Malos entendidos

La emergencia hídrica para la zona metropolitana lleva más de un mes de vigencia. En este marco, el gobierno está autorizado a llevar adelante «procesos jurídicos más rápidos y más sencillos», según lo anunciado por el presidente de la república, Luis Lacalle Pou, el 19 de junio. Por ejemplo, las obras anunciadas con el fin de paliar la falta de agua potable se podrían ejecutar con mayor celeridad. El 26 de junio, además, el gobierno resolvió exonerar a OSE de la obligación de contar con una aval del Ministerio de Economía y Finanzas «para las contrataciones necesarias que demanden las obras, los servicios y las compras de insumos a efectos de contribuir a la solución de la emergencia hídrica».

Una de las obras anunciadas en este sentido fue la del embalse del río San José, construido en la zona de Rincón de Buschental, junto con una cañería que llevaría el agua a Paso Belastiquí y de allí a la usina de Aguas Corrientes. Según lo prometido por el presidente en la conferencia del 19 de junio, las obras tardarían 30 días en ejecutarse (comenzando el 20 de junio) y acarrearían una inversión de 20 millones de dólares aproximadamente. No obstante, según lo consignado por El Observador (1-VII-23), las seis empresas contratadas por OSE (Espina, Cujó, Teyma, Stiler, Ciemsa y Saceem) admitieron que, en realidad, lo acordado con la empresa estatal fue que las obras tardarían el doble de tiempo.

El anuncio de esta medida llevó a que la Intendencia de San José –que desconocía el proyecto– elevara «oficios a OSE y al Ministerio de Ambiente (MA) con el objetivo de conocer los detalles del proyecto», según un comunicado oficial del gobierno departamental. En la respuesta a este pedido, OSE aclaró que el dique permitiría «independizar el agua dulce que escurre por el río San José de la influencia del agua salada proveniente del Río de la Plata», además de asegurar que la obra tendría un carácter provisorio. Asimismo, se aclaró que el embalse «se removerá en cuanto llueva lo suficiente para recomponer los caudales de los ríos Santa Lucía y Santa Lucía Chico».

La opacidad en torno al tema continuaba. El 10 de julio, el diputado frenteamplista Nicolás Mesa hizo un pedido de informes dirigido al MA y a OSE. Allí, solicitó que se identificara exactamente el caudal del río San José, el volumen estimado de agua que se planeaba bombear hacia la zona metropolitana, las posibles consecuencias de esta operación y los estudios sobre el impacto ambiental. También pidió saber si estas obras podrían afectar el suministro de agua potable a la localidad. Aún no obtuvo respuesta.

La falta de comunicación con la intendencia local no fue el primer traspié. El dique planificado (la primera etapa de la obra) fue construido. Sin embargo, a mediados de julio se derrumbó a causa de las lluvias.

DE CALLADO

Entre los imprevistos y ante la falta de información, fue el alcalde de Libertad, Matías Santos, quien pidió una reunión con las autoridades de OSE y del MA. La reunión tuvo lugar en Montevideo y estuvieron presentes el presidente de OSE, Raúl Montero, y el subsecretario de ambiente, Gerardo Amarilla. Santos relató a Brecha que allí le transmitieron tranquilidad y le pidieron su colaboración para ubicar a vecinos de la zona que tuvieran pozos semisurgentes en sus domicilios, a lo que la municipalidad accedió. «Nos adelantaron que la idea de sacar agua y tirarla para el río [San José] era la opción C, que ni siquiera era algo para hacer ahora, pero después se ve que cambiaron de idea y se largaron a hacer perforaciones propias», explicó.

Fueron los vecinos quienes advirtieron la presencia de máquinas que perforaban las veredas entre los caminos vecinales y los alambrados. Alarmados –y sin saber exactamente en qué consistía la obra–, contactaron al alcalde en busca de respuestas. En ese momento, Santos se comunicó nuevamente con las autoridades, pero esta vez para concretar una reunión en su propia localidad y con los vecinos presentes.

En esa oportunidad, se apersonó en Libertad el ingeniero José Pereira, que se presentó como «asesor del presidente de OSE». Santos relató a Brecha que allí se les comunicó que la idea inicial era hacer 100 pozos «para aumentar el caudal del río San José y así poder aportar 200 mil metros cuadrados de agua diarios» al Santa Lucía. No obstante, dijeron, gracias a las lluvias, los pozos «habían dejado de ser importantes y la obra iba a parar».

Tres días después, Mesa, acompañado por una geóloga, recorrió la zona de las obras. Constataron que cuatro pozos seguían en construcción y que tenían por lo menos 50 metros de profundidad. Ante esta revelación –y en vistas de que su pedido de informes no había sido contestado–, Mesa dijo al semanario que hizo un pedido de acceso a la información pública. Solicitó información sobre cuántos pozos se han hecho hasta la fecha; cuántos se proyecta hacer y su localización; el volumen total de agua a extraer; si está previsto el monitoreo de los niveles de descenso y recuperación del acuífero Raigón; durante cuánto tiempo se planea extraer agua de los pozos; si cuentan con autorización de la Dinagua, y la posibilidad de que se sequen otros pozos que están a la redonda.

Al mismo tiempo, el alcalde Santos dijo que, al tomar conocimiento de que las obras seguían en marcha, se Comunicó con el ingeniero Pereira para «hacerle acuerdo de que las perforaciones debían parar, como lo había anunciado». Pero la respuesta fue –según Santos– que las autoridades de OSE «estaban hablando con los gerentes de las empresas a cargo de los pozos y que aún no habían podido [detener las obras]». Brecha intentó comunicarse con Pereira, pero desde OSE dijeron al semanario que «la comunicación de la emergencia hídrica se debe hacer a través de Presidencia».

Entre tanto, en la sesión de la Junta Departamental de San José celebrada el día lunes, el Frente Amplio presentó una moción urgente para convocar a las autoridades de OSE y del MA. Se espera que los jerarcas participen de una reunión ampliada de la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

NO ES TAN ASÍ

En el marco de la discusión del proyecto de rendición de cuentas, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, se presentó este lunes en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. El diputado Mesa, integrante de ese espacio, consultó sobre el estado de las obras en el río San José. Preguntó si el río está en condiciones de aportar 200 mil metros cúbicos diarios y aclaró que «existe una resolución del Directorio de OSE por la cual, cuando se contrata a la empresa para hacer 20 perforaciones, se indica que el motivo de esas perforaciones es, justamente, aumentar el caudal del río San José. Entonces, no es un detalle menor si esas perforaciones son para aumentar el caudal o no». A su vez, preguntó si el carácter de estas obras es provisorio o permanente.

El ministro no atinó a contestar las preguntas. Quien se refirió al tema fue Luis Anastasía, director de la División de Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). Anastasía aseguró que, cuando se tomó conocimiento de la situación que enfrentaba el área metropolitana, «el MA empezó a participar activamente con OSE, asesorando e intercambiando información, en particular con la Dinama». Dijo además que «se llegó a un nivel tan crítico que se pensó en hacer obras complementarias para poder contar con una segunda fuente de agua dulce». A su vez, aseguró que se cuenta con los permisos correspondientes otorgados por el propio MA y que todas las obras son de carácter provisorio. Explicó también que se planificaba bombear un máximo de 200 mil metros cúbicos para verterlos al río Santa Lucía y que en condiciones de restablecimiento del caudal eso no era un problema. Por último, declaró que, «en el caso de que sigamos con esta especie de siete plagas de Egipto, que siga sin llover y que el río San José no se restablezca, lo que estaba haciendo OSE era una especie de investigación del terreno para recurrir al agua subterránea», dando a entender que actualmente no se está bombeando agua del acuífero Raigón.

NO ES PARA ALARMARSE

«Considero que no es conveniente ni responsable la afectación del acuífero Raigón para abastecer a Montevideo y el área metropolitana sin estudios profundos que fundamenten que es sustentable», dijo a Brecha Edgardo Ortuño, director de OSE por la oposición.

Ortuño opinó que las obras que se lleven adelante deben adaptarse a una política de Estado de mediano y largo plazo, en la que debería asegurarse el abastecimiento de agua potable, algo que no se está cumpliendo al efectuarse obras de corto plazo o aisladas. «Necesitamos consensos amplios y planificación, que es lo contrario a imposición e improvisación, o decisión sobre la marcha, que es lo que hemos tenido, por subestimar el tema del agua y priorizar el ajuste fiscal de cortísimo plazo», dijo. A su vez, explicó que el directorio en ningún momento discutió la realización de 100 pozos semisurgentes y que tampoco se contrataron; sí aseguró que «desde la presidencia de OSE se planteó la posible contratación y realización de esas perforaciones para aportar caudal al río con fuente subterránea, pero no se concretó y espero que quede sin efecto».

En esta misma línea, el subsecretario Amarilla dijo a Brecha que los pozos en San José responden a investigaciones sobre «la capacidad de provisión de agua subterránea en la zona», algo que, a su entender, no debería llamar a la alarma de la población. A su vez, aseguró que no se está bombeando agua desde el acuífero.