La segunda guerra contra Irán en menos de un año iniciada por el eje Washington-Tel Aviv no solo reconfigura el escenario geopolítico global: también está operando como un acelerador de tensiones internas en Estados Unidos y exponiendo contradicciones estructurales entre el Poder Ejecutivo, el Congreso, la opinión pública y su propia base política.
Lejos de consolidar su liderazgo hacia adentro del país, y alcanzando nuevos niveles de deterioro como potencia, el conflicto abre un frente de vulnerabilidad política de cara a las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en la que se juega el control del Congreso (se eligen los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, ambas con mayoría republicana, y gobernadores de 36 estados y cargos locales) y, en este sentido, la viabilidad del esquema actual de política exterior y su deriva autoritaria.
Uno de los rasgos centrales de esta etapa ha sido la capacidad de Trump para desplegar acciones militares sin restricciones efectivas del Congreso, tensionando, por decir algo, los límites constitucionales sobre la declaración de guerra.
Medios como The New York Times y The Wall Street Journal han señalado que el Congreso ha funcionado, en la práctica, como órgano convalidante más que de control, denunciando que la mayoría republicana, junto con algunos votos demócratas aislados, ha permitido bloquear o diluir iniciativas que buscaban limitar la autoridad del presidente para escalar el conflicto con Irán, la intervención en Venezuela y las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y en el Pacífico.
Proyectos vinculados a la resolución sobre poderes de guerra o a restricciones presupuestarias para operaciones militares no lograron prosperar debido al bloqueo del Partido Republicano y los mismos votos demócratas; han logrado bloquear o diluir todas las iniciativas que buscaban limitar la autoridad del presidente para escalar el conflicto con Irán, otro tanto de lo mismo sucedió con las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y la ofensiva contra Venezuela. La administración Trump gastó más de 11.000 millones de dólares en la primera semana de la edición 2026 de esta guerra (recuerden la llamada guerra de los 12 días en junio de 2025) y le solicitó al Congreso un presupuesto suplementario de 200.000 millones para continuar con la ofensiva.
Esto configura un escenario de hiperpresidencialismo en política exterior, en el que la legalidad internacional y los mecanismos internos de control se ven ignorados de manera deliberada. Sin embargo, este equilibrio es altamente contingente.
EL RIESGO DE PERDER EL BLINDAJE POLÍTICO
El desempeño electoral en las elecciones de medio término va a ser determinante. Si el Partido Republicano pierde el control de una o ambas cámaras, se habilitarían varios frentes. En principio, se podría avanzar con las investigaciones legislativas sobre los verdaderos motivos de la guerra, por varias razones, entre ellas, las declaraciones de que las decisiones fueron tomadas muy lejos de Washington y de sus intereses como expuso la renuncia del director del Centro Nacional Antiterrorista Joe Kent, quien afirmó que es falso que Irán representase una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
También se reactivarían proyectos para limitar la capacidad del Ejecutivo de iniciar o sostener operaciones militares sin autorización del Congreso y se abriría la puerta a posibles bloqueos presupuestarios que dificulten la continuidad del conflicto.
En ese escenario, la guerra con Irán pasaría de ser un instrumento de propaganda y poder al principal factor de desgaste institucional, lo que debilitaría la posición internacional de Estados Unidos y forzaría recalibraciones estratégicas. De hecho, su propia personalidad de amenazar y retroceder le ha ganado el apodo TACO (Trump Always Chickens Out, «Trump siempre se acobarda), que también es un buen juego de palabras, teniendo en cuenta la persecución de su gobierno a migrantes. Por estos lares le decimos que tiene la reversa nuevita.
CÓMO HACE LA GUERRA TRUMP Y EL FIN DE LA DOCTRINA POWELL
Diversos análisis, como el de Foreign Policy, que le da nombre a este subtítulo, coinciden en que la actual estrategia rompe con la tradición de la doctrina Powell, desarrollada por el general Colin Powell en los noventa, que exigía que la acción militar sería el último recurso, se usarían ataques avasalladores que asegurasen una victoria rápida y segura con objetivos claros, una estrategia de salida y, sobre todo, contaría con apoyo social. Ninguna de las acciones militares del segundo mandato de Donald Trump cumple con estos criterios, menos aún la guerra contra Irán.
Es por esto que muchos analistas delimitan la forma de guerra de Trump: decisiones rápidas, objetivos difusos o cambiantes y centralidad del relato político por sobre los resultados, sin vías de salida clara ni apoyo popular. El problema es que este modelo, aunque funcional en el corto plazo, se vuelve políticamente inestable e insostenible cuando los costos se empiezan a acumular.
En los primeros días del mes trascendió una noticia que en este contexto se vuelve un dato crítico: una purga dentro del aparato militar impulsada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Fueron removidos el jefe del Estado Mayor Conjunto Charles Q. Brown, la jefa de Operaciones Navales Lisa Franchetti, el director de la Agencia de Inteligencia de Defensa Jeffrey Kruse y varios mandos de fuerzas especiales y reservas navales. A esto se sumaron la destitución inmediata del jefe del Ejército Randy George, los generales David Hodne y William Green Jr., que lideraban el Comando de Transformación y Entrenamiento del Ejército y el Cuerpo de Capellanes del Ejército respectivamente. La lista no parece cerrarse.
Además, Hegseth ordenó la reducción de hasta un 20 por ciento de los altos mandos militares, ha intervenido en procesos de promoción de oficiales y ha bloqueado ascensos, incluidos casos fuertemente cuestionados. Distintos reportes de prensa señalan que decenas de altos mandos han sido removidos desde el inicio de la nueva gestión Trump, en enero de 2025.
Esta purga no resulta neutra en las condiciones a las que se enfrenta hoy Estados Unidos, con una guerra que le es del todo inconveniente, no solo al gobierno de Donald Trump, sino a todo el país. Se la puede interpretar como una reconfiguración ideológica del mando militar en busca de una cadena de mando que esté alineada políticamente de forma tal que se reduzcan los disensos internos en las decisiones estratégicas: «Todos están equivocados menos nosotros».
Sumado a esto, por un lado, está la dimisión de Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista, el 18 de marzo, en cuya carta de renuncia alegó que Irán no representaba una amenaza inminente y sugería presiones externas que condujeron al ataque. Por otro lado, la reciente destitución de Pam Bondi del cargo de fiscal general (la máxima autoridad del Departamento de Justicia y jefa de los fiscales federales) refuerza esta lógica de control político. Su reemplazo por el abogado personal de Trump sugiere una reconfiguración del sistema judicial en clave defensiva, que se puede leer como un movimiento para blindarse ante posibles escenarios legales adversos, en especial en un contexto de creciente conflictividad política y riesgo electoral.
Otro elemento clave fue señalado al principio de la guerra por The Wall Street Journal y es el riesgo de desgaste militar; advertía que, de sostenerse el ritmo actual de operaciones (ni hablar de escalar el conflicto) Estados Unidos podría «quedarse sin municiones». Esto implica una presión sobre la capacidad industrial, que ya fue acordada por la Casa Blanca junto con los magnates de la industria armamentística, pero también una limitante logística concreta y dificultades para la verdadera sostenibilidad de una guerra prolongada. Es decir, incluso la principal potencia militar global enfrenta restricciones materiales reales. Y esto se debe a la desindustrialización que vivió el país en los últimos 25 años.
Todo esto ocurre en medio de una guerra activa y globalizada. Al no tener una salida más clara, el gobierno de Trump puede estar preparando una escalada que incluya una intervención terrestre que todos los analistas militares por fuera de la línea que intenta imponer Hegseth prevén como una muerte segura.
En todo caso, el dato es el mismo: la conducción del aparato militar está siendo reordenada en tiempo real durante un conflicto que ha perdido relato, objetivos y apoyo dentro y fuera de la estructura estatal y que, a nivel global, toma tintes civilizatorios.
«ES LA ECONOMÍA, ESTÚPIDO», Y TIENE COSTOS SOCIALES INABARCABLES
El impacto de la guerra, en términos económicos, ya es tangible en todo el mundo. En Estados Unidos, aunque los medios de comunicación más oficialistas intenten construir un relato minimizador, como el New York Post, por citar alguno. Trump ganó las elecciones prometiendo America First (Estados Unidos primero) y frenar las guerras innecesarias y los intentos de cambios de régimen inútiles que desestabilizaban la economía del país que ya se encontraba en una presión inflacionaria compleja, agravada por los tarifazos unilaterales a las importaciones impuesta por la Casa Blanca hace un año. Ahora se suma el aumento del precio del petróleo y sus derivados, gasolina, fertilizantes, fármacos, plásticos y una infinidad de productos.
Esto golpea directamente el núcleo de apoyo electoral de Trump. Encuestas difundidas por NPR, uno de los medios más referidos en términos de medición del sentimiento popular, revelan que la gran mayoría de la población rechaza la guerra, que existe la percepción de que Irán no era una amenaza inmediata y una creciente preocupación por los costos económicos. La fractura política se ve en la base MAGA (Make America Great Again) y en la base inmigrante que le dio su apoyo a Trump en las elecciones.
La promesa de terminar con las guerras en un año enfrentó a acciones militares en Irán, Venezuela, el mar Caribe, Nigeria, Somalia, Yemen, Siria e Irak. A ese descontento se le suma el rechazo creciente a las políticas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, cuyo presupuesto fue aumentado de manera exponencial mientras el resto del Estado enfrenta recortes históricos. Esta movida interna le ha costado la pérdida de apoyo de latinos, pero también del público en general, sobre todo jóvenes, lo que desgasta uno de los ejes históricos del trumpismo.
Sumémosle otra dimensión más: la crisis de legitimidad por el factor Epstein. Una parte significativa cree que la guerra busca desviar la atención de ese caso y, más allá de lo que se pueda intuir como parte de la verdad si sumamos las presiones del lobby israelí, esto refleja un nivel extremo de desconfianza hacia el gobierno y refuerza la idea de que la guerra no ha logrado consolidar el consenso nacional deseado por Washington.
Se abren diferentes escenarios que no son excluyentes: El desgaste progresivo de inflación creciente, más guerra prolongada y sus consecuencias a nivel nacional, pero también internacional, se traducen en una caída continua de la aprobación. La probable derrota en las elecciones de medio término significaría la pérdida del Congreso para los republicanos, que se traduciría en limitantes institucionales a la guerra y en la posibilidad de que se impulsen investigaciones internas y bloqueos políticos al gobierno.
Estados Unidos hoy enfrenta una situación de inestabilidad interna que lo vuelve cada vez más peligroso, para sí mismo y para los demás. Un Ejecutivo con poder expandido, que hasta ahora ha desconocido mandatos constitucionales, amparado en un Congreso que podría dejar de respaldarlo en noviembre, una sociedad que no apoya la guerra ni las políticas de recortes y el aumento del descontento por el alza del costo de vida, un aparato militar en proceso de depuración y con limitantes materiales emergentes son una combinación delicada para el gobierno de Donald Trump.
(Agustina Alejandro Figueroa es licenciada en Relaciones Internacionales. Diploma superior en Geopolítica por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales)
