Sebastián Enrique Marset Cabrera aún permanece prófugo. Buscado por tierra, aire y mar por los principales servicios de inteligencia de la región, apoyados por la DEA (Drug Enforcement Administration), el narcotraficante ha tenido la suficiente habilidad para escabullirse de la Justicia, que lo investiga como responsable de una organización dedicada al tráfico de cocaína hacia Europa y África. La organización, con base en Bolivia y Paraguay y fuertes nexos con Brasil, tendría el control de la hidrovía del río Paraná y habría exportado la droga a través de contenedores incrustados en barcos transatlánticos en los principales puertos de la región, incluido el de Montevideo.
Marset estuvo a punto de ser detenido, a fines de julio, en Santa Cruz (Bolivia), pero el operativo fracasó. Esa investigación determinó que el narcotraficante más buscado de la región ingresó a territorio boliviano sobre mediados de 2022 y se instaló en el país del altiplano con un documento obtenido en el consulado de Brasil, bajo el alias Luis Paulo Amorim. Antes, en 2019, cuando comenzaba su ascenso en la escena narco regional, Marset consiguió una cédula boliviana bajo el alias Gabriel de Souza Beumer, que utilizó en reiteradas oportunidades para viajar entre Bolivia y Paraguay.
El uso de documentos apócrifos había provocado su detención en Emiratos Árabes Unidos (EAU) en octubre de 2021. Por esos días, Marset intentaba ingresar al país arábe con un documento paraguayo falso. Sus intentos por recuperar la libertad derivaron en la obtención de un pasaporte legal, entregado por las autoridades uruguayas, pese a que el narcotraficante –de quien se tenía bastante información, pero sobre quien no pesaba ninguna orden de detención– estaba preso en una cárcel de Abu Dabi.
Cómo obtuvo el pasaporte uruguayo es objeto de una investigación penal en Uruguay. En efecto, el fiscal de Delitos Económicos y Complejos Alejandro Machado retomará sobre fines de octubre la indagatoria por la entrega del pasaporte a Marset, que tendrá como protagonistas a los principales jerarcas del Ministerio del Interior (MI) y la cancillería, incluidos los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo.
Según pudo saber Brecha, la investigación busca dilucidar eventuales ilícitos de los funcionarios que tuvieron relación con la entrega del pasaporte, así como del abogado Alejandro Balbi, quien hizo intensas gestiones para obtener el documento. Entre las diversas puntas que centran la atención se encuentra una llamada desde la cancillería a la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) del MI, el 24 de noviembre de 2021, que pretendía saber en qué se encontraba el trámite del pasaporte. Quién hizo esa llamada y los motivos son dos de los puntos en los que se focalizará la indagatoria para intentar desentrañar qué fue lo que pasó.
TODO LEGAL
Las investigaciones administrativas del MI y de la cancillería por la entrega del pasaporte a Marset terminaron sin consecuencias. Los informes de ambos organismos –que forman parte de la carpeta de investigación de la fiscalía– indican que el trámite se ajustó a los reglamentos vigentes: no hubo irregularidades ni personal sancionado, salvo por cuestiones menores.
Los dos organismos intentaron deslindarse de su responsabilidad. El informe del MI le tiró el fardo a los funcionarios del servicio diplomático con el argumento de que la entrega de pasaportes a uruguayos en el exterior es responsabilidad de la cancillería. Por su parte, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se señala que si bien el trámite se inicia en una oficina consular, donde se ingresan los datos del solicitante, su foto y su firma, esta información se envía al MI, que es el responsable de autorizar o denegar el pedido. La posición de la cancillería quedó asentada en la respuesta a un pedido de informes presentado por la oposición (véase «Vida de artista», Brecha, 20-V-22).
Sin embargo, estas investigaciones administrativas permiten conocer detalles de lo que sucedió en aquellos convulsionados días de octubre y noviembre de 2021, cuando Marset estaba detenido en Dubai y su familia, en particular su esposa y su hermano, reclamaba con insisitencia que la embajada de Uruguay en EAU emitiera una carta en la que se dejara constancia de que Marset recibiría el pasaporte uruguayo. Con ese documento, se reclamaría su libertad. Los chats entre la familia de Marset y la cónsul uruguaya Fiorella Prado revelan la presión que se ejercía sobre la diplomática, que en varias oportunidades alertó a los servicios uruguayos sobre lo que estaba pasando y sus dudas relativas a entregarle el pasaporte mientras estaba en prisión (El Observador, 3-IX-23).
Además, también revelan el trajinar del abogado Alejandro Balbi y otros integrantes de su estudio –entre ellos, su hermano Carlos Balbi– por las oficinas de la cancillería, de la DNIC y de la Policía Científica en procura de lograr que el pasaporte de Marset se imprimiera con tiempo suficiente para ser incluido dentro de la valija diplomática que partiría hacia el emirato el 25 de noviembre. Debido a sus gestiones para obtener el pasaporte, Balbi es indagado por la fiscalía.
SIN APURO
Los funcionarios de la DNIC declararon en la investigación interna que el trámite del pasaporte no tuvo ningún tratamiento excepcional. Incluso quedó acreditado que los pedidos para adelantar el procedimiento eran algo habitual y extendido dentro del servicio; se hacían entre cinco y seis por día, a veces más. La habitualidad llegaba al extremo de que existía un cuaderno donde, prolijamente, un funcionario anotaba todos los pedidos para adelantar el trámite de cédulas de identidad y de pasaportes, quién era el solicitante y –muchas veces– el motivo del pedido. A esto se le sumaba que existía un grupo de Whatsapp para canalizar este tipo de solicitudes.
Los pedidos llegaban de distintos remitentes: senadores, diputados, dirigentes políticos, ministros, subsecretarios, directores de organismos públicos o directivos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, así como jerarcas del MI, entre ellos, el subsecretario Guillermo Maciel, que pidió varios favores para adelantar trámites. También aparece Juan Lacalle Pou, hermano del presidente de la república, como un habitué de pedidos para adelantar el trámite de los documentos identitarios (véase «El peso de la hermandad», Brecha, 30-VI-23). En general, con esto se pretendía atender situaciones de urgencia del solicitante, como, por ejemplo, el caso de una delegación deportiva que debía viajar al exterior o el de una persona que tenía un pariente con graves problemas de salud en el exterior. En el expediente aparecen algunos de los beneficiarios de esos adelantos: la modelo Valeria Mazza y su esposo Alejandro Gravier; el director de ANCAP, Richard Charamelo; el novel director del Sistema Nacional de Emergencia, Santiago Caramés, y hasta algunos productores periodísticos, como el actual director de Comunicación del MI, José Portillo.
El caso de Marset se ajustó al trámite interno para estos pedidos. De las declaraciones de los funcionarios surge que el exsubdirector de la DNIC Alberto Lacoste hizo un pedido para adelantar la emisión del certificado de antecedentes judiciales (CAJ), que emite la Policía Científica. No obstante, este pedido tuvo algunas particularidades. A diferencia de otros casos, Lacoste no informó al grupo de Whatsapp el nombre de la persona para quien se gestionaba el pasaporte. En este caso, el exjerarca –que fue pasado a retiro– reenvió un mensaje de texto donde se detallaba el número del trámite 373442291, con un pedido concreto: «Por favor, solicitar adelanto de CAJ. Solicita Dr. Balbi».
Ese detalle cobró significado cuando trascendieron las particularidades de la fuga de Marset, según declaró una funcionaria: «Ahora me llama la atención que en el mensaje que Balbi le envió a Alberto [Lacoste] se dio un número de trámite y no la cédula ni el nombre; recuerdo que el mensaje de Alberto hacia el grupo figura como “reenviado”. Ese número de trámite se genera cuando tenés ya una audiencia; yo no sé cómo trabaja la oficina nexo con el MRREE [Ministerio de Relaciones Exteriores], quizás ahí se lo dieron a Balbi. En ese momento de la solicitud no se sabía de quién se trataba, Alberto no tenía idea para quién era el trámite».
Sobre esa línea articuló su defensa Lacoste, quien admitió haberse reunido con Balbi por este tema. El exjerarca explicó que entre el 21 y el 22 de noviembre el actual presidente de Nacional se apersonó en la sede de la DNIC y le planteó el caso de un ciudadano que estaba detenido en Abu Dabi y que estaba gestionando el pasaporte por vía consular. Agregó que estaba en contacto permanente con la cancillería y que la valija diplomática hacia EAU salía el 25 de noviembre, por lo que necesitaba que el trámite estuviera pronto antes de esa fecha.
Lacoste le contestó que hasta que el trámite no ingresara a la DNIC no podía hacer nada, pero que la celeridad del trámite no dependía solo de ese organismo. «Yo le expliqué que en la DNIC la confrontación de la identificación se hacía en el día, pero que la dificultad era la solicitud de un CAJ, que por lo general se contesta de un día para otro por parte de Policía Científica. Eso es todo», narró Lacoste. «Quiero aclarar que en ese momento desconocía de quién se trataba. No conozco al señor Marset. Yo lo solicité con un número de trámite que me proporcionó el doctor Balbi, a quien se lo proporcionó la cancillería, según sus manifestaciones», complementó el director a la postre separado del cargo.
En este contexto, las gestiones de Balbi por el pasaporte llegaron a las altas esferas de la cancillería, con una reunión de pocos minutos con la entonces vicecanciller, Carolina Ache. Según la exsubsecretaria, en ese encuentro el abogado se limitó a preguntar cuándo saldría la valija diplomática hacia emiratos. Pero el abogado –de acuerdo a fuentes del caso– también se contactó con algunos mandos medios de las oficinas de la sede de la cancillería, a quienes expresó su preocupación por la demora en la tramitación del pasaporte.
Esos contactos desencadenaron una llamada desde la sede del servicio exterior hacia la DNIC en la que se preguntaba por el devenir del trámite del pasaporte de Marset, según declaró un funcionario en la investigación administrativa. «Teníamos conocimiento de que era urgente tramitar ese pasaporte para poder enviarlo en la cartera diplomática; eso lo supimos porque nos llamaron del MRREE para saber cuándo salía ese trámite, si se lo entregábamos el jueves que iba el correista [sic] para poder enviarlo en la cartera diplomática. […] Recuerdo que me llamaron el mismo 24/11 de la oficina de documentación de viajes del MRREE, solo consultando sobre el estado del trámite, nunca me pidieron que adelantara nada», relató el funcionario.
«No recuerdo quién me llamó, hay varios funcionarios. Yo le dije que dependía de la demora del CAJ, que lo hace Científica. Una vez que ingresa el CAJ, en diez minutos el pasaporte lo tengo impreso», agregó. Si bien el funcionario de la DNIC aclaró que «era habitual» que llamaran para preguntar por determinados pasaportes, el testimonio cobra importancia por el contexto en que se produce, ya que revela que funcionarios del servicio exterior estaban al tanto de la relevancia de que el pasaporte fuera impreso para que viajara lo antes posibles hacia el país asiático.
Eso finalmente no ocurrió. El trámite del CAJ llegó a Policía Científica en una bandeja distinta a las habituales, por lo que la expedición del documento se extendió seis horas más de lo previsto. Sobre las 15 horas del 24 de noviembre, la DNIC recibió la información que habilitaba a Marset a obtener el pasaporte, pero el documento recién se imprimió a las 8.50 horas del otro día. Ya sin la urgencia por ingresarlo a la valija diplomática, el documento fue finalmente retirado de la sede de la cancillería el 30 de noviembre por el abogado Carlos Balbi, quien se lo entregó al hermano de Marset. Fue este quien trasladó el pasaporte hacia EAU para gestionar la ansiada libertad del narco uruguayo, que hoy es intensamente buscado.
