Los medios de comunicación, en general, y la prensa, en particular, viven situaciones complejas, en especial la segunda, debido a las transformaciones tecnológicas. El paisaje urbano registra una cantidad de quioscos cerrados, otrora puntos de venta privilegiados de diarios, semanarios y revistas.
Si bien en términos históricos se afirma que las primeras publicaciones (en papiro, madera o piedra) se encuentran en la Roma anterior a Cristo y que, más allá del trabajo de los monjes en los monasterios en la Edad Media, la prensa toma verdadero impulso a partir de Gutenberg, en 1440, con la invención de la imprenta, hoy la realidad es distinta y se vive un paulatino decrecimiento, debido a cambios tecnológicos y problemas económicos. Una situación por demás compleja, que no asegura que haya sustitutos reales para la misión original, adjudicada a la prensa, de informar y formar a los ciudadanos.
En Uruguay puede hablarse del auge de la prensa hasta las últimas décadas del siglo XX, aunque sujeta a los avatares de crisis económicas o a la política de censura de la última dictadura. La irrupción decidida de internet en los primeros lustros de este siglo ha provocado una crisis estructural sin que haya habido apoyos para una transición hacia el mundo digital, aunque desde el sistema político siempre se ha afirmado que la existencia de periódicos es una condicionante de una democracia sana. La consecuencia de la ausencia de políticas de apoyo a la prensa ha sido la disminución de las plantillas de trabajadores (no solo periodistas), la precarización del trabajo y el recorte de salarios. También el cierre de varios medios o la extranjerización de otros.
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La falta de incentivos a los medios es llamativa, más si se considera que los gobiernos (de todos los signos) han exonerado por miles de millones de dólares a grandes inversores extranjeros y nacionales, ya sea mediante la modalidad de zonas francas o el no cobro de impuestos. En 2018, con excepción de La Diaria, los demás medios –El Observador, El País, La República, Caras y Caretas, Voces, Crónicas y Brecha– solicitaron apoyo estatal para asegurar la transición hacia el mundo digital. No hubo respuesta. El pedido se reiteró al inicio del gobierno de la coalición multicolor y la respuesta que se brindó a los medios fue que se endeudaran con el BROU, cosa que, en general, no fue aceptada porque con ello solo se postergaba el problema y porque las condiciones del banco estatal eran más rigurosas que las de muchos bancos privados.
Lo paradójico del escenario es que, para la prensa del interior del país, existe un subsidio, financiado con una tasa a la venta de pasajes de avión. Esa ayuda fue aprobada en 1967 durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco y permanece vigente. Las condicionantes para acceder al subsidio dependen de la antigüedad del periódico y de la cantidad de personal que ocupa, amén de otros aspectos que no incluyen el tiraje, atendiendo a que su radicación en departamentos o ciudades de población media o pequeña no ameritan grandes cantidades de impresión de ejemplares.
La crisis de la prensa sacude a todos, al grado de que dos medios abandonaron la edición en papel: La R (ex La República) y El Observador. Resulta evidente que, más allá de la generalización de las dificultades, los que más sufren los problemas son los medios alternativos, no ligados a grandes capitales y solo sostenidos con endeudamiento y, en el mejor de los casos, con el sacrificio de salarios que pocas veces superan los mínimos de categorías fijadas en los consejos de salarios, o postergando el pago de salarios vacacionales.
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Es moneda común que los gobiernos y movimientos progresistas se quejen, no sin razón, de cómo manejan los medios más importantes la información. Pero eso es parte del juego que todos saben que viene determinado en sociedades que se caracterizan por intereses diferenciados y en disputa. La interrogante que corresponde a un medio como este semanario es cuál es la política desarrollada por los gobiernos progresistas para apuntalar la comunicación alternativa, sin recurrir al clientelismo y la subordinación o al alineamiento acrítico. Una de las medidas que se propusieron durante los gobiernos progresistas fue que la publicidad oficial fuera distribuida en función del tiraje de los diarios y semanarios (recuérdese que esa lógica, vinculada a la cantidad de ejemplares impresos y vendidos, no corre para los medios del interior), lo que no hacía otra cosa que dejar al mercado como distribuidor de los recursos estatales. Se podría haber optado por el criterio fijado por la ley de Pacheco para los medios del interior, es decir, en función de la antigüedad y la cantidad de empleados, aunque persistieran diferencias a favor de los grandes medios.
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En la rendición de cuentas está a consideración del Senado un artículo por el cual se exonera de varios impuestos a las empresas periodísticas que combinan ediciones impresas con «reproducción digital transmitida en forma telemática o mediante aplicaciones informáticas». Actualmente existe una exoneración para radio y televisión, siempre que la facturación anual no supere los 600 mil dólares (4 millones de unidades indexadas). Con anterioridad el límite era de 2 millones de unidades indexadas. Ayer se descontaba la aprobación de la nueva norma, pues contaba con el apoyo de los senadores de la coalición de gobierno, que tienen mayoría en la cámara. El Frente Amplio ha manifestado su posición contraria al nuevo artículo, pues entiende que la exoneración de impuestos es potestad del Poder Ejecutivo y no del Legislativo, lo que lo transformaría en inconstitucional. Sin embargo, miembros de la bancada frenteamplista manifestaron a Brecha su disposición a tratar el tema fuera de la rendición y en consulta con el Ejecutivo.
De acuerdo al texto, las empresas dejarían de pagar el aporte patronal al Banco de Previsión Social (BPS), IVA, IRAE e impuestos municipales (contribución inmobiliaria, entre otros), aunque esto último está sujeto a la voluntad de las intendencias, dada la autonomía de la que gozan en la aplicación de los tributos en su territorio.
Algunas empresas periodísticas, por ser cooperativas, como este semanario y La Diaria, ya están exentas de varios de los impuestos mencionados, aunque sí pagan el aporte patronal al BPS por aquel personal que es empleado no cooperativista.
Lo que resulta evidente es que, sin medidas de apoyo a la prensa, la circulación de la información puede ser sustituida por las granjas de trolls y los bots, que hoy pululan en las redes sociales y que, para muchos, es la fuente de su conexión con la realidad.
