El resultado del balotaje interrumpió tempranamente un ciclo que la derecha uruguaya presumía y anhelaba que fuera mayor al lapso acotado de un lustro. Las urnas, el pasado domingo, echaron por tierra la pretensión del presidenciable de la Coalición Republicana, Álvaro Delgado, de reelegir un gobierno «exitoso». Su condición de exsecretario de la Presidencia permitía una asociación rápida con la gestión de Luis Lacalle Pou, que, según las encuestadoras, tiene una opinión positiva entre los uruguayos. Sin embargo, cuando esas empresas desgranaban la gestión del gobierno, las respuestas se volvían negativas cuando se referían a la economía cotidiana (es decir, el poder de compra de los salarios y no los indicadores de la macroeconomía), a la seguridad pública, a la pobreza, entre otras cosas. A pesar de la opinión de algunos actores, toda elección nacional es un plebiscito sobre la gestión del gobierno de turno, y la población se expresó. Pero también es cierto que para que ello termine en el desplazamiento de la administración vigente es necesario un actor contradictor. El domingo pasado ese rol protagónico lo asumió el Frente Amplio (FA), o sea, la coalición de izquierdas gobernante durante los 15 años inmediatamente anteriores. Sin embargo, no fueron las bondades de los primeros diez años de su gobierno las que inclinaron, fundamentalmente, la balanza a su favor. El éxito radicó en propuestas superadoras de las políticas públicas del neoherrerismo que aumentaron las desigualdades sociales (profundizando la concentración de la riqueza de los malla oro), con extremos como el incremento de la gente en situación de calle y otros menos visibles, como el más de medio millón de personas con ingresos líquidos inferiores a 25 mil pesos. Los hogares constituidos por esos trabajadores son el sustrato de la pobreza infantil (alguna prédica que sustenta la resolución de dicha situación con base en el aumento de las asistencias monetarias soslaya la realidad y parece inducir a que la gente imagine que existe una ciudad autónoma de niños pobres). El trasfondo de esta elección fue el estancamiento económico y la comprobación de que el aumento del PBI en el período 2021-2022, en el que las tasas de crecimiento rondaron el 3,5 por ciento, solo sirvió para acrecentar la riqueza del 5 por ciento de los uruguayos. La inseguridad es el otro ítem que dejó al descubierto el fracaso de la política de «se acabó el recreo», a lo que debe agregarse el rosario de episodios de corrupción y opacidad en la acción gubernamental. Y también esa conducta del estilo del picudo rojo (el insecto que destruye las palmeras por dentro) respecto a las empresas públicas, como en el caso de ANTEL y UTE.
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El próximo gobierno frenteamplista deberá enfrentar un nuevo escenario institucional. Esta vez no contará con mayoría parlamentaria en las dos cámaras legislativas. Tendrá 17 senadores en 31, pero, en cambio, solo 48 diputados en 99. Eso supone la necesidad de negociar en leyes fundamentales, como el presupuesto quinquenal y las rendiciones de cuentas, además de algunas nuevas legislaciones contenidas en su programa, como las modificaciones en la gobernanza de la educación, entre otras. La mayoría en el Senado le permitirá nombrar sin problemas autoridades en los entes autónomos y servicios descentralizados, así como embajadores y demás, pues estas nominaciones son resorte de dicha cámara.
La intención del Frente y del presidente electo, Yamandú Orsi, de un mayor crecimiento económico (con inclusión y mejor distribución) tiene el desafío de modificar la estructura productiva para que el país no dependa solo de la venta de commodities –Uruguay es tomador de precios– como lo establece hoy la división internacional del trabajo. Eso supone la apertura de nuevas áreas productivas y no solo el mejoramiento de los productos primarios que el país exporta. Y si bien el desarrollo de la tecnología y de las especialidades de la información y la comunicación es una vía, la administración frenteamplista deberá atender a esa parte de la población que no está en condiciones de trabajar como programadores de software. Desde hace varios lustros el 50 por ciento de los jóvenes no terminan secundaria. Hay espacio para nuevos desarrollos, según técnicos frenteamplistas, por ejemplo, procesar la soja que hoy se exporta solo como grano (se puede fabricar aceite y harina), introducir nuevos eslabones en la cadena celulósica-maderera, en la lana, en los cueros, etcétera. También resulta evidente que esos desarrollos son dependientes de una fuerte integración regional.
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Otra dimensión de las posibilidades y las intenciones del nuevo gobierno frenteamplista refiere a la capacidad de cumplir con el programa que prometió al electorado que lo llevó al triunfo. Tanto el discurso de Orsi como el de la vicepresidenta electa, Carolina Cosse, fueron dirigidos a sostener que su gestión contemplará a los uruguayos que no los votaron. La interrogante es cuánto de esas expresiones van en la dirección de licuar el programa aprobado por sus adherentes. Es evidente que hay una circunstancia objetiva que limitará la aplicación irrestricta de un programa progresista. Hay una afirmación que debe aplicarse por defecto y es la que sostiene que se gobierna para todos los uruguayos. Eso es así, pero el problema aparece cuando la izquierda (o el progresismo) entiende que para gobernar el país es necesario contemplar tanto los intereses del capital como los de los trabajadores, y tanto el conservadurismo de quienes se oponen a las políticas de género como a las minorías discriminadas, o cuando se deja de lado la cuestión ambiental en favor del crecimiento económico y, en función de las inversiones, se deja en el limbo una definición sobre el proyecto Neptuno, como insinuó Orsi después de la reunión con Luis Lacalle Pou, a pesar de que el FA se opuso a su concreción desde el inicio.
No tener vínculos con la fuerza política y con las bases sociales puede implicar repetir algunos de los errores que, después de la derrota de 2019, reconoció el FA. Una presidencia autárquica no parece un buen camino, si además la intención es ser potable para los poderes reales que trascienden el acceso al gobierno. Por otro lado, la campaña electoral y la actitud del Frente ante el plebiscito de la seguridad social plantean un escenario donde se vuelve necesario un nuevo diálogo con el movimiento social. La votación a favor del sí determinó que unas 700 mil personas desoyeran la posición de la mayoría de los grupos frenteamplistas. Los cantos de sirena que vienen desde integrantes de la coalición de gobierno, y la continua recurrencia a la singularidad de la democracia uruguaya, no pueden opacar la realidad social y económica difícil que viven los uruguayos y las demandas de ese 1.196.000 que eligió al FA y no a la derecha gobernante.
