Vuelta de tuerca

Cuando en 1986 y 1987 el entonces presidente argentino, Raúl Alfonsín, promulgó las leyes de obediencia debida y punto final, que pusieron una lápida a los intentos de justicia por los delitos de la dictadura, las organizaciones de derechos humanos de aquel país buscaron alternativas contra la impunidad. Las encontraron en un mecanismo que se asentaba en el derecho de las víctimas y de la sociedad a que se conociera la verdad, pero sacrificaba la posibilidad de acusación y, por tanto, de castigo penal a los victimarios.

Los juicios por la verdad comenzaron en 1996; los hubo en La Plata, Córdoba, Tucumán, Mar del Plata, Rosario, Jujuy… Cuando en 2003 las leyes de impunidad fueron anuladas por el Congreso argentino y los juicios penales volvieron a tramitarse, aquellos expedientes se convirtieron en la base de prueba para los juicios penales, con miles de testimonios y pruebas recabados a lo largo de los años.

Basados en esa experiencia, los senadores del Frente Amplio (FA) presentaron un proyecto de ley para crear un «procedimiento judicial especial» que permita «esclarecer violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado», según dice su artículo 1. El texto reconoce el derecho «a conocer la verdad sobre los hechos investigados, como parte esencial de la justicia y la reparación, en consonancia con el derecho al proceso y tutela jurisdiccional efectiva», y habilita los juicios cuando «los procesos judiciales ordinarios no hayan concluido con sentencia definitiva por falta de requisitos procesales, por prescripción o por causas de conclusión anticipada». De aprobarse, los juicios por la verdad podrán ser promovidos por la Fiscalía General de la Nación, por las víctimas y también por las organizaciones de derechos humanos. Además, el proyecto crea un observatorio para «monitorear, analizar y difundir los resultados de los juicios por la verdad, promoviendo políticas públicas de memoria, verdad y reparación, sin afectar la independencia judicial». Si bien el articulado no establece expresamente que se trate de delitos vinculados a la dictadura, la exposición de motivos deja clara que esa es la intención de los legisladores.

¿PARA QUÉ?

La propuesta sorprendió a las organizaciones de derechos humanos. Ni Crysol ni la asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos fueron consultados durante su elaboración, aunque sí les fue presentado luego de su envío al Parlamento y el intercambio fue considerado provechoso. Según dijeron desde ambas organizaciones, si bien no lo rechazan, el proyecto no es prioridad en su agenda (véase recuadro).

«Nuestra preocupación es que la sociedad no olvide la importancia de la violación de los derechos humanos. Sobre la forma y el modo estamos dispuestos a conversar», aseguró a Brecha el senador Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista), y admitió que hay varios aspectos para incorporar y corregir, producto de las conversaciones con las organizaciones y también con el titular de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe.

Entre las observaciones principales está el margen limitado de acción que puede tener el proyecto, si se tiene en cuenta que Uruguay no está en la situación en que se encontraba Argentina cuando se hicieron los juicios por la verdad. Desde que en 2011 la ley 18.831 restableció la pretensión punitiva del Estado, la Justicia ha avanzado –aunque lenta– en el esclarecimiento de varios de los crímenes cometidos. En la fiscalía especializada hay más de 130 causas abiertas, según le contó Perciballe al semanario, y hasta ahora hay más de 100 personas sujetas a procesos o condenadas. Así las cosas, el margen de acción de este proyecto parece reducido.

Para Brenta es claro que «nadie va a renunciar a la acción penal si existe tal posibilidad», pero defiende la iniciativa para los casos en los que la justicia tradicional se vea impedida de actuar; por ejemplo, ante la muerte de los imputados, ya que el fallecimiento extingue la acción penal y obliga al archivo del caso. Consultado por el semanario sobre este aspecto, Perciballe admite que existen varias causas en esa situación y agrega que incluso varios militares involucrados en delitos de la dictadura murieron sin haber pisado nunca una sede judicial. «Los grandes responsables nunca pisaron un juzgado, los jefes del OCOA [Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas], como Vicente Queirolo, o de inteligencia militar, como Esteban Cristi y Amaury Prantl [directores del Servicio de Información de Defensa], o Víctor Castiglioni y [Hugo] Campos Hermida [de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia] nunca pisaron un juzgado. Tampoco los jefes de las unidades militares donde sucedieron los hechos, como Eduardo Zubía. Los responsables fueron centenares, capaz llegamos a un millar, y nosotros estamos en ciento y pico», resumió el fiscal.

Para Perciballe, si bien la posibilidad de iniciar juicios por esta vía «es poca, no podemos perder la perspectiva de que puedan existir, así que no cerremos la puerta». Aun así, planteó algunos reparos a la formulación actual del proyecto. Entre ellos, observó que, al tratarse de «juicios voluntarios», la carga de la prueba queda totalmente en manos de la parte acusatoria, sin participación de un fiscal o un juez que investigue. «No hay una investigación por parte del Estado»; tampoco «surge del proyecto quién va a ser el juez. ¿Es penal o civil? El juicio voluntario siempre es civil, pero en este caso el proyecto no lo dice». A su entender, «lo que debería hacerse es una investigación en serio por parte del Estado, pero, como está planteado, es otra cosa».

Daoiz Uriarte, director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y asesor en la elaboración del proyecto, recordó al semanario que los juicios en Argentina no solo sirvieron para establecer una verdad en casos de muerte, desaparición o tortura, sino que también aportaron resultados sobre la comisión de delitos económicos y que, muertos los responsables, la verdad allí obtenida permitió iniciar juicios civiles para perseguir a los herederos y recuperar el patrimonio robado.

Pero, más allá de ese dato, Uriarte entiende que el proyecto no debe pensarse solo desde la perspectiva de los delitos del período dictatorial y valora su utilidad para echar luz sobre cualquier delito cometido por agentes del Estado, en el pasado o en el futuro, que por diversos motivos no pueda juzgarse. Y, además, agrega que entre las modificaciones que se estudian está la de quitar la condición de que sean delitos cometidos por agentes estatales, de manera de ampliar el universo de causas que podrían tratarse.

REFORMULANDO

La modificación mencionada tiene una motivación inicial en los delitos sexuales, que, por sus características, son de los que tardan más en ser denunciados por sus víctimas. Si bien no existe un estudio que revele cuántos casos no llegan a la Justicia, estudios internacionales indican que casi el 70 por ciento de las personas que fueron abusadas en su infancia no logran recordar el hecho hasta la adultez, momento para el cual el delito ya prescribió, comentó al semanario la abogada Victoria Brückner, integrante del Proyecto Ikove, que trabaja sobre temas de violencia sexual. Y, de los que llegan a ser denunciados, solo el 12 por ciento logra una condena, completó la politóloga Soledad González.

Tal es el problema que hay un proyecto en el Parlamento para lograr la imprescriptibilidad del delito cuando se trata de víctimas menores de edad, de manera de garantizar el acceso a la Justicia. El mismo proyecto ya había sido presentado en la legislatura pasada, pero durmió cinco años en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado antes de morir sin llegar a ser debatido.

«La impunidad en los delitos sexuales es generalizada», aseguró González, que ve con buenos ojos la iniciativa de los juicios por la verdad. Incluso si se lograra la imprescriptibilidad, no será retroactiva, «por lo que un montón de casos seguirán impunes». «Creo que hay un espacio de reparación que no tiene que ver con la justicia penal, y no puede ser que se cierren todas las puertas de reparación si no denunciás penalmente.» Para la politóloga, «la verdad pública es reparatoria» y la posición que se resume en la frase «“Hermana, yo te creo” tiene un peso enorme en las víctimas, porque la historia nos dice que a las víctimas nunca se les creyó».

Brückner también apoya la idea y plantea que la utilidad de la herramienta implica que la verdad sea acompañada de una forma de reparación por parte del Estado, que suponga «reparar no solo a la persona, sino ir un paso más allá en beneficio de la sociedad». La abogada explicó que existen antecedentes en varios países y narró un caso turco, en el que una adolescente con discapacidad fue abusada por un grupo de varones y, a partir del fallo, el Estado estableció un marco normativo de protección para personas vulnerables.

Por lo pronto, la intención del FA es que el proyecto salga de la Comisión de Constitución y Legislación, que tiene demasiados proyectos acumulados, y pase a la de Derechos Humanos, en la que tiene mayores posibilidades de ser analizado, dijo Brenta. Su intención es seguir consultando a los actores y mejorando el proyecto. «Y, llegado el momento, habrá un debate de fondo sobre si instalamos mecanismos que permitan conocer la verdad sobre hechos del pasado o sobre las denuncias vinculadas a abusos sexuales o no. Yo no voy a sacar cuentas de votos», respondió al ser consultado sobre las condiciones políticas para la aprobación del proyecto.