La designación de Ricardo Perciballe como fiscal especial para delitos de lesa humanidad revelará finalmente si la creación de esta nueva fiscalía es expresión de la voluntad efectiva del Estado de avanzar en la investigación de los delitos cometidos durante la dictadura.
Hasta ahora el saldo ha sido deprimente: las herramientas impulsadas desde el gobierno han fracasado ostensiblemente, un fracaso que huele a deliberado. La decisión de desarchivar los expedientes judiciales sobre los crímenes de la dictadura fue la acción más efectiva del Poder Ejecutivo desde 2005, pero esa medida lanzaba la responsabilidad sobre un Poder Judicial que en el mejor de los casos no podía, y en el peor no quería, enfrentar la voluntad de los militares de esconder sus trapos sucios. El Poder Ejecutivo no tomó...
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