas ganaderas más importantes de las últimas dos décadas: el sistema de trazabilidad ganadera.
Desde que la maniobra piramidal de Conexión Ganadera fue expuesta y se conoció que la principal empresa del sector mantenía un pasivo de 250 millones de dólares que afectaba a miles de clientes, distintos medios de comunicación internacionales comenzaron a cubrir el tema. A la repercusión esperada en la región se fueron sumando otras, hasta alcanzar los principales países compradores de carne uruguaya en el mundo. Así, por ejemplo, se supo que en los medios chinos el caso se seguía de cerca, a partir del informe compartido días atrás por el programa Valor agregado de la radio Carve.
El análisis llevado a cabo por el semanario permitió dar cuenta de que la mayoría de las coberturas internacionales apuntaban a la responsabilidad particular de los actores privados. Sin embargo, también dejaban entrever presuntas vulnerabilidades del sistema de trazabilidad uruguayo. Aunque aún se está investigando, dichos abordajes parecen tener un punto en común: en los tres casos denunciados, además de la conformación de un esquema piramidal, aparece la inexistencia de una parte del ganado registrado en el sistema. Y esos faltantes recién se identificaron cuando los episodios estaban siendo investigados.
Por la relevancia que tiene para el acceso a mercados, por el valor que agrega a la carne que se exporta y por ser una experiencia única en el mundo, para Daniel Garín, exsubsecretario del MGAP (2009-2012) y actual presidente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), se requiere mucho cuidado a la hora de evaluar el funcionamiento del sistema de trazabilidad. A su entender, en primer término sería necesario que se hicieran «pruebas de consistencia» para verificar el correcto uso de la herramienta y evaluar la fortaleza de su diseño. Y, en caso de que se identifiquen fallas, abordarlas para reducir los riesgos al máximo posible.
De igual modo, al ser consultado por Brecha acerca de las posibles fallas en el instrumento, sostuvo que la trazabilidad se basa en la confianza de la información que aportan los productores y que de allí pueden derivar varios inconvenientes. «El sistema emite los identificadores de los animales porque hay una declaración del productor de que van a nacer 50 terneros, pero luego no hay una verificación de que esos animales hayan nacido efectivamente», explicó el exjerarca del MGAP. Sobre ello, añadió que existen «infinidad de casuísticas» similares que, si no son monitoreadas, pueden hacer que no coincida la información registrada en el sistema con los animales que efectivamente hay en un campo.
Garín fue uno de los encargados de la formulación y el diseño del sistema de trazabilidad, en 2006, a través del Programa de Apoyo a la Productividad y Desarrollo de Nuevos Productos Ganaderos del Banco Interamericano de Desarrollo. Por ese entonces, otro de los aspectos en los que se identificaba una necesidad de mejorar el sistema refería al final de la vida de los animales: «Si no se destruía el chip identificador, para el sistema ese ganado estaba vivo, entonces te podía pasar que en la base de datos figuraran como activos animales que ya habían sido faenados». Al respecto, concluyó: «No tengo presente que se haya avanzado en un cambio en ese sentido, pero tengo la sospecha de que, si se hizo, fue muy marginal».
Algunas de las «casuísticas» mencionadas por Garín parecen haber sido las utilizadas por las empresas vinculadas a los fondos ganaderos como vehículos para perforar el sistema y mantener su maniobra sin llamar la atención. Así y todo, no son las únicas que atentan contra la trazabilidad. En un comunicado emitido el pasado 10 de febrero, la Federación Rural del Uruguay exhortó a los productores a actualizar los datos de existencias en los campos, dado que se había detectado una discrepancia significativa entre lo que figuraba en las declaraciones juradas y las caravanas entregadas. La cifra oscilaba entre 1 millón y 1,2 millones de animales.
EN LAS GATERAS
En poco más de una semana nuevas autoridades asumirán la responsabilidad en el MGAP y deberán hacerse cargo de las gestiones por el recuento de ganado, junto con las restantes tareas de la cartera. Una de las figuras que estarán al frente de esa nueva cúpula será el ingeniero agrónomo Matías Carámbula, que ocupará el cargo de subsecretario.
Al ser consultado por el semanario sobre cómo se abordarán los temas vinculados a los fondos ganaderos, el futuro número dos del ministerio prefirió ser cauto. Sostuvo que, en principio, se seguiría la línea planteada por las actuales autoridades y que se conformaría un equipo para su abordaje: «Es un tema complejo que va a tener varias aristas de intervención y es lo que estamos previendo con Servicios Ganaderos, la secretaría general del ministerio y el área jurídica; la idea es conformar un espacio de trabajo que aborde esta situación y sus derivaciones», explicó. Para atender el rodeo afectado, también se prevé la intervención de los programas sanitarios del ministerio.
Carámbula también se refirió a los reparos sobre la herramienta de trazabilidad. En tal sentido, advirtió que serán las investigaciones judiciales las que arrojen si existen debilidades en el sistema y que, a partir de esos resultados, se harán los ajustes que sean necesarios. «Si hay problemas, tendremos que generar los procesos administrativos de investigación, de estudio y, eventualmente, de reformulación, pero en principio partimos de la base de que es un sistema que da confianza y seguridad», apuntó.
Por fuera de los casos vinculados a los fondos ganaderos, Carámbula dijo que la necesidad de contar con más funcionarios y presupuesto será urgente, ya que «en casi todas las unidades ejecutoras hay dificultades» y «son varias las líneas programáticas que requieren de una mejora presupuestal para lograr un impacto a escala importante». Dentro de las prioridades mencionadas por el agrónomo se encuentra la elaboración de una estrategia para el desarrollo del riego productivo, el impulso a la producción familiar, la mejora de las políticas diferenciales para los sectores que abastecen el mercado interno, el fortalecimiento de los procesos comerciales para la exportación y la ampliación del acceso a la tierra.
