De Brasil a Islandia, pasando por Estados Unidos, Venezuela y Perú: de un nuevo escándalo que amenaza con incidir en las elecciones brasileñas de octubre al escandaloso acuerdo petrolero entre Caracas y Washington. El primer mes de Keiko Fujimori en Perú y el triunfo del No a la Unión Europea en Islandia completan la entrega.
No se salva nadie
Mientras la campaña para las elecciones del 4 de octubre iba tomando temperatura con las presentaciones de los candidatos presidenciales en el Jornal nacional de la TV Globo, el de mayor audiencia del país, nuevos elementos publicados sobre el escándalo de los fraudes en el Banco Master, dirigido por el arrestado banquero Daniel Vorcaro (véase «Flávio Bolsonaro en caída libre», Brecha, 5-VI-26), se robaron la escena esta semana provocando un sismo en Brasilia y colocando al país en una crisis institucional gravísima. Si hasta el momento este esquema de fraudes multimillonarios había revelado una extensa red de tráfico de influencias que incluía a políticos de un lado y otro del espectro político, a empresarios, a abogados y al propio Banco Central, ahora alcanzó a las más altas esferas del sistema judicial: el Supremo Tribunal Federal (STF).
Todo surge a partir de un informe solicitado por el ministro del STF André Mendonça –relator de las investigaciones del caso Master– a la Policía Federal, que analizó mensajes obtenidos del celular de Vorcaro que dan cuenta de una comunicación frecuente y relación próxima del banquero con el más mediático y controvertido ministro del Supremo, Alexandre de Moraes. El martes 1, Mendonça filtró ese informe, dejando al descubierto la guerra que enfrenta él mismo, designado por el entonces presidente Jair Bolsonaro en 2021, con De Moraes, enemigo declarado del bolsonarismo. De Moraes ha conducido las investigaciones contra el expresidente por su intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 y fue también clave en el enfrentamiento entre Lula y el magnate estadounidense Elon Musk cuando el presidente brasileño quiso regular la red social X y bloqueó temporalmente sus cuentas. Fue De Moraes quien ordenó ese bloqueo.
Los documentos recuperados ahora por la Policía Federal muestran intercambios en los que De Moraes habría transmitido a Vorcaro información relacionada con posibles procesos que podrían afectarlo. Una de las revelaciones más escandalosas es una conversación en la que el banquero le pregunta al magistrado si debería salir del país, días antes de ser detenido por primera vez, el 17 de noviembre de 2025. En otro intercambio sospechoso, Vorcaro escribe: «Sabés que tengo una gratitud enorme contigo de por vida. Toda mi familia, los empleados, socios y amigos que dependen de nosotros tienen una deuda contigo y con tu familia. Muchísimas gracias por todo». Además, el informe revela que De Moraes habría revisado y editado un contrato de 131 millones de reales (unos 25,5 millones de dólares), firmado entre el estudio de abogados de su esposa y Vorcaro.
Las sospechas salpican al propio Mendonça. El periodista Paulo Motoryn, en su newsletter Noites húngaras, reveló que el magistrado se reunió en privado con Vorcaro en marzo de 2025. Mendonça confirmó que recibió al banquero, aunque dijo que se limitó a escucharlo. Los mismos documentos también mencionan al procurador general de la república, Paulo Gonet, cuyo nombre aparece en conversaciones de terceros vinculados al banquero y que esta semana actuó para anular las pruebas que incriminan a De Moraes. Edson Fachin, presidente del STF, tiene en sus manos la decisión de llevar el debate sobre el escándalo al pleno del tribunal.
Este caso vuelve a desnudar las dinámicas del poder en Brasil y a cuestionar la fortaleza de las instituciones frente a la corrupción y a los intereses de grandes capitales, a pocos días de una elección presidencial crucial.
Marcelo Aguilar | desde San Pablo
Los simuladores
Keiko Fujimori, la hija mayor del dictador Alberto Fujimori, llegó el mes pasado al gobierno de Perú luego de 15 años intentándolo. Aseguraba que su equipo estaba listo para «poner orden» como su padre en los años noventa. Y, como otros dirigentes de derecha y extrema derecha del continente, ha afirmado que su modelo para poner fin a la «crisis de criminalidad» es el del salvadoreño Nayib Bukele (véase en esta edición la sección Acento).
Perú sufre desde 2024 un incremento de la violencia del crimen organizado por grupos dedicados a la extorsión, la minería y la tala ilegales, y el narco. Leyes aprobadas por el Congreso que el mismo fujimorismo domina desde 2022 han facilitado y blanqueado la acción de esas organizaciones criminales. Lo más notorio en el primer mes de Fujimori en el Ejecutivo ha sido una simulación de «mano dura» que encubre complicidad.
Los casos más graves ocurrieron el fin de semana último. Entre domingo y lunes, Jenns Lara, un empresario de minería ilegal, fue secuestrado en la ciudad de Trujillo. Sus cuatro guardaespaldas resultaron asesinados durante la operación. Poco después, el empresario fue liberado gracias a gestiones de su padre, pero la Policía se atribuyó el «rescate» y recibió un tuit de felicitación de la presidenta. El sábado, había habido otro homicidio, el de la dirigente de ollas populares Betsy Mallma.
Miles de peruanos vieron el domingo en las redes un video de una cámara de seguridad que registró a los participantes en la operación contra Lara. Se los vio cuando, disfrazados de policías, disparaban con silenciador a los acompañantes de Lara y luego se llevaban al empresario en una camioneta. Eran altos, de complexión atlética, ágiles y manejaban armas largas con destreza. En cambio, los muchachos presentados a la prensa como responsables del crimen eran bajitos y desgarbados. Uno de ellos probó que estaba en su casa a la hora del cuádruple homicidio. «La Policía no ayudó en absolutamente nada», comentó Eleuterio Lara, padre de Jens, incómodo con la versión oficial. Al medio El Foco le informó que su hijo no reconocía a los detenidos como quienes lo tuvieron cautivo.
El viernes pasado, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, había enviado al Congreso un pedido de delegación de facultades legislativas en seguridad, empleo, sistema financiero, regulación ambiental, entre otros. Tras los asesinatos del sábado y domingo, pidió acelerar el trámite. El pedido contiene retrocesos en derechos laborales para jóvenes, autoriza la usura en el sistema bancario y, sobre todo, pretende denominar terrorismo a las acciones del crimen organizado, con el objeto de que el Ejército salga a las calles a actuar junto con la Policía.
En los primeros 30 días de presidencia fujimorista, hubo nada menos que 166 homicidios, sin contar los del 30 de agosto en Trujillo. El magistrado Richard Concepción, suspendido por seis meses por el régimen fujimorista, ha tomado cientos de decisiones en casos de crimen organizado desde la década pasada. Brecha le consultó acerca de las maniobras del gobierno para mostrar eficacia frente a los graves crímenes del domingo. «Está clarísimo que hay improvisación», contestó lapidario.
El primer mes de gestión de Fujimori está también marcado por la revelación de reuniones clandestinas entre la presidenta y Damián Valenzuela, un asesor y empresario argentino con sentencias por estafas millonarias en Estados Unidos y Argentina, y procesos por el mismo delito en Uruguay, donde una de sus empresas operó hasta 2024. Valenzuela ha querellado por difamación al director y a un reportero del semanario Hildebrandt en sus trece y exige una reparación por daño moral de 2 millones de dólares: arguye que las resoluciones civiles por estafa no ameritan que lo denominen estafador, como lo hizo esa publicación, y que las obligaciones civiles con personas a las que embaucó en un sistema de inversiones piramidales no son un delito penal. Por otro lado, medios peruanos han reportado vínculos entre Fujimori y Fernando Cerimedo, el operador digital argentino de extrema derecha detenido en Bolivia (véase «Esa trama», Brecha, 28-VIII-26). El diario La República informó que Cerimedo estuvo en Perú el día de la toma de mando de Fujimori y el digital La Encerrona halló que compró un dominio en internet usado por operadores fujimoristas para un conteo paralelo de votos que alimentara la idea de un fraude si ganaba el adversario.
Jacqueline Fowks | desde Lima
Esto no es una entrega
Cuando en mayo pasado el periodista argentino Marco Teruggi volvió a Venezuela, donde había vivido largo tiempo, una de las cosas que le dijeron sus interlocutores caribeños fue: «Este es el momento más difícil de la revolución». Se lo habían dicho también en 2013, cuando acababa de instalarse en Caracas, pero entonces recién había muerto Hugo Chávez y lo que estaba en juego, para el gobierno y sus partidarios, era cómo continuar «la revolución» sin «el comandante». Ahora, escribe Teruggi en un artículo que publicó en la revista Crisis («Goodbye Venezuela», 30-V-26), es la propia «revolución» la que parece haber llegado a su fin, y «de la manera menos pensada». «¿Hay una tortuosa persistencia más allá de los gestos evidentes de sumisión al imperio? ¿O la continuidad es un acto de subordinación sin decoro?», se preguntaba el periodista tres meses atrás. Cuando lo hacía, todavía los «gestos de sumisión» hacia Estados Unidos del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez –desde la intervención armada del 3 de enero pasado y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores– no habían llegado al grado al que llegaron esta misma semana.
El lunes pasado, Donald Trump anunció desde Washington un «acuerdo» firmado con Caracas para explotar más de la quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela. «Nunca en la historia se vio algo así», se jactó el presidente estadounidense. «Lo hicimos sin costo alguno para nuestros contribuyentes» y en condiciones tales que «la seguridad nacional de Estados Unidos se verá garantizada por mucho tiempo», con la posibilidad de utilizar los depósitos de crudo entregados «con fines sensibles diversos, incluso militares», subrayó. Horas después, tras agradecer a Trump y al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por sus «esfuerzos» para llegar al acuerdo, la presidenta interina de Venezuela afirmó que su país seguirá teniendo un uso «soberano» de sus reservas petroleras y que no se trata, ni ahí, de una entrega.
Según la versión estadounidense, Venezuela concedió por un siglo (Rodríguez dice que por 25 años) 17 campos petroleros con reservas por unos 65.000 millones de barriles a la empresa venezolana North American Blue Energy Partners (Nabep). El pacto dispone que Nabep debe ceder el 35 por ciento de su capital al Estado estadounidense, en concreto al Pentágono, el rebautizado por Trump como Departamento de Guerra. A su vez, la cancillería estadounidense, el Departamento de Estado, podrá adquirir sin competencia el 20 por ciento de todos los pozos explotados hoy y en el futuro por Nabep a precio de costo. Y tendrá prioridad para hacerse de los restantes. «Todo esto proporcionará una fuente de energía garantizada en nuestro hemisferio en situaciones de emergencia», incluso militares, señaló el comunicado estadounidense tras la operación. Otras perlas: la mayoría de los miembros del consejo de administración de la petrolera deberá ser de nacionalidad estadounidense, y Washington se reserva el derecho de veto para la designación de cualquiera de ellos. Serán tribunales estadounidenses los que entenderán en cualquier litigio entre las partes, y la empresa contará con «auditores, abogados y consejeros de prestigio estadounidenses». A cambio, Venezuela se asegura que durante los primeros 25 años del acuerdo recibirá de Nabep «alrededor de 200.000 millones de dólares» (Rodríguez afirma que serán 209.000 millones) por concepto de impuestos a las empresas y regalías. De haber sido explotados esos pozos por la estatal Petróleos de Venezuela SA, las ganancias hubieran sido enormemente mayores, señalaron los opositores al pacto, pero el gobierno de Rodríguez sostiene que la compañía está quebrada y no tiene dinero para operar.
Al considerar los fundamentos del acuerdo, la Casa Blanca sostuvo que, hasta ahora, «agentes extranjeros malignos saquearon los recursos de Venezuela en beneficio de adversarios estadounidenses como Cuba, Rusia y China». Y agrega: «El presidente Trump ha restablecido la doctrina Monroe para purgar la influencia extranjera maligna de nuestro patio trasero y garantizar que la dominación de Estados Unidos en nuestro hemisferio nunca vuelva a ponerse en duda».
Pablo Pozzolo
La isla díscola
Los islandeses son muy pocos (apenas el 10 por ciento de la población uruguaya), pero son cosa seria. Cuando la crisis financiera de 2008 liquidó sus sobreendeudadísimos bancos, en vez de rescatarlos con dinero público, como hizo el resto de los países afectados, el gobierno de la época los dejó caer. El país se recuperó relativamente rápido de la recesión que siguió y hoy es una de las economías más prósperas de Europa. Y maneja sus propios recursos, por fuera de la Unión Europea (UE) y su moneda común, el euro. Bruselas se desespera desde hace años por integrar a Islandia, y las autoridades regionales pensaban que el referéndum del domingo pasado para reanudar las negociaciones de adhesión sería pan comido y el Sí se impondría fácil. Los sondeos así lo vaticinaban. Ganó el No por más de cinco puntos de diferencia (52,8 a 47, 2 por ciento) y la participación (del 82,5 por ciento) fue la más alta desde las cruciales elecciones parlamentarias que siguieron a la crisis financiera de 2008. En las zonas pesqueras (esa riqueza representa el 40 por ciento de los ingresos totales de la isla), el No arrasó. Las negociaciones para que Islandia se incorporara a la UE, iniciadas en 2010, se frenaron en 2013 precisamente por el tema pesquero. Dadi Már Kristófersson, el muy liberal ministro de Economía del actual gobierno de «unión nacional» encabezado por la socialdemócrata Kristrún Frostadóttir, había afirmado que la industria pesquera nacional no saldría perdidosa en caso de ingresar el país a la UE. Kristófersson fue uno de los principales defensores del referéndum. Una mayoría de islandeses no le creyó.
P. P.
