Uso y abuso

El Ministerio de Defensa prometió un relevamiento de los inmuebles incautados durante la dictadura que están hoy en manos de las Fuerzas Armadas. El anuncio sobreviene tras la publicación de Brecha que demostró que un apartamento en el que vivió Elena Quinteros sigue siendo utilizado 40 años después por el Ejército, concretamente para alojar a oficiales junto a sus familiares.

Foto: Manuela Aldabe

El propio ministro, Eleuterio Fernández Huidobro, fue quien debió salir a dar explicaciones, luego de una investigación de Brecha que corroboró el uso por parte del Ejército de un apartamento en el que vivió Elena Quinteros (la unidad 103 del edificio ubicado en Ramón Massini 3044) y de donde habría sido secuestrada por primera vez.

Fernández Huidobro dijo que desconocía este caso y alegó que “ningún ministro de Defensa podía imaginárselo”. Sin embargo no descartó que surjan otras situaciones similares mediante el relevamiento que habría resuelto (no sin antes adelantar que necesitará recursos, “porque sale caro”). Se trata de una nueva investigación administrativa que el jerarca debe abrir frente a irregularidades en la cartera bajo su responsabilidad (que está también en el candelero por los recurrentes robos de armas y municiones en dependencias militares) y que tendrá resultados inciertos.

A partir de la información sobre bienes incautados en la dictadura el ministerio deberá decidir si toma acciones de reparación. La definición deberá ser política, y entre las posibilidades manejadas figura brindar a las propiedades un fin acordado con los involucrados, o en el caso de que hayan fallecido, con sus familiares o las organizaciones que hayan integrado, dijeron a Brecha fuentes de esa secretaría de Estado.

“Me parece muy bien la investigación de Brecha, que nos ilumina respecto de cosas que pueden estar pasando hoy mismo”, respondió Fernández Huidobro al ser entrevistado por la periodista Georgina Mayo para el informativo de Televisión Nacional del Uruguay (Tnu), aunque no respondió a los reiterados intentos del semanario de consultarlo. Tampoco lo hizo el director de Asuntos Jurídicos, Notariales y Derechos Humanos del ministerio, Roberto Caballero –a quien en el despacho de Fernández Huidobro se le define como el secretario personal del ministro.

“Hay transferencias de propiedades, hay que hacer una revisión histórica muy profunda”, dijo Fernández Huidobro a Canal 5. Y agregó que “es probable” que este apartamento debió haber sido restituido al final de la dictadura, aunque se abstuvo de informar lo que hará: “Hay que averiguar el origen de todos los inmuebles, de dónde vinieron, y en el caso tomaremos las medidas correspondientes”. El ministro de Defensa también logró ser contactado telefónicamente por Subrayado (Canal 10). En diálogo con ese medio afirmó que necesita conocer el origen de los padrones para “así ver qué hago, qué espacio legal tengo para hacer alguna cosa”.

También recordó que de su ministerio depende directamente el local donde funcionó la Cárcel del Pueblo del Mln, “de la que fui responsable siendo tupamaro y ahora soy responsable como ministro”, que quiso entregar al Museo de la Memoria y a la Intendencia de Montevideo “y no la quieren”.

En sus declaraciones a Canal 5 Fernández Huidobro dijo que hay unidades militares “que fueron construidas en chacras que pertenecían al Mln”, e incluso destacó que “hay un cuartel que esta edificado en un bien que era del Mln”. Uno de los artículos de Brecha publicados la pasada semana, que abordaba el historial de apropiaciones indebidas de dinero y bienes durante la dictadura, hace mención justamente a una chacra ubicada en la ruta 31, perteneciente a tupamaros disidentes, comprada por el antiguo dueño de radio Fénix, incautada en 1974, y que pasó a ser el predio donde se instaló el Regimiento de Artillería Antiaérea.

“Deben de haber hecho la misma cuestión legal, que como eso pertenecía a los sediciosos, porque así fue catalogada la mártir, pasó a la jurisdicción del Ministerio de Defensa. El problema es que en algunos casos puede haber derechos adquiridos, con ese mismo criterio personas pudieron haberlas comprado de buena fe”, expresó el ministro a Canal 10.

En la misma investigación del semanario también se detalló el uso que se le está dando al inmueble en el que vivió Elena Quinteros en 1976. De acuerdo al militar que actualmente vive en el apartamento, se utiliza como vivienda para oficiales del Interior (“Cuando vos te casás tenés derecho a una vivienda de servicio, siempre y cuando haya una disponible”). Fuentes del Ministerio de Defensa Nacional (Mdn) admitieron que el uso de estas viviendas es muy discrecional y que suele ser el jefe de cada unidad el que decide a quién se le otorgan, en función de lo que considera buenas conductas o lealtades de sus subordinados.

 SENTENCIA PERDIDA. Para Brecha fue imposible acceder a una comunicación con Fernández Huidobro, pero en cambio sí logró una respuesta de la Suprema Corte de Justicia a propósito del contenido de la sentencia interlocutoria del 29 de diciembre de 1979 que, al parecer, según una decisión del juzgado militar, habilitaba al Batallón 13 de Infantería a disponer del uso del apartamento donde residió la maestra Elena Quinteros. La inquietud era legítima, porque esa sentencia interlocutoria podría explicar qué clase de conflicto de intereses ocurría en torno al apartamento de la calle Massini, en tanto un decreto-ley de 1975 habilitaba a las Fuerzas Armadas a disfrutar de la posesión de los bienes que podían ser confiscados durante los operativos represivos. En una primera gestión, funcionarios de la Scj habían informado que el legajo de esa sentencia, y decenas de otras dictadas en el curso de 1979, “no están”.

Brecha había solicitado a la Suprema Corte, por intermedio del responsable de sus relaciones con la prensa, Raúl Oxandabarat, una gestión para ubicar ese documento. A comienzos de esta semana Oxandabarat se comunicó con el semanario para informar que “efectivamente, el legajo no aparece”, después de una búsqueda en la biblioteca y en uno de los archivos de la Scj. Según el funcionario, hay otra instancia de búsqueda en el archivo general de la Suprema Corte y en el Archivo General de la Nación. Oxandabarat dijo no tener una explicación concreta de la falta de esos documentos de 1979, pero aventuró que podría tratarse de “un desorden” de la época. “Lo real es que los legajos no están”, dijo.

Aunque no se descarta una intencionalidad en la desaparición de los documentos, tal acción sería incongruente, porque el traspaso de la propiedad de Elena Quinteros y su fundamentación están debidamente documentados en la Dirección General de Registros. No hay dudas de que el apartamento está administrado por la División 1 de Ejército, tal como confirmó Brecha con el militar que actualmente lo ocupa.

Habría que preguntarse, en cambio, si la desaparición de la sentencia (o las sentencias referidas a propiedades de “sediciosos” incautadas por las Fuerzas Armadas) guarda relación con una grave omisión de la primera presidencia de Julio María Sanguinetti, puesto que el decreto-ley que habilitaba a quedarse con los bienes incautados fue anulado por otra ley, de marzo de 1985. Los términos de esa ley anulatoria nunca fueron aplicados en lo que tiene que ver con propiedades confiscadas.

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Elena Quinteros aparece mencionada, por primera vez, en un legajo militar.

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