Aunque sea una práctica extendida, no deja de sorprender el criterio que buena parte de los medios de comunicación aplican frente a la información de interés público que involucra a adolescentes: si el infractor es un adolescente en conflicto con la ley, en muchos casos se lo identifica –incluso se han dado batallas jurídicas en defensa de la libertad de expresión sobre la privacidad de estos menores–. Sin embargo, cuando un encumbrado político o empresario es procesado por explotar sexualmente a adolescentes se elude identificarlo en nombre de su derecho al honor y a la vida privada. La vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes está tan naturalizada en nuestra sociedad, que el reciente caso de Javier Moya, un “importante empresario puntaesteño” procesado con prisión por ...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate