En el proceso para acceder al gobierno, el Frente Amplio (FA) desdibujó su programa histórico de cambios, y en el contexto de una estrategia «realista» incluyó una amplia política de alianzas para captar el voto del centro político. El FA en el gobierno no se planteó en ningún momento aplicar políticas antimperialistas y antioligárquicas, no solamente como práctica sociopolítica limitada por una determinada correlación de fuerzas, sino como sustento ideológico de su accionar. Las definiciones programáticas se fueron diluyendo: primero, en forma ambigua; luego, explícitamente para obtener el aval de los señores del «mercado».
Los gobiernos del FA, con sus matices y diferencias, se inscribieron dentro de las variadas opciones de la institucionalidad capitalista para administrar la crisis. Renunciaron a su lucha contra el neoliberalismo y asumieron las reformas institucionales de «segunda generación» del Banco Mundial como si fueran un programa superador del neoliberalismo. Los cambios en el plano electoral fueron positivos, a costa de un retroceso ideológico y de profundizar en lo económico e institucional el capitalismo dependiente.
No se hicieron políticas contra el capital transnacional; por el contrario, se lo favoreció ampliamente (ley de promoción de inversiones, multiplicación de zonas francas, libertad absoluta para mover sus capitales). Tampoco hubo suficientes políticas de preservación del ambiente: las cianobacterias contaminan los ríos y las costas como consecuencia de los fertilizantes que aumentan las ganancias del agronegocio. El crimen organizado aumenta su poder y crece el número de delitos sobre las personas y la propiedad.
Por último, lo fundamental: no hubo lucha ideológica contra los principios y valores del sistema socioeconómico vigente. Por el contrario, se lo reafirmó.
En el segundo cuaderno del capítulo uruguayo de la Sepla (Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina y el Caribe), publicado en setiembre, alertamos sobre esta situación planteando que «ahora es cuando», en referencia a los cambios que había que realizar en el VIII Congreso Ordinario Compañero José Pepe Mujica, del FA. Por un lado, para recuperar el programa aprobado en el congreso programático de 2024 en temas fundamentales, como la seguridad social y la redistribución del ingreso. Por otro, para exigir al gobierno que dé una respuesta coherente con la historia del FA a la sistemática violación criminal del derecho internacional del gobierno de los Estados Unidos. No somos neutrales ni mediadores: somos antimperialistas.
SER DE IZQUIERDA ES ERRADICAR LA POBREZA
Las declaraciones que realizó en 2005 el entonces ministro de Economía, Danilo Astori, marcaron el camino que se sigue recorriendo: «Para hacer algo en serio por los uruguayos que viven en la indigencia es que necesitamos hacer los acuerdos con el FMI [Fondo Monetario Internacional], alimentar el clima de negocios, para que haya inversiones que generen empleo y, de ese modo, contribuyan a disminuir y erradicar la pobreza. Eso es de izquierda» (Búsqueda, 18-VIII-05).
Las políticas llevadas adelante durante más de dos décadas profundizaron dicha concepción de «izquierda», que sostiene que: las reglas del sistema mundial capitalista que se expresan en el marco institucional de nuestro país no son un freno al desarrollo de las fuerzas productivas; no existen actualmente condiciones para modificar en forma radical la situación de dominio, y las tareas de la etapa son desarrollar el capitalismo en serio como paso imprescindible para encarar la transición poscapitalista; como Uruguay carece del capital inicial necesario para un proyecto de capitalismo nacional, es necesario llenar ese vacío con inversiones de empresas transnacionales; la unidad nacional, por encima de las diferencias de clase, es fundamental para garantizar la estabilidad política y económica.
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, ha sostenido en reiteradas ocasiones ante propuestas de reforma impositiva y de aumento del gasto público que la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal son sus pilares innegociables.Su enfoque se basa en que no existe crecimiento sostenible ni redistribución social duradera si se pone en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas; por tanto, es imprescindible mantener la previsibilidad fiscal para preservar el grado inversor de Uruguay y, por tanto, se debe ceñir el gasto público al «perímetro» estrictamente disponible de recursos. Al asegurar un ambiente macroeconómico estable, se fomenta la inversión nacional y extranjera, consideradas el único motor genuino para aumentar el empleo y la recaudación estatal en el mediano plazo.
Ante las presiones internas de los sectores más a la izquierda del FA, que exigen gravar las grandes riquezas para financiar el programa, la gestión de Oddone se ha plantado firmemente en financiar las prioridades sociales, como la pobreza infantil, mediante una rigurosa reasignación del gasto «ineficiente» y la apuesta al crecimiento económico, en lugar de aumentar la presión tributaria sobre los sectores privilegiados.
EL VIII CONGRESO REAFIRMÓ LA POSICIÓN DEL MINISTRO DE ECONOMÍA
Dice la resolución general del VIII congreso: «Enfrentar la desigualdad es una seña de identidad de la izquierda, parte central de su razón de ser, también ha sido y es un centro de la acción de los gobiernos del FA. Que 100 mil uruguayas y uruguayos hayan superado la línea de la pobreza en un año es un hecho relevante, un logro de toda la sociedad, y hace mejor al Uruguay». Pero cabe señalar que la reducción de la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza no es ningún indicador de que se haya reducido la desigualdad, para cuya medida habría que utilizar indicadores específicos, como el índice de Gini o la participación de la masa salarial en el PBI.
La pobreza medida por ingresos refleja la capacidad de consumo respecto a una canasta básica de alimentos y servicios, y es muy sensible a los ciclos económicos de corto plazo. Debe considerarse, además, que una parte importante de la reducción de la pobreza se basa en transferencias que no requieren contrapartida, por lo cual actúan como un amortiguador económico inmediato, pero no inciden en las condiciones estructurales.
La pobreza multidimensional es el indicador fundamental para estimar los niveles de pobreza, en tanto mide el acceso efectivo a derechos y servicios básicos, como la educación, la salud, la vivienda, el empleo y la seguridad social, que refleje cambios estructurales a mediano y largo plazo. Un aumento en los ingresos no garantiza automáticamente el acceso a servicios públicos. Una familia puede tener ingresos por encima de la línea de pobreza, pero si vive en una zona sin escuelas, sin hospitales o sin agua potable, seguirá siendo estructuralmente pobre bajo el enfoque multidimensional.
La Resolución General del congreso no dice una palabra sobre la propuesta del PIT-CNT de aplicar un impuesto del 1 por ciento a los más ricos (apenas mencionada en una moción), medida que, sin lugar a duda, tendría un carácter realmente distributivo.
LA JUBILACIÓN ANTICIPADA A LOS 60 TIENE CONDICIONES INACEPTABLES
Dos días antes de iniciado el congreso el Consejo de Ministros aprobó impulsar un proyecto de ley para crear una causal de retiro anticipado a los 60 años de edad con un mínimo de 30 años de aportes.
La nueva causal de jubilación anticipada a los 60 años de edad afectará de forma negativa y drástica a los trabajadores: se reduce significativamente el porcentaje del sueldo básico jubilatorio que cobrarán al retirarse; se prohíbe el uso de años bonificados por tareas insalubres (por ejemplo, la docencia en primaria), lo que penaliza el desgaste físico y mental; se prohíbe explícitamente el derecho a trabajar formalmente antes de cumplir los 65 años si se accede a esta causal.
Al eliminar las actividades bonificadas se desconoce que son: aquellas que suponen un riesgo inminente para la vida o que afectan directamente la integridad física o mental del trabajador; las que imponen un alto grado de esfuerzo de su sistema neuromotor, de habilidad artesanal, de precisión sensorial o de exigencia psíquica, que haga imposible un rendimiento normal y regular más allá de cierta edad, y las actividades docentes en institutos de enseñanza públicos o privados habilitados. Contrariando totalmente la razón por la que se aplica esta bonificación, se obliga a trabajar hasta los 65 años para recibirla. Debe destacarse que el impacto de esta causal previsional en las mujeres será profundamente desigual, lo que amplificará las brechas de género ya existentes en el mercado de trabajo.
Aunque la ley otorga, en teoría, el derecho a retirarse a los 60 años,la gran mayoría de las mujeres quedará excluida debido a las exigencias regulatorias. En efecto, muchas mujeres interrumpen sus carreras laborales de forma intermitente para cuidar hijos o familiares dependientes. Esto les impide acumular de manera continua los 30 años de aportes necesarios a los 60. Además, las tasas de informalidad laboral y empleo de tiempo parcial son estructuralmente más altas en la población femenina, lo que reduce drásticamente su densidad de aportes registrados ante el Banco de Previsión Social (BPS).
El resultado del Diálogo Social y el nuevo proyecto del gobierno reafirman los objetivos de la ley 20.130 de 2023: reducir el gasto público mediante la sustitución de jubilaciones «caras» totalmente a cargo del BPS por jubilaciones «baratas», en las que el Estado solo cubre una parte y el resto queda a merced del ahorro individual.
