La temprana valoración negativa del gobierno expresada por buena parte de la izquierda uruguaya responde en gran medida a la postura adoptada por la política externa frente al genocidio en Gaza. Nunca un tema de esa índole había incidido tanto en el rechazo hacia un gobierno del Frente Amplio (FA).
¿Por qué el impacto es tan grande? Porque la gente percibe que, en medio del genocidio palestino, hay un cambio en los posicionamientos adoptados por este gobierno respecto a sus antecesores del FA. Además, en algunos casos, estos posicionamientos parecen continuistas respecto a los asumidos por el gobierno de Luis Lacalle Pou.
Desde el 7 de octubre de 2023 han sido asesinadas en Gaza más de 74 mil personas (entre ellas 30 mil mujeres y 20 mil niños, incluyendo más de 1.000 bebés de menos de 1 año). El gobierno uruguayo adoptó una política deliberada de no calificar esto como un genocidio. El presidente Yamandú Orsi compara la situación en Gaza con otros conflictos (en los que mueren mayoritariamente hombres adultos, es decir, soldados). En 2024 el excanciller blanco Omar Paganini ya había dicho que «en Gaza hay 2,2 millones de palestinos, puede haber 20 mil muertos; claramente no hay un plan sistemático de eliminar a los 2 millones de palestinos que están ahí, como sería un genocidio». En cambio, en 2014 José Mujica no dudó en calificar de genocidio el bombardeo sistemático de hospitales y escuelas o el asesinato de mujeres y niños. El Ejecutivo actual se alinea en los hechos con la visión de Paganini, también a diferencia del resto de los países en que la izquierda gobierna o ha gobernado, ubicados en sintonía con Mujica y con la situación documentada por la relatora de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos en los territorios palestinos, Francesca Albanese.
El último comunicado oficial de la cancillería sobre el tema data de julio de 2025. Posteriormente fueron emitidos un par de comunicados más hasta octubre del año pasado, pero se refieren lateralmente a Gaza y se enfocan en la situación de compatriotas en la zona o celebran supuestos ceses al fuego. En los últimos 12 meses hay silencio oficial sobre el tema, aunque miles de personas han continuado muriendo en los ataques cotidianos del Ejército israelí en Gaza, en los pogromos en Cisjordania o en los bombardeos y la invasión a Líbano. Uruguay mantiene buenas relaciones con Palestina y Líbano, pero ha optado por no posicionarse frente a estas situaciones. En cambio, en marzo, la cancillería expresó su «preocupación» por «la respuesta militar iraní contra diversos Estados, incluyendo Arabia Saudita, EAU, Kuwait, Catar, Bahréin, Jordania, Iraq, Líbano [!?], Omán, Estados y pueblos que Uruguay se solidariza [sic]».
Durante los anteriores gobiernos del FA (2005-2020) fueron difundidos numerosos comunicados (en general, mejor escritos que el recién citado) sobre los atropellos a los derechos humanos en Palestina. Ni siquiera el gobierno de Lacalle Pou fue capaz de pasar 15 meses en silencio frente al genocidio. ¿Por qué la cancillería sigue con preocupación los ataques iraníes, pero no los israelíes? ¿Y por qué se solidariza con los Estados y pueblos del golfo Pérsico, pero no con los palestinos?
Entre marzo y agosto de 2025 el gobierno mantuvo y defendió el proyecto de abrir una oficina de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) en Jerusalén en el marco de un acuerdo con la Universidad Hebrea de Jerusalén suscrito por Lacalle Pou poco antes del fin de su mandato. El proyecto se contrapone a la decisión de la dictadura de quitar toda representación oficial de Jerusalén y trasladarla a Tel Aviv, siguiendo la resolución 478 del Consejo de Seguridad de 1980. En 2017 el gobierno de Tabaré Vázquez criticó duramente la decisión de Donald Trump de trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén. ¿Por qué el gobierno de Orsi defendió a capa y espada que la única oficina de la ANII en el exterior funcionara en una ciudad ocupada, contraviniendo el derecho internacional?
En agosto pasado, el presidente consideró inconveniente que la vicecanciller, Valeria Csukasi, ratificase públicamente el compromiso de Uruguay con cumplir la orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Benjamin Netanyahu. El Estatuto de Roma que rige a la CPI fue suscrito por Uruguay durante el mandato de Jorge Batlle. Desde entonces, ningún gobierno de ningún partido había expresado semejante desprecio por el acuerdo.
RAZONES DE UN CAMBIO
1. Interés nacional. El giro en la política exterior puede explicarse por un cambio en la identificación del gobierno sobre cuál es el interés nacional uruguayo en torno al conflicto palestino-israelí. Naturalmente, Uruguay no tiene intereses vitales en Palestina, pero para los anteriores gobiernos del FA el interés nacional sí pasaba por promover el respeto al orden internacional basado en reglas por sobre la política de poder que Israel utiliza para ocupar Jerusalén y por sobre las acciones de contestación al orden internacional que la nueva ultraderecha liderada por Trump comenzaba a impulsar. Tal vez para el gobierno actual el interés nacional pasa por privilegiar el buen relacionamiento con Israel, dando continuidad a las políticas de Lacalle Pou. Israel promete grandes oportunidades tecnológicas y ha cuadriplicado las importaciones uruguayas entre 2020 y 2025, tras la habilitación del ingreso de nuevos productos a aquel mercado a comienzos de 2024 y 2025 y las abstenciones de Uruguay en las votaciones referidas a Palestina en la Asamblea General de la ONU en 2023 y 2024.
2. Ideología. El giro también puede explicarse por diferencias en los presupuestos ideológicos que sustentan la visión internacional del gobierno, o incluso por una pérdida de peso relativo de estos en el procesamiento de decisiones en la materia. Es evidente que la administración de Orsi prescinde del anticolonialismo, el antimperialismo y la solidaridad internacionalista entre los pueblos oprimidos como valores sobre los que elaborar su política exterior. Heredados del tercerismo y el internacionalismo socialista, estos valores son centrales en la tradición ideológica frenteamplista. Su pérdida de peso relativo puede estar vinculada a las trayectorias de los actores que definen la actual política externa. Por un lado, el presidente y la vicepresidenta provienen de experiencias en gobiernos departamentales y dirección de empresas públicas, en las que la política internacional es irrelevante y los desafíos de gestión predominan sobre la ideología. Esto podría explicar el desconocimiento que demuestran al hablar de la crisis humanitaria en Gaza o del derecho de autodeterminación de Israel. Por otro lado, las autoridades de la cancillería provienen de una larga trayectoria diplomática, que se expresa en el constante privilegio al formalismo y el pragmatismo por sobre valoraciones políticas. Vale comparar estas trayectorias con el rodaje político de las autoridades de la cartera en anteriores gobiernos del FA, desde Reinaldo Gargano y Belela Herrera hasta Rodolfo Nin Novoa y Ariel Bergamino, pasando por Roberto Conde. El déficit en designaciones de los cupos para embajadores políticos es también indicativo del desinterés de este gobierno por dar peso político al tema internacional. La reciente designación de Marcos Carámbula para la embajada en Palestina resulta esperanzadora.
3. Pragmatismo. La contraparte del declinante peso de la ideología en la visión internacional es el auge de una visión pragmática. Las posturas de los anteriores gobiernos frenteamplistas fueron adoptadas en un contexto externo marcado por la marea rosa latinoamericana y la emergencia de un Sur global liderado por los Brics que se insertaba virtuosamente en un ciclo globalizador que comenzaba a ser crítico para Occidente tras el fracaso de la Ronda de Doha y la crisis económica de 2007-2008. El reconocimiento del Estado palestino por Uruguay, en 2011, no puede considerarse al margen de las convergencias con los demás gobiernos de izquierda de la región. Hoy el contexto es muy diferente: el auge mundial y latinoamericano de la ultraderecha contesta el multilateralismo e intenta reconfigurar el sistema internacional en favor de Occidente, en medio de crecientes tensiones geopolíticas con las potencias euroasiáticas. Seguramente, el gobierno evalúa que una postura muy crítica hacia Israel podría aislar a Uruguay en una región donde la ultraderecha cultiva el vínculo entre neopentecostalismo y mesianismo sionista. Esto es válido en relación con las circunstancias, pero el pragmatismo también implica evaluar las opciones del país, que el gobierno de Orsi parece considerar muy mermadas teniendo en cuenta las permanentes referencias a las presiones que recibe (aparentemente irresistibles) y la voluntad de «pasar por debajo del radar». La voluntad de resistir o esquivar estas presiones necesita de convicciones ideológicas que no parecen estar presentes.
4. El peso de la comunidad judía. La política exterior es un juego de dos niveles, en el que además del contexto internacional inciden la política doméstica y, dentro de esta, los cálculos electorales. La tradicional postura de Uruguay en torno a Israel se explica en parte por la populosa comunidad judía local. Tradicionalmente, el apoyo a Israel se reflejó en un respaldo electoral de esta comunidad a la hegemonía del Partido Colorado. Sin embargo, esto es dinámico. El gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera hizo un ajuste proisraelí respecto a los posicionamientos anteriores del Partido Nacional que se profundizó en la gestión de su hijo, y esto parece haberse traducido en votos. Aunque luzca improbable, quizás Orsi intenta una apuesta similar.
5. Lobby proisraelí. Complementariamente al punto anterior, también en el ámbito interno, el cabildeo (lobby) o la promoción (advocacy) de causas por parte de comunidades y grupos de interés es otro factor que incide en las decisiones de política externa. El giro del actual gobierno del FA coincide con una presencia inusitada de actores vinculados a la comunidad judía al frente de la política exterior, aunque esta concomitancia por sí sola no justifica asumir una causalidad. En paralelo, surgen inéditas expresiones de desprecio hacia la causa palestina al interior del FA de parte de dirigentes vinculados a la comunidad judía. Otros actores no frenteamplistas ligados a la comunidad también tienen gran incidencia en la política, que genera confusiones en torno a situaciones de antisemitismo (reales o imaginarias) en un intento por favorecer la causa israelí, o en la prensa, evitando informar sobre un tema y persiguiendo a quien lo hace.
6. Identidad. En el actual contexto de tensiones geopolíticas, la postura del gobierno también puede responder a la identificación del país con Occidente en detrimento de otras posibles, como el Sur global, el mundo poscolonial o los pueblos oprimidos. Así lo sugiere la referencia de Orsi a Uruguay como heredero de la revolución americana durante la última Asamblea General de la ONU en medio del relanzamiento de la doctrina Donroe. Evidentemente, no son estas las coordenadas identitarias que imperaron en el acercamiento a la causa palestina durante el ciclo de gobiernos frenteamplistas ni en las que se ubica la izquierda uruguaya en su rechazo a este gobierno.
PROCESOS
Cabe preguntarse también si la postura gubernamental frente al genocidio en Gaza y el descontento que provoca en la izquierda no son expresiones de procesos más profundos. Vale recordar que las divergencias en el FA respecto al tema preceden a este gobierno y su tratamiento ya generó conflictos y renuncias el mismo 7 de octubre de 2023.
En línea con los planteos del filósofo indio Pankaj Mishra sobre Gaza como muestra de la hipocresía occidental, la posición del gobierno de Orsi es un síntoma de cuestiones irresueltas en la izquierda nacional y, más ampliamente, en la izquierda occidental ilustrada; cuestiones reprimidas, censuradas, pero que la realidad vuelve a arrojar periódicamente, tensionando los fundamentos del progresismo eurocéntrico y su visión civilizatoria. La postura actual frente al genocidio en Gaza es un ejemplo de las consecuencias irresueltas que suponen para Uruguay y su excepcionalidad progresista el alineamiento con Estados Unidos y la hipocresía frente a sus excesos imperialistas.
Complementariamente, Gaza puede ser un primer síntoma de un proceso que afecta a la izquierda actual, como parte de su adaptación a un mundo que ha cambiado y en el que la oleada de ultraderecha marca la agenda. Cuando el presidente minimiza el genocidio en Gaza, no es muy diferente a cuando minimiza los ataques de Estados Unidos a supuestas narcolanchas en el Caribe. El desinterés por los derechos humanos en el territorio palestino (o su consideración contingente) es semejante al que subyace en la propuesta de un «modelo Bukele» para Uruguay. Cuando no se emite ningún comunicado que exprese preocupación –ya no digamos condena– frente a las matanzas de civiles en Gaza y Líbano, pero sí por los ataques de Irán, se está ratificando un alineamiento con Occidente, lejos de la neutralidad anunciada. La pérdida de referencias ideológicas en la visión sobre Gaza no es diferente al rechazo por parte del presidente de la invitación extendida por el alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani. El encaprichamiento con la oficina de la ANII en Jerusalén tal vez responde a la asimilación de una visión quimérica de las nuevas tecnologías característica de la oleada de ultraderecha, también presente en el interés de Orsi por reunirse con el director libertario de Praxis. Cuando se contrapone a los informes de actores de la ONU sobre el genocidio en Gaza un monitoreo que supuestamente realiza la cancillería, tal vez se están dando los primeros pasos hacia la incorporación de discursos posfácticos característicos de la ultraderecha, similares a los que llevan a afirmar deliberadamente que se envió a un secretario de tercera a la cumbre contra el «terrorismo de izquierda» organizada por Estados Unidos en la que luego vimos sentado a nuestro embajador. Por último, cabe preguntar: en todos estos casos, ¿la postura del gobierno responde a presiones irresistibles, a intereses o a convicciones?
