Las primeras encuestas sobre intención de voto para las próximas presidenciales empezaron a circular y dos de ellas auguran un triunfo de Cristina Fernández sobre Mauricio Macri en balotaje. El clima preelectoral de derrota para el oficialismo se palpa, además, en la decisión de los gobernadores de separar sus comicios provinciales de la elección presidencial de octubre, para evitar el efecto arrastre al que podría exponerlos la imagen del presidente en busca de la reelección.
Con la excepción de María Eugenia Vidal, gobernadora de Buenos Aires, y Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de la capital, las otras gobernaciones en manos del oficia-lismo corresponden a la Unión Cívica Radical (Ucr), aliado estratégico del macrismo dentro de Cambiemos. Los gobernadores provinciales que responden a la Ucr no quieren perder en sus territorios y por eso decidieron desdoblar los comicios y alejarse lo más posible de la elección presidencial. Para ellos hace ya un año que el presidente es un salvavidas de plomo. Es entendible el razonamiento de los caciques radicales. Junto con el peronismo y el viejo partido Socialista, la Ucr integra el terceto de organizaciones políticas con reconocimiento electoral en cada uno de los distritos del país. Macri y el Pro nunca hubieran alcanzado la presidencia sin contar con la alianza de un partido de alcance nacional. Tras el festejo de diciembre de 2015, la euforia empezó a decantar a medida que las políticas emanadas de la Casa Rosada comenzaron a generar reclamos sociales. La inflación indomable, la escalada imparable del precio del dólar, la vuelta al regazo del Fmi, el cierre de fábricas en todo el país con el consiguiente aumento del desempleo del 6,8 al 9,7 por ciento en diciembre pasado les alcanzó a los radicales para entender que el intento de una reelección de Macri al frente de la Rosada pone en riesgo sus propios votos territoriales. La ruptura de Cambiemos en la provincia de Córdoba muestra los cortocircuitos entre radicales y macristas, abonados por el presidente de la Convención Nacional de la Ucr, Jorge Sappia, para quien los tiempos del centenario partido están agotados dentro de la coalición Cambiemos, “si no vamos hacia políticas progresistas en atención de los problemas de la gente”.
El radical Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y titular de la Ucr, decidió que en la provincia se vote el 29 de setiembre. Su compañero Gerardo Morales, de Jujuy, decidió votar el 9 de junio igual que Tucumán, Chubut y Entre Ríos, aunque estas tres están en manos de la oposición peronista (véase nota de página12).
BAILANDO SIN CRISTINA. Como siempre ocurrió en el peronismo, los traidores, al decir de Juan Perón, están a la orden del día. Apenas ganó la reelección en Salta en 2015, el peronista Juan Manuel Urtubey reconoció el liderazgo de Cristina Fernández, aunque hoy reniegue de ella. Sergio Massa, luego de abandonar su cargo como jefe de gabinete en el elenco oficial en 2013, obtuvo la intendencia de Tigre, un municipio del Gran Buenos Aires que lo catapultó a las primeras posiciones en la grilla de las presidenciales de 2015, donde obtuvo un modesto tercer lugar con fuerte apoyo de los grandes medios. Urtubey y Massa decidieron acercar posiciones ante el avance de Cristina Fernández en las encuestas, pero también en las adhesiones de los punteros políticos barriales y provinciales del peronismo en todo el país. A ellos se les sumaron el actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el titular de la bancada de senadores nacionales del peronismo, Miguel Pichetto, quien a su vez insiste en tentar al economista Roberto Lavagna para presentarse como quinta opción del grupo. Los cinco integran un espacio ecléctico llamado Alternativa Federal, donde además aseguran que no hay lugar para Cristina Fernández porque “es parte del pasado”.
Tanto Urtubey como Massa se mostraron con el presidente Macri en actos oficiales como prenda de unidad nacional, hasta comienzos de 2017, cuando la situación económica con una creciente ola de despidos y el consiguiente desempleo empezó a mostrar la cara más cruda del modelo neoliberal. Los dos, además, anunciaban sus intenciones de competir por las presidenciales en 2019 como la variante prolija del macrismo, es decir un “capitalismo limpio, serio y honesto”, según lo definiera Massa en un encuentro de dirigentes de su partido, el Frente Renovador, a fines de 2017. Junto con el macrismo, Alternativa Federal (AF) buscó desde su nacimiento extender el certificado de defunción del kirchnerismo y contó con generosas coberturas periodísticas de los principales medios nacionales, no sólo sobre las acciones de dirigentes de AF, sino de las causas judiciales en las que se acusaba por corrupción al elenco gobernante hasta 2015.
La inclusión del economista Roberto Lavagna, ex ministro de Economía durante el final de la gestión de Eduardo Duhalde en 2003 y artífice junto con Néstor Kirchner de la quita de deuda en 2004 frente a los fondos buitre, agrega condimento a la interna. Lavagna critica con dureza a Cristina Fernández, pero reconoce que la herencia económica que dejará el macrismo “será mucho peor”. Por si faltara algo, Lavagna mantuvo reuniones con el conductor televisivo Marcelo Tinelli, “preocupado por la situación nacional y con ganas de aportar”, según dijo el ex ministro. Tinelli decidió dar sus primeros pasos en la arena política de la mano de Mario das Neves, el peronista gobernador de Chubut fallecido en octubre de 2017. Crítico de Cristina Fernández y de Macri, el conductor de Showmatch busca colarse por la puerta de Alternativa Fe-deral de la mano de Lavagna, aunque aún sin definir qué rol pretende en un armado político nacional.
SOLAMENTE TÚ. Por la vereda opuesta circulan las negociaciones del Partido Justicialista, encabezado por el ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja, un peronista histórico cercano a Cristina Fernández. El jueves 7 durante el congreso nacional del peronismo, Gioja llamó a un gran frente electoral en cada distrito para derrotar al macrismo en primera vuelta. De esa reunión salieron dos resoluciones centrales: autorizar a que el partido establezca las alianzas más convenientes en cada distrito en pos de un “frente patriótico” y el llamado a una mesa de consenso que incluya a Cristina Fernández y a los dirigentes de Alternativa Federal para lograr la unidad antes del 22 de junio, fecha límite para inscribir listas y candidatos.
Apenas mencionada durante los debates del congreso peronista, Cristina Fernández sigue siendo el nombre en torno al cual gira la vida electoral del peronismo. Ella no sólo tiende puentes con los intendentes con poder territorial, sino que cuenta con el apoyo de buena parte de los movimientos sociales surgidos luego de la debacle de 2001. Juan Grabois es el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, organización que nuclea a cooperativas y emprendimientos sociales con fuerte arraigo en la provincia de Buenos Aires, pero con alcances en todo el país. En octubre de 2018 fundó el Frente Patria Grande (Fpg), con aspiraciones de ponerlo al servicio del proyecto electoral encabezado por Cristina Fernández. Grabois viene del cristianismo católico y tiene llegada con el papa Francisco, quien ya bendijo no sólo al Fpg, sino que ve con buenos ojos la postulación de Cristina Fernández. Y no es el único.
Desde el sindicalismo, el camionero Hugo Moyano anunció su apoyo a una candidatura de la ex presidenta “para frenar a Macri”. Junto con él se expresaron las dos variantes de la Central de Trabajadores Argentinos (Cta), tanto la que representa el docente Hugo Yasky como la del líder de los gremios estatales, Pablo Micheli. Ambos apoyan a Cristina Fernández como alternativa a Macri y los candidatos peronis-tas de Alternativa Federal. En ese camino, también la Cgt, ahora encabezada por la dupla conformada por Héctor Daer y Carlos Acuña, se vio desbordada por los reclamos de trabajadores despedidos, gremios y mo-vimientos sociales, y decidió acompañar una protesta nacional para el 4 de abril que será encabezada por los pequeños y medianos empresarios, contra la política económica y en especial los acuerdos firmados con el Fmi. Pese a las presiones sociales, nadie habla de paro general, por ahora.
En el último año, después de varios cónclaves, los 47 intendentes peronistas en la provincia de Buenos Aires decidieron sumar su apoyo a Unidad Ciudadana, el espacio liderado por Cristina Fernández, descartando cualquier armado con los peronistas prolijos de AF. Con esa base territorial ya hay dos precandidatos lanzados a la gobernación para competir con María Eugenia Vidal, la mandataria provincial que por ahora apunta a la reelección, aunque no está descartada como reemplazo de Macri en las presidenciales. Verónica Magario es la intendenta de La Matanza, el más populoso distrito bonaerense, y por eso el de mayor peso electoral. Desde que asumió la intendencia y juró fidelidad a Cristina Fernández, suena como candidata a gobernadora, cosa que pondría por primera vez a competir a dos mujeres por el ejecutivo provincial. El otro es el ex ministro de Economía de Cristina Fernández y actual diputado nacional, Axel Kicillof, quien mide por encima de Vidal en seis distritos del Gran Buenos Aires y hace seis meses recorre los diferentes municipios en campaña proselitista. Ambos cuentan con el apoyo de las bases kirchneristas en la provincia de Buenos Aires más allá de los distritos que rodean a la capital. Una veintena de intendencias en plena pampa bonaerense están gobernadas por el kirchnerismo y padecen las políticas de ajuste implementadas desde la Casa Rosada, con lo cual el voto bronca encuentra eco en las propuestas de Kicillof.
En el resto de las provincias, los acercamientos con Cristina Fernández son cada día más fuertes, con excepción de Córdoba, donde el actual mandatario, Juan Schiaretti, después de la ruptura de Cambiemos en ese distrito, parece tener el camino allanado para una reelección. La reelección de Omar Gutiérrez por el Movimiento Popular Neuquino, el domingo pasado, debiera leerse con cuidado teniendo en cuenta que ese partido provincial gobierna Neuquén ininterrumpidamente desde 1962 –incluso bajo las dictaduras militares– y constituye una rara avis en la política nacional. El segundo puesto fue para Ramón Rioseco, el candidato del peronismo kirchnerista que aventajó a Cambiemos por más de diez puntos.
CÓMO LE HAGO SIN TI. “Cristina tiene que definirse, dejar las vacilaciones y ponerse al frente de una coalición opositora que termine con este gobierno”. Aunque suene extraño, las palabras pertenecen al senador nacional Fernando Pino Solanas, crítico del kirchnerismo cuando promediaba el gobier-no de Néstor Kirchner, pero íntimo amigo de Cristina Fernández desde que comparten las bancas opositoras en el Senado. Su antikirchnerismo llegó a tal punto que en 2013, cuando se conformó la alianza con Elisa Carrió, la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, fue precandidato a la jefatura de gobierno porteño por esa coalición en la que finalmente los radicales y Carrió patearon el tablero para organizar Cambiemos.
De los restos de aquella experiencia que pretendía el progresismo quedaron los socialistas gobernando la provincia de Santa Fe, mientras Solanas alcanzó la banca en minoría en el Senado por la capital. El progresismo, diezmado hoy, sólo atina a reclamar el liderazgo de Cristina Fernández para detener al macrismo. Así lo indica también la experiencia de Unidad Popular, el partido conformado por el fundador de la Cta y ex secretario general Víctor de Gennaro y el economista Claudio Lozano, agrupación que no alcanzó a superar el piso del uno por ciento de votos en los dos últimos comicios presidenciales y parlamentarios. Ellos también forman parte de la diáspora progresista que por estos días reclama la realización de internas abiertas en busca de conformar un proyecto de unidad para ganar las elecciones del 27 de octubre.
Toda esa franja de centroizquierda que representa aproximadamente un cinco por ciento de votos busca un lugar bajo el sol electoral y hace al unísono un guiño a Cristina Fernández. Pino Solanas lo expuso sin vueltas. “Una tercera opción electoral en esta coyuntura es entregarle el triunfo al macrismo nuevamente. Necesitamos un frente patriótico para organizar un gobier-no de transición”, dispara Solanas ante los medios ante cada consulta.
SE DICE DE MÍ. Apenas Macri llegó a la Casa Rosada se activaron las causas judiciales contra ex funcionarios del gobierno kirch-nerista. Así terminaron en prisión el ex ministro de Planificación Julio de Vido, su segundo José López, el ex secretario de Planificación Roberto Baratta, el ex vicepresidente Amado Boudou, el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zaninni, entre los más conocidos. Sobre la ex presidenta Cristina Fernández pesan seis causas judiciales y en dos de ellas fue procesada con prisión preventiva por el juez federal Claudio Bonadío, medida que no pudo llevarse a la práctica porque los fueros parlamentarios la protegen.
Sin embargo, resultan curiosos los pasos judiciales que en general coinciden con los movimientos políticos de la ex presidenta. Cuando las consultoras Hugo Haime y asociados y Query Argentina la ubican como posible ganadora en un balotaje frente a Mauricio Macri por casi 12 puntos, Bonadío decide procesarla por séptima vez. Ahora se trata de dos documentos históricos hallados durante el allanamiento de la casa que Fernández posee en la ciudad de El Calafate, en Santa Cruz. Una carta del general San Martín al chileno Bernardo O’Higgins y el prontuario policial del ex presidente Hipólito Yrigoyen. Mientras Bonadío regula los procesamientos judiciales de Cristina Fernández y sus ex funcionarios, surgió inesperadamente un contratiempo.
En agosto de 2018 un ex suboficial del ejército devenido chofer entregó al fiscal federal Carlos Stornelli fotocopias de ocho cuadernos donde apuntó diariamente los recorridos de su jefe, el ex secretario de Planeamiento Roberto Baratta cobrando sobornos a empresarios de la construcción. Esos escritos se convirtieron en prueba para la causa judicial conocida como los “Cuadernos de la corrupción K”, trámite judicial que permitió el desfile de ex funcionarios y grandes empresarios dedicados a obras de infraestructura como contratistas del Estado nacional. El caso mantuvo la atención de la opinión pública a partir de las portadas de los diarios Clarín y La Nación y de las horas de tratamiento en programas de televisión, y colaboró con el clima de condena social a la administración anterior por corrupción. Uno de los empresarios procesados por el presunto pago de sobornos, Pedro Echebest, denunció ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que fue chantajeado por un falso abogado, quien en nombre del fiscal Stornelli le exigía 300 mil dólares para desvincularlo del caso. La denuncia llevó a prisión al falso abogado Marcelo D’Alessio y al procesamiento de Stornelli acusado de extorsión. El caso hizo estallar las alarmas en la Casa Rosada, no sólo por los vínculos de Stornelli con el poder, sino por la cercanía de D’Alessio con funcionarios nacionales como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.1
Desde el comienzo del macrismo el poder judicial fue una pieza importante en la maquinaria de destrucción del kirchnerismo. En un año electoral decisivo para el macrismo, las causas judiciales por corrupción pasan a ser decodificadas en clave necesariamente política.
DEL CAÑO. Los herederos de Trotsky en Argentina, nucleados mayoritariamente en el Frente de Izquierda y los Trabajadores (Fit), vienen haciendo un trabajo electoral prolijo desde 2003, recogiendo los reclamos de las asambleas barriales al grito de “que se vayan todos” y sosteniendo el cuarto lugar en las últimas tres elecciones generales. Aunque no les alcanzan los votos para ser opción de poder, ya tienen presencia en la Cámara de Diputados, en las legislaturas de cinco provincias y en los concejos deliberantes de una docena de pueblos en otras tantas provincias. Liderados por el joven Nicolás del Caño, actual diputado nacional, insisten en un frente más amplio y convocan al ex diputado Luis Zamora, hoy líder indiscutido de la agrupación Autodeterminación y Libertad (Ayl), a unírseles. Zamora suele presentarse en la ciudad de Buenos Aires, donde ya colocó dos diputados en la legislatura de la capital y concita las simpatías de los vecinos, que suelen otorgarle entre un 3 y 5 por ciento de los votos en cada elección.
Más allá del Fit, quedan sueltos otros dos sectores similares: el Nuevo Mas y el Movimiento de Trabajadores Socialistas (Mst), ambas, agrupaciones con más presencia militante en las movilizaciones del colectivo de mujeres en los últimos años que en poder de voto. Ni una ni otra pudieron alcanzar el uno por ciento del padrón que exigen las Paso (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pautadas para agosto) para presentarse en las elecciones generales.
Los próximos tres meses serán decisivos para definir alianzas y candidaturas de cara a octubre, aunque todos los analistas políticos señalan una fortísima polarización en torno del macrismo y su oponente necesariamente peronista, no obstante aún falta definir quién será quién en el rompecabezas opositor.
1. El miércoles, en una reunión de la comisión de libertad de expresión de la cámara de diputados, el juez que investiga la causa Stornelli-D’Alessio habría aportado elementos para afirmar que D’Alessio también espió a legisladores uruguayos.
