En la declaración jurada de bienes e ingresos del exintendente de Montevideo Daniel Martínez el ítem correspondiente a «semovientes» está vacío. El de «participación en sociedades y valores», también. Su inversión en Conexión Ganadera recién figura en el espacio destinado a «otros bienes». Tal disposición de la información es ilustrativa del terreno difuso en el que se mueve un modelo de negocios que vino a contradecir aquella clásica sentencia de Alfredo Zitarrosa: «Que aquí se escribe la historia según valen los terneros». No, esta historia es distinta. Aquí el precio del ganado –esencialmente variable por factores tan disímiles como una sequía, un problema de sanidad animal, una guerra al otro lado del mundo– no hace mella en el porcentaje de renta fijo ofrecido a quienes invierten. Hasta que todo se derrumba. Al menos, para tres jugadoras del mercado: República Ganadera, Grupo Larrarte y la ficha más grande del tablero, Conexión Ganadera, la que se ganó la confianza no solo del exintendente, sino del exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Isaac Alfie, de instituciones ligadas a la Iglesia católica, entre otros damnificados por una de las estafas más grandes de la historia del país.
Se los conoce públicamente como fondos ganaderos, aunque técnicamente hasta su denominación es problemática. José Antonio Licandro, exintendente de Regulación Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central del Uruguay (BCU), le dijo a la revista Forbes Uruguay (5-II-24)
que son un «negocio financiero disfrazado de un negocio rural [y que] nunca se pudo llamar fondo ganadero» a un instrumento que no es un fondo de inversión y no está registrado en el BCU. En términos similares se han expresado otros especialistas luego de la debacle. El Banco Central, en tanto, llamó a estos fondos «empresas que ofrecen inversiones ganaderas». Lo hizo en el comunicado del 23 de enero publicado como respuesta a las voces críticas que le exigían mayores controles en el área. Ese comunicado dejó, por un lado, cierta ambigüedad sobre las potestades del banco para regular la actividad y, por otro, pistas para indagar en otras empresas que aplican el mismo esquema de captación de ahorro público con promesas de renta fija en un negocio con precios de venta variables.
La institución informó de «11 actuaciones» realizadas en este tipo de empresas desde 2018, que incluyeron el requerimiento de toda la «información societaria y contable, listados de clientes, copias de contratos tipo y, además, información completa de una muestra de clientes y sus contratos efectivamente firmados». Luego, se explicó que, «analizada la información, en los casos [en] que se entendió que la documentación proporcionada no aseguraba que se estaba ante una inversión en ganado, sino que se asimilaba a un llamamiento general e impersonal para la realización de una inversión financiera, se instruyó a las empresas a que se abstuvieran de realizar publicidad llamando a inversores». Esa publicidad había sido el punto de partida para las actuaciones. El banco también aclaró que las empresas dedicadas exclusivamente a la cría y el engorde de ganado o a la «capitalización ganadera» no están bajo su supervisión, porque su naturaleza no es de carácter financiero, sino productivo. En cambio, quienes se dediquen a hacer actividades de carácter financiero deben registrarse ante la SSF.
En el comunicado, el BCU listó una serie de comunicaciones públicas sobre sus actuaciones relacionadas a fondos ganaderos. Una de ellas, del 3 de febrero de 2022, advertía a la población en términos generales sobre la publicidad orientada a la captación de inversión, en algunos casos a cambio de una renta fija mínima, sin el debido registro ante la SSF. Otras comunicaciones instruían a empresas específicas a abstenerse de realizar tales publicidades. «Como consecuencia de las medidas adoptadas, algunas de estas empresas modificaron su negocio y volvieron a presentar nuevos contratos, salvando las observaciones formuladas por la SSF», sostuvo el BCU en su comunicado, pero no aclaró cuáles de las empresas lo hicieron, cuáles no, ni qué pasó con las que siguieron publicitando en los mismos términos con fechas posteriores a ser «instruidas» a no hacerlo. A partir de esos comunicados, Brecha rastreó a algunos de los protagonistas que aplican este esquema de negocios en el rubro ganadero. El semanario también detectó publicidad en web y redes sociales de empresas que quedaron fuera del radar del BCU.
EL PRESTIGIO
«Todo esquema Ponzi arranca con pagar fijo y recibir variable. […] No hay forma, si uno quiere pagar fijo en base a una actividad variable: si va bien, bárbaro, y si va mal, termina en un esquema Ponzi» –es decir, las inversiones de los nuevos clientes se usan para cubrir las de los anteriores, hasta que la última camada de inversores queda sin cobrar por saturación del mercado–. Así se expresó el contador Ricardo Giovio a la hora de presentar el informe de Conexión Ganadera ante los inversores damnificados, en la videoconferencia del 28 de enero. Una inspección exhaustiva a los fondos ganaderos podría dar cuenta de cuáles van bien y cuáles mal, en términos de Giovio, aunque al día de hoy la Fiscalía, la justicia civil, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y los abogados de los damnificados se encuentran abocados a rastrear e inventariar los bienes de los tres fondos ya caídos, para que los inversores puedan recuperar el máximo posible de lo invertido.
Solo uno de esos tres fondos fue inspeccionado por el BCU, según su propio comunicado. El 26 de abril de 2022 el banco resolvió «instruir a República Ganadera SRL al cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos, […] a los efectos de financiar su actividad, cualquiera sea su naturaleza, salvo que ello se realice mediante el mercado de valores, cumpliendo los requerimientos que la legislación y la reglamentación imponen en tal caso». La resolución fue comunicada públicamente el siguiente 10 de mayo. Esa empresa dejaría de pagar a los inversores y entraría a concurso de acreedores recién dos años y medio después.
Exactamente en los mismos términos se expresó el BCU respecto a la empresa Minifal SA, el 22 de junio de 2022 (el banco lo comunicó al público seis días después). El 1 de julio siguiente, Minifal SA presentó un recurso de revocación y jerárquico en el que alegó, entre otros motivos, que «no realiza publicidad ni comunicación dirigida al público en general a los efectos de financiar su actividad desde febrero de 2022, dado que se dejó de pautar publicidad en todos los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, […] desde marzo de 2022; no suscribe “contratos de apertura de crédito” en las condiciones observadas» por el BCU y «no recibe depósitos a plazo y no realiza actividad de intermediación financiera». Así lo recogió una posterior resolución del Banco Central, del 26 de setiembre de 2022, que desestimó el recurso de Minifal SA, entre otros motivos, porque reiteraban argumentos ya desestimados anteriormente. Pero lo curioso es que, dos meses y medio más tarde, la empresa seguiría divulgando publicidad para captar ahorro público a cambio de renta fija.
Minifal SA es la razón social del feedlot El Prestigio. En su cuenta de Instagram, puede verse una publicación del 9 de diciembre de 2022 que dice: «Invertí en el RUBRO más seguro y estable del URUGUAY. En El Prestigio capitalizamos tu inversión y aseguramos una ganancia anual en U$S del 8%», con emoticones de la bandera uruguaya y una foto de varias vacas. Nueve días después, otra publicación en la red social indica que el monto mínimo de inversión es de 20 mil dólares. Luego, el 3 de enero de 2023, fue publicada una placa que dice: «Te vas de vacas mientras tu inversión se capitaliza», junto con el logo de El Prestigio y un montaje fotográfico poco sutil (una vaca llena de dólares). «Aseguramos una ganancia anual del 8% en dólares», dice el mensaje que acompaña la placa. La vaca rellena de dólares volvió a aparecer tres días más tarde, también anunciando la ganancia del 8 por ciento anual. La última publicación en la red social es del 27 de diciembre de 2023. No hay referencias a la rentabilidad, aunque sí vuelve a mencionarse que el mínimo de inversión es de 20 mil dólares.
El feedlot El Prestigio está ubicado en el quilómetro 39 de la ruta 86, hacia el noreste de Sauce. Su director es Jorge Cunietti. En julio de 2023, la sección Rurales de El País (3-III-23), informó que Gustavo Basso y Cunietti pasaron a hacerse cargo de la operativa del escritorio Juan Carlos Martínez SA, que lleva adelante ferias ganaderas quincenales y otras actividades en el local Cuchilla de Silvera, ubicado sobre la ruta 8, a unos 20 quilómetros de Minas. A su vez, el Diario Oficial da cuenta de que el 9 de agosto de ese año se registró la empresa Cuchilla de Silvera SRL a nombre de Cunietti y de una de las hijas de Basso. A partir de la fecha del acuerdo con el escritorio Juan Carlos Martínez, pueden verse en redes sociales varios afiches que convocan a ferias con el logo de Cuchilla de Silvera y el del escritorio Gustavo Basso Negocios Rurales. Más acá en el tiempo, luego del fallecimiento de Basso y de la caída de Conexión Ganadera –de la que el fallecido era socio junto con Pablo Carrasco–, Cuchilla de Silvera llevó a cabo una feria que preocupó a Juan Pablo Decia, abogado de un grupo de damnificados por la estafa del fondo. La feria tuvo lugar el 10 de febrero y, de acuerdo a las redes sociales, habría otra el 26 de este mismo mes. Lo que preocupa es que allí se pueda rematar ganado perteneciente a los inversores de Conexión Ganadera, inquietud que se extiende a un remate realizado en diciembre por el escritorio del propio Basso.
El estudio Brum Costa, que representa a otro grupo de damnificados, solicitó el embargo de los bienes de Carrasco y su esposa, y de la esposa y las hijas de Basso. Por ahora, el juez lo rechazó, pero se espera que el embargo se concrete este 19 de febrero, fecha en la que vence el plazo para que los abogados de Carrasco y la familia Basso respondan al pedido de concurso de acreedores (La Diaria, 12-II-25). Brecha se comunicó este jueves con Cunietti para saber más de su vínculo con Basso, pero el empresario adujo que no podía dialogar por estar en una reunión, aunque quedó abierto a postergar la conversación para la semana próxima.
AQUELLO DEL CHUY
Otras dos actuaciones sobre fondos ganaderos comunicadas por el BCU comparten protagonistas. La primera es del 14 de agosto de 2018 y se refiere al producto «Portfolio Ganadero – Renta Fija» de Berrutti United Breeders & Packers. Quienes respondieron ante el banco por ese producto fueron Alejandro Berrutti y María José Argenti. A la hora de la inspección del BCU, Berrutti adujo que «Portfolio Ganadero – Renta Fija» era el nombre fantasía de dos sociedades anónimas (Reina Vaca SA y Oro Rojo SA) cuyo objeto principal era la actividad ganadera. Ambas sociedades estaban constituidas por acciones nominativas y lo que ofrecían al inversor era la adquisición de acciones mediante un acuerdo de accionistas que implicaba «percibir por todo concepto como producido de su participación en la sociedad el 6 por ciento anual que le será abonado semestralmente por la sociedad». El complejo funcionamiento de esta venta de acciones a cambio de renta fija fue considerado por el Banco Central como una oferta pública de valores hecha a través de distintos medios de difusión, sin el debido registro ante la SSF. Por tanto, también se instruyó a la empresa a cesar la publicidad del producto. Cuatro años más tarde, el 21 de diciembre de 2022, una instrucción del mismo tipo recayó sobre Berrutti y Argenti SA, de los mismos dueños, por el producto «Portfolio Ganadero Feed Lot».
Al igual que Conexión Ganadera comercializaba al por menor cortes de carne seleccionados bajo la marca Stradivarius, Berrutti United Breeders & Packers tiene la marca boutique La Tarambana, también con un elegante packaging negro. El establecimiento de La Tarambana está ubicado en José Ignacio. Pero el nombre de Berrutti está asociado, además, a un sonado caso de abigeato de 2019 que se metió en la campaña electoral de entonces por los vínculos de algunos de sus protagonistas. Berrutti y Argenti SA
fue intermediaria en la compraventa de ganado robado a dos inversoras brasileras, y Berrutti fue formalizado por el delito de receptación, que se extinguió tras alcanzar un acuerdo reparatorio (El Eco Digital, 15-I-19). Un detallado relato de la operativa de aquel robo de ganado puede leerse en una nota de Salvador Neves en este semanario. Allí se explica cómo se combina el sistema tradicional de registro del ganado con la tecnológica trazabilidad de las caravanas del MGAP y cómo pueden ser trampeadas (véase «Caravanas y maquillaje», Brecha, 18-I-19).
El BCU también actuó sobre la operativa de la empresa Integración Agropecuaria, de Diego García Juambelz. Pero, al menos según su comunicado del mes pasado, no ha advertido sobre la operativa de la empresa Fondo Ganadero Pampas, conducida, según su página web, por un ciudadano colombiano y otro venezolano. «Desarrollamos nuestra actividad ganadera en Colombia, Argentina y Uruguay, pasando de la actividad ganadera pastoril a la carne producida a grano (feed lots), lo que nos lleva a potenciar nuestra capacidad productiva en las mejores tierras de cada país. Esto le GARANTIZA rentabilidad constante en DÓLARES», dice la presentación de la web de la empresa, que desde junio de 2023 realiza una intensa publicidad de su operativa en Facebook. En esa red social pueden verse sus respuestas a preguntas frecuentes. Por ejemplo: «¿La renta puede cambiar? No, los años de experiencia en el mercado durante los cuales se transitaron una gran variabilidad de escenarios nos permitieron poder asegurar una renta fija anual para el inversionista». También «¿Cuál es la garantía de la inversión? Al trabajar con un modelo de acuerdo accionario, la persona al invertir […] recibe acciones nominales en físico a su nombre. Ese título queda en manos del inversionista, actuando como un respaldo absoluto del proceso». La comunicación pública de la empresa no da cuenta de que su operativa esté registrada ante el BCU o la Bolsa de Valores de Montevideo. Sus oficinas están en Esteban A. Elena 6405, en pleno Carrasco. Este semanario se comunicó al teléfono disponible en su web, donde tomaron datos para que el gerente de la compañía se comunique desde Colombia, pero la llamada no había sido devuelta al cierre de esta nota.
Conexión Ganadera y un símil brasilero
Sanidad piramidal
La falta de control sobre las captadoras de ahorro público dedicadas a la ganadería ya ha despertado la idea, entre algunos abogados, de que el Estado debe salir a rescatar a los damnificados con la plata de todos. Pero, aun sin necesidad de llegar a ese extremo, las arcas públicas se verán afectadas por los costos de la investigación que implica recorrer los campos administrados por los fondos para registrar e identificar el ganado que aún esté bajo su poder. Por su volumen, el de Conexión Ganadera será el más costoso. El ministro de Ganadería, Fernando Mattos, ya advirtió de la escasez de recursos para la tarea (Desayunos informales, 12-II-25). Probablemente, la colaboración que deberá prestar el ministerio a la Justicia implique un incremento presupuestal destinado al MGAP para la administración entrante.
Otra dimensión delicada es el estado sanitario de los animales. En ese sentido, viene a cuento, como antecedente, el caso de la empresa Mashia, en Brasil. A principios de 2022, una denuncia por malos tratos a animales en Cunha, San Pablo, desembocó en una investigación por una posible estafa piramidal del Ministerio Público de Brasil. En las imágenes emitidas por el programa Fantástico de TV Globo se puede ver el estado calamitoso de los animales. Mashia también tenía su marca de carne boutique. El dueño de la compañía, Tanagildo Aguiar Feres Junior, contraatacó contra la periodista que elaboró el informe aduciendo difamación e injurias. Desde este semanario no pudo constatarse si el caso ya tiene resolución judicial.
