El presidente Donald Trump anunció el lunes 15 un nuevo ataque militar en aguas internacionales contra una embarcación que, según su gobierno, transportaba drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos. Tres personas murieron en la operación, ocurrida apenas dos semanas después de un primer ataque que dejó 11 muertos. Con esta decisión, la Casa Blanca consolida una estrategia que convierte el combate al narcotráfico en un frente de guerra marítima, al tiempo que abre serios interrogantes sobre su legalidad y sus implicaciones políticas en la región. En un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump afirmó que la embarcación llevaba cocaína y fentanilo, y que sus ocupantes eran «narcoterroristas confirmados». Más tarde, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que los cárteles serían rastreados y asesinados en cualquier lugar del hemisferio, utilizando un lenguaje que evoca los días de la «guerra global contra el terrorismo».
En Washington, la reacción no fue unánime. El senador demócrata Adam Schiff anunció que prepara una resolución para restringir el uso de la fuerza sin autorización del Congreso, y advirtió que «estos asesinatos sin ley nos ponen en riesgo» y podrían provocar represalias contra tropas estadounidenses. Incluso algunos republicanos expresaron dudas. El gobierno argumenta que actúa bajo las facultades del presidente en el artículo II de la Constitución y que la peligrosidad del grupo venezolano Tren de Aragua, designado como organización terrorista, justifica el empleo de las Fuerzas Armadas.
Si en el ámbito interno el debate se centra en el uso de la fuerza sin autorización del Congreso, a nivel internacional se está frente a una posible violación del derecho internacional humanitario que rige las operaciones militares en aguas internacionales. Tratados como la Segunda Convención de Ginebra, de 1949, y el Protocolo Adicional I, de 1977, establecen que las operaciones militares en el mar deben distinguir entre combatientes y civiles, respetar la proporcionalidad y ofrecer garantías de rendición. El Manual de San Remo, de 1994, considerado la guía más autorizada sobre conflictos navales, reconoce que buques mercantes o pesqueros solo pueden ser atacados después de una verificación exhaustiva sobre su presunta actividad en hostilidades o transporte de material bélico, y aun en ese caso se debe intentar primero su inspección o captura. Atacar sin verificar públicamente el cargamento, como ha ocurrido en estos casos, contradice esos principios.
Organizaciones como Amnistía Internacional califican los ataques contra embarcaciones venezolanas como una posible violación del derecho fundamental a la vida. «De confirmarse, el ataque constituiría una clara violación del derecho a la vida según el derecho internacional de los derechos humanos y sentaría un precedente peligroso. El uso de fuerza letal en este contexto carece por completo de justificación.» El precedente peligroso que teme Amnistía Internacional consiste en la posibilidad de que otros países se sientan legitimados para atacar embarcaciones en alta mar bajo la vaga acusación de contrabando o amenazas a su seguridad. La arquitectura jurídica que desde 1949 buscó limitar la violencia en el mar se vería erosionada, lo que debilitaría los cimientos mismos del derecho internacional humanitario. […]
Países del Caribe y de Sudamérica observan con preocupación la acumulación de fuerzas navales estadounidenses en la zona. A los destructores ya desplegados se han sumado cazas F-35 en Puerto Rico y un grupo anfibio con más de 6 mil marines. Aunque los analistas descartan por ahora una invasión terrestre, la escalada recuerda episodios de la Guerra Fría en los que la línea entre seguridad hemisférica e intervencionismo se volvió difusa.
El discurso de Trump desplaza al narcotráfico del ámbito criminal al bélico. Los traficantes dejan de ser delincuentes para convertirse en «combatientes enemigos». La estrategia reproduce los patrones de la guerra contra el terrorismo: operaciones preventivas, ataques extraterritoriales y ampliación del poder presidencial sin control legislativo. Pero las experiencias en Irak y Afganistán mostraron que esa lógica provoca más inestabilidad internacional y no arroja soluciones al problema original que intenta resolver.
La preocupación central en Estados Unidos está en cómo impedir el sacrificio de décadas de construcción jurídica internacional para librar una «guerra contra el narco» en el mar Caribe. La consecuencia inmediata puede ser un aumento de la tensión con Venezuela, pero la de largo plazo es más grave para los países de América Latina: debilitar el derecho internacional que protege a civiles y limita la violencia extraterritorial.
Jorge Luis Sierra es periodista y editor mexicano-estadounidense. Tomado de Diario Red. El título es de Brecha.
