Doscientos tres años después de que Simón Bolívar y su ejército de llaneros cruzaron los Andes, decenas de miles de venezolanos atraviesan los pantanos, las junglas y las cañadas del Tapón del Darién, en la frontera de Colombia y Panamá, y emprenden una travesía de casi 5 mil quilómetros hasta la frontera de Estados Unidos. La Patrulla de Fronteras estadounidense dio cuenta de 25.349 detenciones de migrantes venezolanos en agosto, esto es un incremento del 43 por ciento sobre las 17.652 del mes anterior y cuatro veces más que las 6.301 capturas en agosto de 2021.
Las cifras de detenciones no indican el número de personas detenidas, sino las detenciones en sí. Hay migrantes que son detenidos, expulsados, retornan y son detenidos otra vez. En agosto hubo 203.597 detenciones de migrantes de todas partes del mundo para un total de 2,15 millones desde octubre del año pasado, cuando comenzó el período fiscal 2022. El mes pasado, la cifra de venezolanos detenidos en la frontera fue por primera vez más alta que la de guatemaltecos y hondureños, e inferior solo a la de mexicanos. Por contexto: desde su salida a las apuradas de Afganistán hace un año Estados Unidos ha traído a casi 80.000 refugiados afganos, y desde que Rusia invadió Ucrania, unos 100.000 ucranianos han encontrado refugio en Estados Unidos.
El Tapón del Darién ha sido por mucho tiempo una barrera física y psicológica para los sudamericanos que quisieran marchar al norte (véase «Escapar por el infierno», Brecha, 19-VIII-22), pero el hecho de que más y más venezolanos encaren y superen el desafío indica que más de ellos seguirán pasando. «Esto seguirá ocurriendo por mucho tiempo, porque no se les puede enviar de regreso a Venezuela», indicó Adam Isacson, de la Oficina de Washington para América Latina. «Ahora que la gente se las arregla para cruzar ese horrible, horrible Tapón del Darién, no sé qué podrá detenerlos. Esto puede ser el inicio de una gran migración en el otoño [boreal]».
La razón principal por la que los migrantes venezolanos no pueden ser devueltos a su país es que Washington califica al gobierno del presidente Nicolás Maduro como un régimen dictatorial, cuasi comunista, y, por lo tanto, quienes de él escapan ameritan la protección humanitaria de Estados Unidos. En marzo de 2021, el presidente Joe Biden extendió a Venezuela la designación de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un programa que da una residencia legal temporal a ciudadanos de países donde ha habido desastres naturales o donde esos extranjeros temen la persecución y la violencia. El TPS solo beneficia a los venezolanos que ya estaban en Estados Unidos antes de esa fecha, que se suman a los ciudadanos de Afganistán, Birmania, Camerún, El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Ucrania y Yemen.
Es por eso que los venezolanos que ahora llegan y cruzan la frontera por puestos de ingreso legales inmediatamente solicitan asilo. En cumplimiento del trámite legal, quedan en libertad a la espera de su audiencia ante las autoridades de inmigración, a las que deben convencer de que tienen motivos legítimos para pedir asilo.
AHÍ SE LOS MANDAMOS
A mediados de 1961, el Congreso de Igualdad Racial organizó una serie de Travesías de la Libertad (Freedom Rides), en las que activistas blancos y negros, en su mayoría de estados del norte, iban en ómnibus al sur para verificar cuán eficaz era la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que prohibía la segregación racial.
A George Singlemann, miembro del Consejo de Ciudadanos de Nueva Orleans y un racista tan extremo en sus prejuicios contra negros y judíos que el obispo católico lo había excomulgado, se le ocurrió una idea ingeniosa: ya que los del norte tenían tanta simpatía por los negros, ¿por qué no enviárselos allá? En el curso de un año, en las Travesías de la Libertad en Reverso, en las que se prometía empleo y un ambiente racial más confortable, unos 400 negros viajaron al norte patrocinados por los racistas blancos del sur. Unas 95 familias fueron enviadas a Hyannis, Massachusetts, por entonces un pequeño balneario pituco en Cape Cod, donde la familia Kennedy tenía su residencia de verano.
En semanas recientes los gobernadores republicanos de Arizona, Texas y Florida han despachado en ómnibus o aviones a unos 15 mil migrantes a Chicago (Illinois), Washington DC, Nueva York y Massachusetts, donde hay gobiernos demócratas. El primero con la idea ingeniosa fue el gobernador Greg Abbott, de Texas, quien ha enviado a más de 11 mil migrantes a Chicago, Nueva York y Washington, donde los trasladados quedaron, sin más explicación, en la vereda frente a la estación central Union Station o cerca del Observatorio Naval, en cuyo predio está ubicada la residencia de la vicepresidenta, Kamala Harris. La alcaldesa de Washington DC, Muriel Bower, declaró a comienzos de setiembre una emergencia pública y pidió ayuda a la Guardia Nacional para acomodar a casi 10 mil migrantes trasladados desde Texas y Arizona.
En los últimos días, mucho alboroto ha causado el traslado de medio centenar de migrantes, casi todos venezolanos, desde San Antonio, Texas, a Martha’s Vineyard, una isla al sur de Cape Cod, donde tienen sus residencias veraniegas Barack Obama y otros personajes célebres. No se trata de inmigrantes indocumentados, sino de personas que están a la espera del trámite de sus solicitudes de asilo. Este ha sido un traslado con historial entreverado: lo organizó y pagó por él el gobernador (republicano) de Florida, Ron DeSantis, quien va emergiendo como posible competidor de Donald Trump por la candidatura presidencial en 2024.
«Si hay estados que se ofrecen como santuario para los migrantes, pues que los reciban y así compartimos la carga que ahora solo recae en los estados fronterizos, donde los migrantes quedan abandonados en las calles y donde ya no hay más sitio en los albergues», dijo DeSantis. Para el trasiego, el gobernador utilizó fondos que la legislatura de Florida había autorizado para sacar a migrantes de Florida hacia otros estados. Y resulta que, por razones todavía no aclaradas, DeSantis envió aviones a Texas (fuera de Florida), que recogieron a los trashumados en San Antonio, hicieron escala en Florida y Carolina del Norte y aterrizaron sin aviso previo en Martha’s Vineyard.
DE CÁLCULOS Y PATALETAS
Iglesias, grupos de derechos humanos y abogados que ayudan a los migrantes han clamado indignados por lo que califican como «tráfico humano» y por el cinismo de los gobernadores republicanos que buscan ganar puntos en las encuestas cuando faltan menos de siete semanas para las elecciones de medio término. Por su lado, los medios de derecha y los republicanos hacen una alharaca similar acerca de la hipocresía de los gobiernos de estados y ciudades que se proclaman como acogedores para los migrantes, pero se quejan cuando les llegan por cientos y miles.
Una paradoja en esta circunstancia es que los mismos gobernadores republicanos que, de forma rutinaria, denuncian y condenan a los «regímenes comunistas y dictatoriales» de Venezuela, Cuba y Nicaragua fletan en aviones y ómnibus a miles de venezolanos que buscan asilo. DeSantis, que con esta movida puede haber henchido un poco más su imagen entre los republicanos a nivel nacional, pone en riesgo el respaldo que puedan darle los cubanos, venezolanos, colombianos y nicaragüenses que han hallado en Florida un alivio para sus tribulaciones.
En cuanto a los migrantes que, atraídos por promesas falsas e informaciones equívocas, aceptaron los traslados, el resultado no es tan malo a pesar de todo: han tenido viajes gratis desde regiones donde se aglomeran más y más migrantes a ciudades y estados donde ahora reciben asistencia pública, asesoramiento legal, albergue, comida, ropa y el apoyo de iglesias y grupos de voluntarios. En poco tiempo, estos migrantes, a quienes la apuesta nativista y la miopía política de los republicanos han dispersado por el interior del país, recorrerán la senda de millones de extranjeros: refugio, asilo, visa temporal, residencia legal permanente, ciudadanía.
Estos migrantes, sean de Venezuela o de cualquier otro sitio, documentados o indocumentados, son en su gran mayoría jóvenes. Aunque los latinos son sólo el 18,6 por ciento de la población de Estados Unidos, han sido responsables por 73 por ciento del crecimiento de la fuerza laboral estadounidense desde 2010. Entre los censos de 2010 y de 2020, los latinos han añadido trabajadores a la fuerza laboral del país a una tasa casi 15 veces más alta que los no latinos. En un país donde la población nativa disminuye y envejece, los inmigrantes aportan una importante cuota en el incremento demográfico, el de la mano de obra y, en unos años, el del electorado.
