En los últimos meses el gobierno nacional argentino y el de la ciudad de Buenos Aires han arremetido contra la Asociación Madres de Plaza de Mayo en varios frentes. La Fundación Madres de Plaza de Mayo, la Universidad de las Madres y la Asociación Madres de Plaza de Mayo, como figuras jurídicas, están en la línea de fuego del gobierno nacional, que a través de la justicia y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) presiona con investigaciones en busca de ilícitos. La memoria de las Madres, simultáneamente, apunta a ser demolida de la escena pública por el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien ordenó una remodelación de la Plaza de Mayo que incluye remover las baldosas y figuras pintadas en el suelo, sobre las cuales, cada jueves desde 1977, se realizan las rondas de las Madres.
El lunes 29 el juez de feria Javier Cosentino ordenó un allanamiento en la sede de la asociación, para hacer un inventario de los bienes de la Universidad de las Madres. La medida, ordenada en pleno receso judicial y sin previo aviso, demuestra la confusión en el cruce de causas judiciales penales y administrativas. La asociación nada tiene que ver con la universidad, pero para el juez allí podría haber pruebas sobre “los graves problemas de funcionamiento” de la Universidad de las Madres, según manifestó el “rector normalizador” (interventor) de la casa de estudios, Javier Buján, un macrista de la primera hora que hasta fines de 2017 se desempeñó como titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi). “Buján nos amenazó la semana pasada con que vendrían por el edificio de las Madres por las buenas o por las malas: así me lo dijo”, denunció la propia Hebe de Bonafini en la conferencia de prensa del lunes, tras el allanamiento que terminó apenas en un inventario (es decir en una inspección visual).
Del operativo judicial participaron 11 personas asistidas por la policía, pero a la sede de la asociación, sobre la calle Hipólito Yrigoyen y a dos cuadras del Congreso nacional, ingresaron cuatro funcionarios judiciales. Encabezadas por Hebe de Bonafini, las Madres decidieron mantener una vigilia en la sede por temor a nuevos allanamientos y a que el espacio “quede clausurado”, tal como señala un escrito judicial que justificó el procedimiento del lunes pasado.
El miércoles 24 de enero el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dio comienzo a las obras de remodelación de la Plaza de Mayo, que implican retirar todas las baldosas de ese espacio público, incluso las figuras pintadas de los pañuelos blancos de las Madres. Hebe de Bonafini criticó la medida pero logró que los operarios y arquitectos que llevaban adelante los trabajos retiraran las baldosas con los dibujos y las entregaran a las Madres.
Desde 2015 Hebe de Bonafini es centro de duras medidas judiciales mediante las que intentaron llevarla ante la justicia con la fuerza policial, y allanaron la sede de la asociación en busca de pruebas para la causa judicial sobre malversación de fondos en la construcción de viviendas populares del Programa Sueños Compartidos, por la que resultó procesada. “Sólo espero que el gobierno de Macri se caiga a pedazos”, fue el último deseo de Hebe pronunciado en la ronda del jueves 4 de enero en la Plaza de Mayo. Después llegó la arremetida oficial.
