—La comisión que integra nació asociada a la salud ocupacional, pero en el último tiempo el PIT-CNT comenzó a introducirse en temas ambientales de fondo, incluso en un video presentado el último Primero de Mayo. ¿Cómo viene evolucionando la comisión?
—Empezó refiriéndose al medio ambiente de trabajo, pero en 2002 ya nos empezamos a meter en temas ambientales generales. Estuvimos en un foro global en Mánchester en el que no se discutía todavía el concepto de transición justa, pero sí el de desarrollo sostenible. Ya se planteaba el tema de los bonos de carbono, a los que nos opusimos. En 2002 se produjo también una situación en la cantera de residuos en Felipe Cardoso, cuando los compañeros bloquearon la entrada de camiones y se conformó una negociación con [Mariano] Arana, entonces intendente de Montevideo. Allí acordaron empezar a trabajar con ciertas reglas y les dieron un lugar para trabajar. Y se conformó el sindicato –la Ucrus [Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos]–, que fue el primero de su tipo en el mundo.
—Así que una de las primeras experiencias vinculadas a la dimensión ambiental se dio a través de la cuestión de los residuos urbanos.
—Sí, yo empiezo a trabajar con ese tema. Posteriormente, comenzaron a aparecer otros problemas, como la contaminación de los trabajadores con agrotóxicos. Hace unos años se hizo un seminario promovido por sindicatos rurales y técnicos de la universidad. Ahí empezamos a ampliar un poco, aunque ya veníamos tratando también los temas del agua con la Federación de OSE. Pero el núcleo central del trabajo venía siendo con los clasificadores, porque, además, en 2019 se aprobó la ley de residuos [ley 19.829]. Pero ya desde el período de [José] Mujica, cuando existía la Cotama [Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente] –yo fui delegado por el PIT-CNT–, se venía trabajando en eso. Se trabajó mucho en los reglamentos para los residuos industriales y se empezó a elaborar la ley de residuos, pero sobre el final del período la cortaron. No sé bien cuál fue la causa. Por 2017 se retomó con fuerza. Y ahí trabajamos con organizaciones dedicadas a los temas ambientales, como el CUI [Centro Uruguay Independiente].
—De todos modos, los temas ambientales todavía no son los más visibles en la plataforma. ¿Cuesta que el sindicalismo se involucre?
—Sí, si bien el PIT-CNT siempre tuvo una visión más amplia que la del mero reclamo salarial, los problemas de los trabajadores hoy en día son mantener la fuente de trabajo y la lucha por los consejos de salarios. Pero es algo que también ocurre con los temas de la salud laboral.
—Pero ¿la discusión sobre el tipo de desarrollo que tiene el país o la región no debería atravesar a todo el PIT-CNT y con una mirada del siglo XXI que apunte a que ya no se puede producir a cualquier costo?
—Desde la Comisión de Ambiente es el caballito de batalla. Planteamos que lo que es insostenible es este modelo de desarrollo. Punto. Es más: ya hemos hecho dos campañas de discusión de documentos con algunos sindicatos. Y ahora lo volvimos a plantear en un documento mayor, una plataforma sobre medio ambiente que queremos que el PIT impulse [véase recuadro]. Pero vamos a discutirlo con los sindicatos, porque no queremos que sea una cosa que salga de cuatro militantes reunidos acá. Todavía la respuesta de los sindicatos es muy baja. Y ahí aparece otra cosa que estamos tratando de analizar: las contradicciones entre el ambiente y el trabajo. Porque ya sabemos que los grandes proyectos que agreden al ambiente se imponen prometiendo trabajo. En su momento se dio la discusión en torno a UPM porque algunos sindicatos no se opusieron a su instalación por la cuestión del empleo. El tema también está en cómo se discute, porque hay ambientalistas de la hormiguita y el pescadito que pusieron el foco en la contaminación del río Uruguay, cuando la industria del cuero contaminaba mucho más que UPM. El problema ahí era el trabajo semiesclavo en los montes y todos los problemas del monocultivo. Cuando tenés una batería de argumentos contra algo, y un argumento es débil, te anula los demás. Pasa también con el proyecto de Paysandú [HIF Global]. Ahí el problema para mí no es el del agua, sino el de soberanía. Y después hay otro problema ambiental que es el de más de 150 camiones por día trasladando la biomasa.
—Precisamente en cuanto al empleo, el modelo industrial de la celulosa es intensivo en la fase de la construcción de la infraestructura, pero luego no derrama hacia las economías locales.
—Y esa es la discusión que queremos tener. Porque ya tenemos un ejemplo claro. Después de que se instaló UPM 1, Río Negro está entre los departamentos con más desocupación del país. Si no alcanza con eso…
—También tiene altas cifras de desempleo Durazno, donde está UPM 2.
—Además, hay que tener en cuenta que no solo se trata de los empleos que crean, sino de los que destruyen. Porque se afecta a los pequeños productores, se los come el monocultivo. Entonces, nosotros estamos planteando cinco temas en la plataforma: agua, agrotóxicos, residuos, energía y ciudades sostenibles. Porque también tenemos que pelearnos con los constructores de torres vacías. El tema que ha agarrado más fuerza es el de agrotóxicos porque, además, se está trabajando con un grupo que impulsó [Leonel] Briozzo [el subsecretario de Salud Pública] en una reunión que se hizo acá. Hay que entrarle por el lado de la salud: hay evidencia de los daños que provoca. Participan la Red de Agroecología del Uruguay, los médicos de familia, la Universidad de la República y nosotros. Y con especial acento en Guichón, un lugar donde ya se hicieron trabajos y donde está el Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales. Vamos a insistir porque la idea es crear un observatorio global. Otro lugar donde se ha trabajado bastante es en Vergara por el tema del arroz. La idea es desembarcar allí a mitad del año que viene.
—Ustedes también se pronunciaron en contra del megaproyecto privado en Bañados de Carrasco.
—Ahí hubo un movimiento muy interesante que abarca el tema del desarrollo de las ciudades. Porque toda esa acumulación de cemento también termina recalentando la ciudad. Por un lado, contribuís con un modelo de ciudad al calentamiento global y, por otro, a aumentar la segregación social.
—¿Y cómo se administran las tensiones en medio de una convención sindical con visiones e intereses tan disímiles? A veces existen miradas sindicales a favor de una industrialización propia de los años cincuenta, cuando el mundo hoy es bastante diferente.
—Bueno, esta es una opinión más personal, pero yo no estoy tan en contra de la industrialización de los años cincuenta. Uruguay está desindustrializado y eso también causa problemas ambientales. Por ejemplo, ¿qué hace Uruguay con los cueros? Porque si se faenan 2 millones de cabezas de ganado por año, son 2 millones de cueros. Algunos se exportan, otros se entierran o se queman. Entonces, es inadmisible que Uruguay no tenga una industria de productos de cuero. El empresario no va a invertir en eso porque no le da ganancias, pero desde el punto de vista de la sociedad es más que rentable. Además, la llamada economía circular no llega ni al semicírculo… Si querés una economía circular en serio, agarrá los plásticos, separalos, procesalos, generá nuevos productos y asegurá que se vendan. Pero jorobás a los productores de plástico y, entonces, solo van a dejar que funcione en pequeñas cosas.
—Y a propósito de la industria petroquímica, otra contradicción que puede intuirse: el sindicato de la pesca está en contra de la nueva ronda de exploración petrolera, pero esa no debe ser la postura de los trabajadores de Ancap. ¿Han abordado este asunto?
—Mirá, hay temas que los hemos insinuado. Los pusimos en los planes de energía. Pero los cinco compañeros de la comisión no podemos empezar a profundizar si no está presente la Federación de Ancap. Con el hidrógeno verde, a raíz de la postura que asumió AUTE [Agrupación de Funcionarios de UTE], avanzamos un poco más. De a poco se van a ir introduciendo temas.
—Y frente a la emergencia creciente de estos problemas, ¿no sería importante la formación sindical?
—Bueno, acá está el Instituto Cuesta Duarte, que centraliza los cursos. El tema del ambiente no estaba tomado y ahora está puesto. También hay que recordar que esto es una convención y, si bien hay muchas resoluciones tomadas por mayoría, cada sindicato tiene su autonomía. Pero hay que trabajar, tratar de formar a la gente y convencer. Con todos estos fenómenos del cambio climático, en algún momento va a haber una sensibilización mayor. Y eso no vendrá por nuestra prédica. Como históricamente ha pasado, vendrá por la realidad. Y por eso también la cuestión de la salud es importante. El trabajador a la larga va a ver que está expuesto a cosas que tienen que ver con el modelo de desarrollo. Pero ¿qué pasa con los trabajadores rurales? En muchos lugares, si pateás contra el modelo, te quedás sin trabajo y no hay otro. Es muy poca la gente que sigue adelante con las denuncias. Todos conocemos el caso de Julio de los Santos, pero ¿cuántos Julio de los Santos hay? Creo que es importante entender que las afectaciones al ambiente se dan en el marco de una sociedad de clases y no se puede defender el ambiente en abstracto.
—Justamente desde la disciplina de la ecología política es que ha tomado fuerza el concepto del extractivismo, esa cuestión de un modelo socioeconómico basado en trabajo de poca calidad, atado a la materia prima y de gran impacto ambiental.
—Claro, es sacarle la mayor cantidad de jugo a la naturaleza y con el menor costo posible. La forestación y la soja dan menos trabajo que la ganadería. Consideramos que la ganadería tiene baja densidad de trabajo, y esto es peor todavía. Tenemos que combatir la falsa dicotomía entre trabajo o ambiente con propuestas que demuestren que es posible generar trabajo con otras circunstancias. Entonces, ahí tenés que apuntar al reparto de la tierra, a que se creen más emprendimientos chicos y a la agroecología.
El reciclado de envases y el lobby de la Cámara de Industrias
«Se incumplió impunemente con la ley»
—¿Y cómo ven desde el PIT-CNT el Plan Vale, de reciclado de envases plásticos? Fue diseñado por el gobierno anterior y ahora se continúa.
—Nosotros conseguimos mucho menos de lo que queríamos porque planteábamos una tasa ambiental: que todo producto que se comercializara tuviera un pequeño recargo en función del tiempo que demora en convertirse en residuo. La ley general de residuos describe los llamados desechos especiales: baterías, neumáticos, residuos electrónicos, residuos de obra y envases no retornables, y establece que deben ser manejados por la responsabilidad extendida del productor, que tiene que hacer un plan de gestión. Pero esa ley establece un impuesto para los envases de un solo uso y los no retornables –con una tasa de Imesi–, un artículo que fue fuertemente cuestionado por la Cámara de Industrias del Uruguay [CIU]. La ley se aprobó, pero luego la coalición ganó la elección y enseguida la CIU fue a hacer lobby. Y así consiguió que el [entonces] ministro de Ambiente [Adrián] Peña dictara una resolución bajo el argumento de que, como el impuesto no se estaba aplicando, se volviera a la vieja ley de envases [la 17.849]. Nosotros, a su vez, logramos que la nueva ley de residuos no derogara esa otra ley de envases porque se mantenía en ese momento a 200 trabajadores en cuatro plantas de Montevideo, tres en Canelones, dos en Rocha, una en Maldonado, una en Rivera y otra en Flores. Si se derogaba, quedaban en banda esos compañeros. Pero la vieja ley sirvió también como excusa: «No cumplimos la ley y entonces vamos a hacer otra cosa, que es el Plan Vale». Además, la nueva ley creaba un fondo nacional de gestión de residuos tripartito, con los trabajadores, que para nosotros era un logro bárbaro. Pero salieron con que era algo optativo, cuando la ley establece la obligación de crear ese fondo. La realidad es que violaron la ley impunemente. Nosotros nos movimos bastante con las comisiones y con las bancadas del Frente Amplio, pero, la verdad, no se metieron mucho en el tema. El Plan Vale incumple con la ley porque incluso se crea mediante una resolución, ni siquiera con un decreto.
—En definitiva, la cosa quedó en una autorregulación de la industria que aporta financiamiento para las plantas de reciclado y se postergó el cobro del impuesto hasta 2035.
—[Agustín] Tassani, el presidente del Plan Vale por la CIU, se quejó en la prensa de que la ley le iba a costar a las empresas 120 millones de dólares al año, cuando según nuestras cifras iba a andar por los 50 millones. Pero, además, ¿quiénes son los grandes aportadores del Imesi? Coca-Cola, Danone, Pepsi, los importadores. Esos son los grandes generadores de envases no retornables. El Plan Vale retoma la obligación del plan de gestión de envases para que las empresas queden habilitadas –incluso para importar–, pero, además, tenían que implementar una forma de devolución que nunca se hizo. Como en 15 años llegaron solo a seis departamentos, solo se formalizó a 200 trabajadores y se recuperaba menos del 5 por ciento del universo [de envases], fundamentaron, con esos tres fracasos, pasar de vuelta a la vieja ley que ahora es el Plan Vale.
—¿Y el Plan Vale contempla incorporar más trabajadores al circuito?
—Sí, ahora se habla de 1.300 puestos de trabajo, pero eso siempre está en el papel, porque después te hacen planes a 15 años. Ahora hay un plan de gestión de la CIU que embarcó a un montón de gente –las empresas chicas se están quejando y quieren anularlo–. Se quejan porque es un plan hecho a medida de Coca-Cola. Y olvidate de que participen los trabajadores. Para la inauguración de la planta de consolidación en la UAM [Unidad Agroalimentaria Metropolitana] ni nos avisaron.
La nueva plataforma ambiental
Cinco ejes
La actual Comisión de Ambiente deriva de una vieja comisión de seguridad industrial, que abordaba las condiciones de salud en el «medio ambiente» del trabajo. Hoy forma parte de la secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente (presidida por el dirigente de los judiciales, Pablo Elizalde) y comienza a asumir algunas visiones ecológicas, con una fuerte impronta asociada al mundo del trabajo. El grupo es coordinado por Ramada, sindicalista jubilado de la industria química, quien también supo integrar el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Sin embargo, él prefiere definirse como militante independiente. Ramada también militó junto con Rodrigo Arocena en el histórico movimiento de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay de 1968 y después de pasar diez años como preso político logró terminar su carrera de ingeniero químico a los 61 años. Arocena, esta vez como rector, fue quien firmó su título.
El coordinador divulgó al semanario la nueva plataforma ambiental, redactada en agosto pasado, que apunta a aunar diferentes «organizaciones del frente popular» en torno a un documento conjunto que incluya «acciones de denuncia, divulgación y respuestas ante problemas concretos», como los proyectos urbanísticos en zonas que deberían estar protegidas, los daños generados por agrotóxicos a poblaciones y la situación de los clasificadores en vertederos. «Esto no es solo ambiente: es una disputa por nuestro territorio y recursos naturales, por quién decide y para quién se produce», se lee en letras mayúsculas. «Es impostergable revisar el modelo de producción y consumo considerando las implicancias del uso que las actividades económicas hacen del ambiente, y cómo estas distribuyen los beneficios y perjuicios tanto económicos como de salud humana y ambiental. De lo contrario no solo continuaremos profundizando un modelo concentrador y excluyente, sino que comprometeremos la viabilidad futura en términos de producción y habitabilidad.» El texto se vertebra en torno a cinco ejes: «Agroecología familiar», «agua», «residuos», «energía» y «reorganización urbana».
