La discusión en torno a la necesidad de aumentar los controles al financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales es de larga data en el sistema político uruguayo, pero se vio apurada durante la legislatura anterior en paralelo con la creciente alerta ante la actuación del crimen organizado en el país, a la luz de resonados episodios, como la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Con modificaciones que los entendidos en el tema consideraron tímidas en términos de control, en junio de 2024 se aprobó la ley 20.292, que exigió mayor documentación para acreditar el origen de los recursos utilizados en las campañas, disminuyó los topes de gasto permitidos y estableció mecanismos rigurosos de contrastación de la compra de publicidad mediática, en...
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