El viernes pasado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de Naciones Unidas ordenaba a Israel que detuviera de inmediato «su ofensiva militar en la gobernación de Rafah y cualquier otra acción que pueda llevar a la destrucción total o parcial de los palestinos como grupo». Lo hacía en el marco de «sus obligaciones bajo la Convención Internacional contra el Genocidio». Tres días después, las tropas israelíes perpetraban una de las mayores masacres cometidas en esa región del sur de la Franja de Gaza desde que comenzaran a atacarla por tierra, el 6 de mayo: el bombardeo de un campamento de personas desplazadas ubicado supuestamente en un área protegida. Al menos 50 personas murieron en ese ataque, al que siguió un incendio. Médicos sin Fronteras habló de «escenas de horror inimaginable»,...
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