Según lo informado, el PIT-CNT tomará posición definitiva, en la reunión de su órgano de dirección del 10 de agosto, sobre la iniciativa de varios sindicatos de promover un plebiscito para incorporar en la Constitución de la República disposiciones que dejen sin efecto los aspectos más regresivos y antipopulares de la reforma jubilatoria aprobada por la coalición multicolor, así como de blindar para el futuro el sistema de seguridad social contra nuevos atropellos (véase «Los límites de la unidad», Brecha, 14-VII-23).
Se trata, a nuestro juicio, de un esfuerzo impostergable e imprescindible. Impostergable, porque hay plazos que deben cumplirse y no son holgados, aunque este nuevo desafío parece sencillo después de haber conseguido 800 mil firmas para someter a referéndum 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), cuestión bien compleja por la dificultad de explicar a la ciudadanía un conjunto enorme de temas muy distintos.
Ahora, en cambio, se trata de obtener poco más de la tercera parte de aquella cantidad de adhesiones, y esto para someter a referéndum un tema muy específico y de perjuicios muy claros para una parte importante de la población: la gran mayoría de las personas que aún no se han jubilado. Pero, igualmente, las firmas deben juntarse en un plazo relativamente breve (hasta abril), que, además, incluye las festividades de fin de año y la siesta veraniega uruguaya.
Y ese esfuerzo es imprescindible, porque la otra alternativa (esperar que el Parlamento a instalarse en 2025 derogue la reforma jubilatoria multicolor y apruebe una nueva que, por fin, consagre la seguridad social como la materialización de un derecho y no como un servicio oneroso para quien pueda pagarlo) es extremadamente insegura. Porque para nada está garantizado que vaya a haber un cambio de mayorías (las últimas elecciones han sido extremadamente parejas y casi siempre los resultados han desairado las encuestas y a quienes compraron a cuenta con base en ellas); y, aun si hay un cambio de derecha a izquierda, tampoco está asegurado que en el nuevo Parlamento el gobierno tenga las mayorías necesarias, lo que en los tiempos recientes se ha conseguido casi siempre a último momento. Además, suponiendo que las hubiera, tampoco puede afirmarse por eso que la ley se va a derogar: las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, creadas en 1995, que han sobrevivido a cinco gobiernos, tres de los cuales no simpatizaban con ellas, son la mejor prueba en tal sentido.
Por otra parte, si la elección no se gana, las mayorías no se obtienen o el entusiasmo derogatorio decae entre quienes ganen, se estaría congelando probablemente por cinco años la posibilidad de cambiar las cosas, porque, aunque las firmas se obtengan en el mismo mes de marzo de 2025, la Constitución dispone que el plebiscito se lleve a cabo con la próxima elección, que bien puede ser en 2029.
A pesar de todo esto, que es indiscutible, sectores importantes del movimiento sindical y del Frente Amplio (FA), que creen con firmeza que la reforma aprobada es enormemente negativa, pero que se ubican en el ala que suele denominarse «moderada», no solo tienen dudas sobre la conveniencia del plebiscito, sino que muchos de ellos predican su inconveniencia. Vale la pena analizar los argumentos planteados, algunos a mi juicio sorprendentes, para llegar a esa conclusión.
El primero es que una ley debe derogarse con otra, explícitamente (derógase…) o implícitamente (sustituyéndola por otra que establezca diferente cosa), y que no corresponde hacerlo por la vía de introducir una nueva disposición en la Constitución. Esto, desde luego, es discutible, pero parece sobre todo una razón de muy poco peso con relación a la magnitud del problema: se trata no de utilizar la práctica jurídica perfecta (porque es bueno señalar que ambas son posibles y válidas), sino de parar un atropello contra miles y miles de personas, a las que se les cambian las reglas de juego por otras, nefastas, a mitad del partido. Por otra parte, en un régimen democrático la soberanía reside en los ciudadanos, y entonces, ¿qué es mejor? ¿Que una cuestión de esta magnitud la defina un órgano representativo, como es el Parlamento, o la ciudadanía en su conjunto en un plebiscito? Debería ser difícil no estar de acuerdo en la respuesta.
Quienes se preocupan por esta supuesta imperfección, asimismo, señalan el peligro de establecer «cerrojos» constitucionales que, en el futuro, impidan actuar al gobierno porque la Constitución no le permitiría hacer lo que desea. Esto, que es lo que le ha pasado a la izquierda con cualquier cosa que ose rozar la propiedad privada, se volvería contra los que, en el futuro, vuelvan a tentarse con hacerle pagar los platos rotos a la gente. Pues justamente de eso se trata: de un cerrojo, de impedir, en este caso, no de poner límites a la propiedad privada, como en el ejemplo, sino de poner un escudo protector al sistema jubilatorio. ¿O es que en algún momento miraremos otra vez con cariño el subir la edad jubilatoria o rebajar las prestaciones?
Otra preocupación que se ha planteado es que introducir el tema de una reforma constitucional puede distorsionar la campaña electoral e incidir sobre el resultado de las elecciones. Esto probablemente pueda ser cierto, pero mucho más probablemente sería favorable, porque obligaría a la coalición a salir a defender una medida claramente impopular y que difícilmente resuelva el problema del financiamiento del sistema jubilatorio, que lo que necesita son más ingresos, que tienen que provenir de la solidaridad social y no de apretar el cuello de los que ya están ahorcados.
A su vez, un argumento que se ha manejado desde alguna cátedra es que la presentación de un proyecto de modificación de la Constitución por la vía del apoyo popular abre la posibilidad de que se presente un proyecto parlamentario sustitutivo, que se plebiscite junto con el popular, y que podría ser el que obtuviera la mayoría. Técnicamente esto es correcto, pero política y socialmente es en extremo improbable, porque implicaría que el proyecto sustitutivo sea más favorable que la vuelta a las condiciones anteriores, exactamente lo contrario de lo que desea y ha hecho la mayoría gobernante, que es la que debería votar ese proyecto sustitutivo, y que solo ha atinado a cargar los supuestos desfinanciamientos sobre las espaldas de los sectores populares.
También se sostiene que la reforma aprobada tiene cosas favorables para algunos sectores que se podrían perder en el plebiscito, lo cual impulsaría a no votar por sí, pero esto depende de qué es lo que se plebiscite: por ejemplo, si la consulta es sobre el mantenimiento de la edad mínima de acceso a la pasividad, las mejoras que se han obtenido en algunas pensiones no están en juego en modo alguno.
Todo esto muestra que es muy importante definir con precisión, y atendiendo a todas las repercusiones posibles, qué es lo que se va a plebiscitar. No se trata de juntar todos nuestros deseos y reivindicaciones para que se hagan realidad de una vez, sino de armar cuidadosamente la consulta para que los efectos positivos de su aprobación sean enormemente mayores que algún perjuicio que se pueda causar y que se debe procurar evitar.
Que todo esto salga adelante depende, indudablemente, de la posición que adopte el PIT-CNT, de que sea unitaria, de la fuerza con la que lo impulse y de que conserve el carácter apolítico. Esta no debe ser la lucha de un partido político, sino de la ciudadanía, y no debe perderse un solo voto por especulaciones políticas: el objetivo tiene que ser social.
En cuanto al FA, como hizo con la LUC, debe abrazar las banderas que el pueblo levanta, porque ese es su cometido histórico. Sin afanes de perfilismo ni cálculos electorales. Lo que está en juego es el concepto de seguridad social, uno de cuyos soportes fundamentales es el sistema jubilatorio. Porque lo que caracteriza una seguridad social justa y equitativa es que los bienes y servicios que proporciona se correspondan con las necesidades y no con el aporte a su financiamiento. Exactamente lo contrario de lo que instituyó la reforma multicolor.
