No es mucho lo que se conoce del proyecto de Bislun S.A.S. Justo Onandi, primer suplente del intendente de Montevideo y coordinador institucional de la comuna, confirmó al semanario que se trata de un desarrollo inmobiliario cuya concreción requiere convertir en urbano suelo que hoy es rural. Aportó, además, un dato importante: «Es una inversión estimada en más de 1.200 millones de dólares. Es decir, es un desarrollo grande.»
Ya era público que el emprendimiento se haría sobre la orilla oeste de los bañados de Carrasco, al este de la avenida Punta de Rieles y al sur del camino Dionisos. A fines del año pasado se estimaba que ocuparía
226 hectáreas. También es grande en este sentido: la superficie equivale a dos veces y pico Ciudad Vieja, a algo más que un Malvín Sur.
Según supo Brecha, a principios del año pasado, cuando Francisco Rodríguez Pitt, representante de Bislun, solicitó al entonces intendente Mauricio Zunino que iniciara el trámite para el cambio de categoría del suelo, habló de 212 hectáreas. El lunes pasado, la Mesa Departamental montevideana del Frente Amplio (FA) empezó a discutir el tema. Y de acuerdo al acta de la sesión, el proyecto —que volvió a crecer— abarcaría 228 hectáreas.
La diferencia puede estar en la cantidad de propietarios con los que Bislun ha firmado compromisos de compraventa. El área total del emprendimiento involucra 64 padrones. A fines del año pasado la empresa poseía uno, había firmado boleto de reserva por otro y era promitente compradora de otros 50, pero todavía había 12 propietarios que no querían vender. Tal vez ahora sean 11.
El proyecto, explicaba el propio Rodríguez Pitt, pretende ser «una urbanización abierta con alta calidad ambiental». El anteproyecto urbano era del estudio de Gómez Platero Arquitectura y Urbanismo. GEA consultores se ocupó de encuadrar la propuesta de acuerdo a los requerimientos ambientales y de ordenamiento territorial. El arquitecto Federico Bervejillo también representó a los desarrolladores en algunos trámites.
Por los documentos a los que el semanario accedió, se trata de una idea sofisticada, que intenta ser o presentarse como consistente con la normativa montevideana, la de ordenamiento territorial, además de atender precauciones ambientales. Desde el principio, se anunció la construcción de un «ecoparque» en la costa del bañado; más adelante se incorporó la promesa de respetar los tajamares existentes, que embellecen aún más ese paisaje, y de recuperar el último tramo del envenenadísimo arroyo Chacarita, que atraviesa el área rumbo
a los bañados. Pero la idea también enfrenta algunos problemas.
La movida
El primer problema es la categoría en la que las directrices departamentales de ordenamiento ubican los suelos que se pretenden transformar. Los de los bañados y las márgenes del arroyo son «suelo rural natural», es decir, intocables para otra cosa que no sea recuperarlos o estudiarlos. Los del entorno de los bañados son «suelo rural de interfase».
Las directrices los caracterizan como «áreas de suelo rural con alta vulnerabilidad ante la expansión de los procesos urbanizadores», en los que «el uso productivo rural tradicional está en fuerte declive». En ellos están prohibidas las actividades industriales y logísticas. Se permiten aquellas que aseguren «el mantenimiento de la baja carga antrópica», y a la vez articulen «estrategias para la preservación de los servicios ambientales de los ecosistemas asociados». Urbanizar no está en la lista de esas actividades; mantener «como tales las áreas de uso agrícola», sí.1
Las razones por las que los bañados y su entorno tienen este nivel de protección son unas cuantas. A pesar de las agresiones que los bañados vienen sufriendo –en especial desde que la dictadura intentó desecarlos–, siguen siendo una válvula de seguridad ante las inundaciones; sirven de filtro entre las aguas de los cauces que los alimentan y las que llegan al arroyo Carrasco y de ahí a las playas de esa zona; son un espacio de biodiversidad de los que quedan muy pocos en Montevideo y de los pocos que quedan con actividad agropecuaria.
Por eso, a vecinas como Mariela Delbono la propuesta de Bislun les hace ruido. Mariela es la autora de la fotografía que ilustra esta nota. Nació hace 51 años en una chacra del lugar. Cuando era adolescente, la cuenca de los bañados producía la mitad de la verdura de hoja que se cosechaba en el país.
Según cuenta, se quedó en la chacra «por opción». Actualmente sigue plantando, pero es profesora de Geografía en enseñanza secundaria. La fotografía la tomó desde el mirador construido al final del camino Dionisos, levantado por iniciativa de los vecinos con el apoyo del municipio. Otras fotos muestran a sus alumnos disfrutando ese lugar y descubriendo un paisaje que casi todo Montevideo desconoce.
«Este territorio estuvo abandonado muchísimos años, ponele que por responsabilidad de las intendencias de Montevideo y de Canelones, ponele que por responsabilidad del Ministerio de Ganadería y Agricultura. Pero ahora está en foco y hay intereses en la vuelta», explicó.
«Pero lo que nos molestó particularmente a los vecinos y nos llevó a organizar la movida en que estamos fue que, de un día para otro, el gobierno sacó los bañados de Carrasco de la lista de humedales protegidos. Pedimos explicaciones. Nos recibieron la carta, pero nunca nos respondieron. E inmediatamente después empieza a saberse del proyecto de urbanización y sale esto de que la empresa quiere que se lo declare de interés departamental. Nos explotó la cabeza», narró.
La «movida» del Colectivo por los Bañados de Carrasco arrancó el 18 de abril, cuando invitaron a una jornada de recorrida por el lugar. La exclusión de este humedal de la lista de los protegidos se concretó en noviembre del año pasado, en el decreto 228/025, reglamentario de la ley de aguas, como Brecha ya explicó (véase «¿Por qué hiede?», 16-I-26). Ahora el colectivo espera que la comisión de Planificación de la junta departamental acceda a su pedido de audiencia para intercambiar sobre la propuesta de declaración de interés departamental solicitada por Bislun.
La jopeada
Otro de los problemas que enfrenta la iniciativa es que implica una expansión del suelo urbano, cuando es obvio y consensual que lo que no falta en este departamento de población decreciente es superficie habitable. A pesar de que algunas iniciativas puestas en marcha para enfrentar el vaciamiento han dado buenos resultados, la ciudad consolidada sigue llena de caries. No bien se atiende una, aparece un nuevo inmueble vacío y degradado. Sonaría más razonable que los 1.200 millones de verdes se pusieran para desarrollar espacios atractivos en la ciudad que ya está construida.
Y finalmente, aunque en absoluto sería lo menos importante, está el problema del método con que debe tramitarse una propuesta como la que se considera. El ordenamiento territorial no está grabado en piedra. La última revisión de las directrices departamentales no es de los lejanos años de Mariano Arana, como algunos alérgicos al ordenamiento intentan hacer creer. Es de diciembre de 2024. El argumento que la inspiró viene madurando al menos desde la intendencia de Ana Olivera: al departamento le faltaría oferta de suelo con infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades logísticas e industriales. Consolidado este acuerdo, se ubicaron 33 áreas rurales potencialmente transformables para satisfacer esa necesidad y de eso se trata la revisión.
En otros casos, la modificación de las normas no atiende al desarrollo de un tipo de actividad, sino a los problemas de un territorio, como el de la cuenca de los bañados. De 2007 data la constatación de que la cuenca requiere una intervención específica potente. La cuenca toda, no solo el fragmento determinado por Bilsun.
Para intervenciones de la escala de la cuenca, el ordenamiento prevé que debe diseñarse, en primer lugar, un instrumento denominado «plan parcial». Luego –solo luego–, para atender necesidades específicas de porciones de ese territorio, pueden aprobarse los llamados «programas de actuación integrada» (PAI), que permiten cambiar los suelos de categoría.
Por eso, cuando Luis Oreggioni, director de Planificación de la anterior administración departamental, recibió la solicitud de Bilsun, determinó que antes de atenderla, habría que determinar un plan parcial para la zona montevideana de la cuenca, tal como indica el procedimiento descrito.
Se desconoce por qué el entonces intendente Zunino ignoró esta determinación y, el 9 de julio del año pasado, envió un mensaje a la junta solicitando que declarase de interés departamental la iniciativa de formular, directamente, un PAI para atender la solicitud de Bilsun, salteando la etapa anterior. Como Brecha informó, la administración entrante dejó sin efecto esa medida y propuso una alternativa que incluye diversas exigencias para los desarrolladores. Entre ellas, se prescribe un diagnóstico completo del ecosistema y su dinámica hidrológica, y se explica que las acciones a emprender deben incluir medidas para mejorar la situación actual, como el trazado de suficientes calles públicas para que la costa del bañado siga siendo de acceso libre, entre otras.
Un problema es que –en la nueva formulación– estas obligaciones serán exigibles solo después de que la junta vote la declaración de interés departamental en la formulación del PAI. En la zona, según dicen los vecinos, aunque la declaración todavía no se votó, los precios de la tierra ya cambiaron. ¿Sembrarán este año los productores que ya firmaron compromisos de compraventa con Bilsun?, preguntan algunos. Otros consideran que, por la modificación de la ley de ordenamiento territorial determinada por el artículo 21 de la rendición de cuentas de 2022, alcanza con que la declaración de interés se apruebe para que el suelo de la zona se transforme en urbano, se cumplan o no las obligaciones que la nueva administración quiso establecer.
El otro problema es por qué no se formula previamente el plan parcial, como la normativa establece y Oreggioni indicó. Onandi, consultado por Brecha sobre el procedimiento seguido, respondió que «en Montevideo estamos interesados, como está interesado el país, en tener diferentes inversiones, sean desarrollos inmobiliarios, logísticos, parques industriales, que generen trabajo, que en definitiva muevan la aguja, que generen dinamismo en la ciudad».
Pero aún hay tiempo para desandar el camino. La Mesa Departamental del Frente no logró ponerse de acuerdo y derivó la discusión al Plenario Departamental. La propuesta de declaración de interés está a estudio de la comisión de Planeamiento de la junta y su presidenta, la edila Fátima Vázquez, explicó al semanario que empezará a tratarse el 11 y que espera que –antes de tomar decisiones– la comisión reciba al Colectivo por los Bañados de Carrasco.
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Hace poco más de un año, a propósito de Yamandú Orsi, el director periodístico de Búsqueda, Andrés Danza, hizo suya la metáfora del «modelo del puente Carrasco», popular entre ciertos agentes del mercado inmobiliario.
El chiste propone que del lado canario del puente hay un funcionario del departamento ofreciendo a los inversores que Montevideo expulsa mil y una facilidades «para llevar a cabo todo eso que es tan difícil de concretar en la capital o directamente está prohibido».
Los lectores de Brecha ya saben las cosas que están sucediendo en laguna del Cisne y en Guazubirá, por ejemplo, a consecuencia de la política de correr a abrirle la puerta al capital (véanse «Cisne negro»,
24-IV-26, y «El remate», 28-XI-25).
El editorial de Danza sugería que el nuevo presidente debía lograr que todo el Uruguay funcionara como Canelones. Otra de las cosas que se está jugando en la costa de los bañados de Carrasco es si los montevideanos quieren ser parte de eso.
- IMM (2012), «Directrices departamentales de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible». ↩︎
