En estos tiempos sombríos no es difícil recordar: en Brasil, las cajas de jubilaciones y pensiones surgieron a mediados del siglo XIX, de las sociedades de socorro mutuo y las uniones obreras, cuyo objetivo era dar asistencia a los trabajadores en caso de enfermedad, invalidez, desempleo, vejez y necesidad familiar. De estas organizaciones nacieron los sindicatos, y de su poder de movilización, la ley de 1923, que terminó reglamentando la creación de las cajas de jubilaciones y pensiones (Caps), administradas por empleados y empleadores, con mínima interferencia del Estado.
Luego del golpe de 1930, el gobierno de Getúlio Vargas extendió los derechos laborales solamente a los sindicatos oficiales. Además de atar los sindicatos al Estado, algo cuyas consecuencias se sienten hasta el día de hoy, creó rápidamente los institutos de jubilaciones y pensiones (Iaps), un sistema que sustituía a las Caps y que “permitía” que los recursos pertenecientes a los trabajadores asociados a los Iaps estuvieran disponibles para el gobierno, que los transformó en sus socios obligatorios en las inversiones para el proceso de industrialización brasileño. Ya bajo el gobierno de Juscelino Kubitschek los recursos de los Iaps fueron canalizados, también hacia el gobierno, para financiar gastos como los de la construcción de Brasilia. La consecuencia de esto fue un rompecabezas que el propio Kubitschek resolvió en 1960 con la institución de un sistema de seguridad social único para el sector privado.
En 1966 el régimen consolidó el sistema de jubilaciones de Kubitschek y creó el Instituto Nacional de Previsión Social (Inps). Siguiendo la tradición inaugurada por Getúlio, los recursos recaudados como derechos jubilatorios fueron nuevamente gestionados por el gobierno: aseguraron la construcción de la represa de Itaipú, el puente Rio-Niterói, la central nuclear Angara, la carretera Transamazónica, por ejemplo, y financiaron el desarrollo de programas sociales en el sistema de previsión, con especial énfasis en la inclusión de pensiones para trabajadores que nunca se habían afiliado a los sistemas de previsión social, como los rurales, los mayores de 70 años y los inválidos. Por el mismo arte de magia, de las cuentas del sistema de previsión social el gobierno sacó los recursos para financiar la prestación de asistencia médica, tanto para los contribuyentes como para los no contribuyentes.
Una nueva reforma del sistema de previsión social, que llevó a cabo el gobierno de Fernando Henrique, en 1998, introdujo como una gran novedad, entre otras medidas, la fórmula que ya venía siendo adoptada por los gobiernos en relación con las jubilaciones de los funcionarios públicos: el flujo de caja. La medida instituyó, en el sistema de previsión del Instituto Nacional del Seguro Social (Inss), el fin de la noción de la caja de precaución, la noción de prevenir, o sea, de invertir en un fondo con vistas a asegurar el futuro. Según esta nueva fórmula del sistema del flujo, que ahora es universal, el gobierno estableció dos columnas: la columna de ingreso y la columna de salida del flujo de dinero. De esta manera la recaudación de los aportes del trabajador, como ya ocurría en el caso de los funcionarios públicos, entra en la caja única de la Unión y no recibe ningún tipo de remuneración. A través de esta medida, a diferencia de los gobiernos anteriores, los desvíos de los fondos jubilatorios ya no son más pasibles de denuncia, acciones judiciales o actos de protesta: simplemente entran como ingresos y gastos mensuales, reteniendo los aportes previsionales, como un adelanto, no remunerado.
La fórmula es interesante por tres motivos: en primer lugar, porque los aportes son obligatorios y garantizan abundantes recursos; en segundo lugar, porque el dinero recaudado se consigue gratis; y en tercer lugar, porque en la fórmula del flujo de caja, los ingresos siempre tienen que ser superiores a las expensas y, por ello, la posibilidad de reducir las expensas es infinita, o sea, como no hay ahorros siempre existirá la necesidad de disminuir los beneficios jubilatorios o previsionales.
Como si no fuera suficientemente perverso, este sistema que cobra dinero de manera obligatoria es presentado como obedeciendo a una racionalidad que ubica al gobierno como negociador con un cinturón que debe ajustarse cada vez más, ya que, como destacamos, no hay más ahorros. Este negociador ajusta el cinturón y va colocando sobre la mesa de negociación pequeñas concesiones, pero garantiza su recaudación y ni siquiera se preocupa por los 340.000 millones de reales que las empresas le adeudan al sistema de previsión social, por los 88.000 millones de reales anuales de evasión fiscal, ni por los cerca de 100.000 millones de reales de fraude fiscal. Ni que hablar del resto…
* Es doctora en historia y profesora de la Universidad de San Pablo.
