Julieta1 tiene 13 años y es la mayor de un puñado de hermanos. Su historia comienza mucho antes del 28 de julio. En particular su recorrido por el sistema de protección a la infancia data del 18 de mayo de este año, cuando ingresó al centro de breve estadía de adolescentes mujeres, Magnolia, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). En ese momento –a raíz de la intervención estatal en el núcleo familiar– los hermanos fueron a parar a distintos establecimientos del instituto.
Cuando ingresó a Magnolia, la adolescente fue sometida a una «valoración psicológica» a cargo de los técnicos del centro, que no arrojó ningún tipo de sospecha respecto a algún tipo de trastorno de salud mental. De todas formas, cuando –en situaciones como esta– los niños son acogidos por el sistema de protección estatal es porque se entiende que sus progenitores o tutores legales no pueden garantizar la totalidad de sus derechos, o porque se detectan riesgos para su integridad física. Fue el caso de Julieta.
Según consta en uno de los expedientes judiciales que describe la situación, el 11 de marzo de este año la «tenencia provisoria» de los menores había sido otorgada a su madre, quien, además, debió alejarse del padre de los niños mudándose a otra vivienda debido a una situación de violencia preexistente. La Justicia intimó a este último la «prohibición de todo castigo físico» y le impuso «medidas de prohibición de comunicación y acercamiento» respecto de la mujer por 180 días y «por un radio de 500 metros». Asimismo, la jueza actuante resolvió suspender las visitas del progenitor a sus hijos por un plazo de 90 días. Pese a ello, el Equipo Técnico de Familia Especializada del Poder Judicial no aconsejó la utilización de tobillera electrónica para el caso.
Un mes después, los hermanos de Julieta fueron anotados en un centro de apoyo socioeducativo y recreativo en Casavalle por recomendación de la Comuna Mujer 11, dispositivo de atención a la violencia basada en género con el cual la familia mantenía un vínculo de apoyo psicosocial.
Un informe elaborado por técnicos de ese centro que trabajaron con los chiquilines –escrito luego de que Julieta atentara contra su abuela paterna– detalla que la situación era sumamente compleja y que no involucraba solamente a los padres. En este sentido, otro expediente judicial vinculado a la situación de la familia indica que, el 21 de abril, el liceo al que iba Julieta alertó sobre una presunta situación de abuso sexual por parte del abuelo materno contra los niños. A raíz de esa denuncia, la Justicia impuso al hombre un «estricto cumplimiento de las medidas cautelares» de alejamiento.
El informe de los técnicos detalla que en las entrevistas con la familia se recogieron «relatos que dan cuenta de hechos de suma gravedad, exponiendo a los NNA [niños, niñas y adolescentes] a situaciones de riesgo sostenidas en el tiempo». Entre ellas, las derivadas del «estrecho vínculo» que los niños mantenían tanto con su padre como con su abuelo materno, pese a las graves denuncias realizadas ante la Justicia, contraviniendo las recomendaciones del Poder Judicial.
En junio, vista la «emergencia» y el «riesgo» en que se encontraban los niños –«sin referente de cuidado al menos al momento y sin perjuicio de ser la institucionalización la última medida»–, la Justicia dispuso el ingreso a centros de protección del INAU: «La única [medida] hábil e idónea para garantizar la protección», según el escrito.
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El 21 de mayo la abuela materna se presentó ante la justicia de familia y manifestó su interés de asumir los cuidados de sus nietos. El INAU no aceptó la alternativa, dado que con ella convivía el abuelo anteriormente denunciado. Según el Sistema de Información para la Infancia, Julieta estuvo en el padrón de Magnolia hasta el 7 de julio, donde incurrió en una salida no acordada –cuando los menores se ausentan por cuenta propia y no se conoce su paradero– y regresó sola al centro, diez días después, el 17 de julio.
Ese mismo día, el INAU resolvió un régimen de licencia para todos los hermanos. Es decir que los menores –Julieta incluida– siguieron estando bajo la tutela y responsabilidad del instituto, pero pasaron provisoriamente a vivir con referentes adultos que los técnicos consideran idóneos para hacerse cargo de los cuidados. En este caso, se fueron a vivir con el padre y la abuela paterna. Desde el INAU comentaron a Brecha que luego de varias evaluaciones se valoró finalmente que el padre podía hacerse cargo de sus hijos temporalmente, puesto que, además, las medidas cautelares en su contra no habían sido renovadas por la Justicia (vencieron a principios de junio). Durante la licencia, de hecho, la madre también mantuvo contacto con sus hijos (a pesar de que ello no formaba parte del acuerdo con el instituto).
Sin embargo, el informe técnico antes mencionado, elaborado por un centro que trabajó con los hermanos, dejó un flanco abierto: «Otro elemento que incrementa la gravedad de la situación refiere a los relatos de episodios de violencia física y psicológica ejercida por parte de la abuela paterna hacia los NNA», detalló.
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Una semana antes del homicidio de su abuela paterna, el liceo al que iba Julieta avisó al padre que la adolescente debía ser atendida con urgencia por un psiquiatra. El informe del centro dice: «[Julieta] presenta desde la semana anterior relatos de características delirantes e inconsistencias en su discurso».
Desde la Administración de los Servicios de Salud del Estado aseguraron al semanario que la adolescente fue vista en la puerta de emergencia del Centro Hospitalario Pereira Rossell; que se le realizó una valoración médica, pero que no fue internada. Acto seguido, Julieta volvió a ausentarse del hospital; se desconocen las circunstancias.
Según la dirección del Pereira Rossell, se hizo una denuncia en la seccional para dar cuenta de la evasión. El hospital no proporcionó a Brecha la denuncia ni tampoco detalló en qué seccional fue realizada. El semanario no pudo confirmar si esa denuncia efectivamente se radicó, si la Policía procedió a buscar a la adolescente, ni, si en caso de haberla encontrado –había regresado a su propio domicilio–, por qué no fue trasladada nuevamente al hospital.
El 28 de julio Julieta mató a su abuela paterna de varias puñaladas. Según trascendió en la prensa, la adolescente padece «esquizofrenia» y habría actuado de esa forma porque en un juego alguien le ordenó que lo hiciera.
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Luego de lo ocurrido, la adolescente fue evaluada nuevamente en el Pereira Rossell y enviada al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Se encuentra con medidas cautelares por 150 días, mientras se desarrolla la investigación.
El vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes, dijo a Brecha que hay una «investigación interna» sobre el caso, pero que «a priori» no habría nada inusual ni irregular en la actuación de los técnicos del instituto. «Estamos tristes y preocupados por la situación, y acompañando a los hermanos, que rápidamente volvieron al hogar», aseguró. Todo el núcleo familiar, técnicos del INAU y demás actores involucrados en el caso fueron citados por el Poder Judicial a una audiencia que se celebrará la semana próxima. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Adolescentes de Montevideo de Segundo Turno, dirigida por el fiscal Pablo Rivas.
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«Eso se llama patologizar determinados eventos o demonizar el uso de tecnologías», dijo al semanario Cecilia Baroni, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y referente del proyecto Radio Vilardevoz. La psicóloga se refiere a la forma en la que el caso de Julieta apareció referido inicialmente en los medios de comunicación. Opinó, en ese sentido, que cuando suceden estas situaciones el impulso inicial es culpabilizar individualmente a alguien, sin pensar en el recorrido complejo de la persona en cuestión.
La docente explicó que la ventilación de este tipo de diagnósticos va en contra de los derechos de los menores de edad (además de que, según entiende, es toda una discusión en el ámbito psicológico la utilización de ciertas catalogaciones para alguien con la edad de Julieta). «Cuando sucede una tragedia así, de un momento para el otro, lo que tendríamos que poder pensar es: o que hay violencia, o que hay abuso, o que hay maltrato», dijo, y agregó que –teniendo en cuenta las carencias del Estado en materia de salud mental– en estos casos «nadie llega a tiempo».
«La violencia extrema genera una cosa que se llama disociación. Es decir, para tolerar la violencia y seguir viviendo en sociedad, muchas veces el sujeto desarrolla una disociación y parece que no está ahí», afirmó Baroni. Dijo, asimismo, que el gran desafío es cómo acompañar este tipo de situaciones, sin demonizar además el uso de las herramientas digitales ni las nuevas formas de comunicación y sus riesgos; algo que es competencia del mundo adulto. Consultada por los protocolos a seguir en casos como el de Julieta, Baroni aseveró que muchas veces las figuras adultas se «pasan la pelota» y conciben la situación a través de compartimentos estancos o canales separados, sin abordarla de manera integral ni lograr una conversación fructífera entre instituciones. «Es un acumulado de violencias, de abandonos y de no respuestas del Estado; que no las puede dar o no las da por falta de recursos, o porque todavía nos faltan herramientas», reflexionó.
- El nombre utilizado es ficticio. ↩︎
