En julio pasado el Instituto de Defensa Legal comenzó a difundir audios, a través de su portal Idl-reporteros, que revelan escandalosos casos de corrupción y tráfico de influencias entre jueces del Poder Judicial e integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (Cnm) (véase “La ley y el desorden”, Brecha, 27-VII-18). En uno de ellos, el más indignante, se negocia la pena a imponer al violador de una menor de edad. Los audios, conversaciones interceptadas por la Policía, eran parte de una investigación sobre una organización criminal en el puerto del Callao, un caso ajeno a los funcionarios del Poder Judicial, pero la participación en ellos de abogados, operadores de justicia, jueces superiores, fiscales supremos, miembros del Cnm, congresistas, y hasta el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, desató el mayor escándalo del país vinculado al ejercicio de la justicia.
El personaje central de esta trama era César Hinostroza Pariachi, entonces juez de la Corte Suprema de Justicia.
Usando todas las artimañas posibles, Hinostroza, quien había sido suspendido temporalmente, logró aferrarse al cargo contando con la complicidad de la mayoría fujimorista del Congreso, que había votado en contra de investigarlo. Pero el pasado 4 de octubre el Congreso terminó destituyéndolo, por unanimidad, e inhabilitándolo por diez años para ocupar cargos públicos. El fujimorismo había cambiado radicalmente su postura, tal vez debido a que tenía la más baja aceptación en toda su historia y se enfrentaba a las inminentes elecciones municipales del domingo pasado (en la que sus candidatos de todos modos tuvieron una pésima votación).
Al presentarse el 28 de setiembre frente a la Comisión Permanente del Congreso, que analizó el informe final sobre el juez y pidió su destitución, la defensa del magistrado había sido bastante endeble. “Pido disculpas al país si en algunas conversaciones no he guardado la compostura, pero no he cometido ningún delito ni he infringido la Constitución”, afirmó. “A mí me están juzgando porque presuntamente soy juez de Fuerza Popular (fujimorismo). El hecho de haber tenido reuniones con miembros de Fuerza Popular vulnera mi independencia. ¿Dónde se ve la parcialización?”, preguntó.
Finalmente, el 4 de este mes el pleno del Congreso aprobó su destitución como juez supremo y su inhabilitación por diez años para ocupar cualquier cargo público
Además de aprobar estas medidas, el Congreso también decidió analizar una denuncia constitucional para procesarlo por los delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal (una fiscal lo señala como líder de la banda Los Cuellos Blancos del Callao, que operaba desde 2010).
El informe final sobre el juez del supremo, elaborado por el congresista Oracio Pacori, del movimiento político de izquierda Nuevo Perú, y que fue presentado al Congreso, detalla las acusaciones contra Hinostroza y afirma que el juez habría violado seis artículos de la Constitución.
El Ministerio Público peruano continuará las investigaciones. Hinostroza enfrenta acusaciones que se han ido sumando, y de ser comprobadas, podría ser condenado a más de 20 años de prisión.
