Desde México y América Central hasta Argentina y Brasil, pasando por Perú, gobiernos de distinto signo defienden la participación de los militares en la seguridad interna. Es la única forma eficaz de disminuir la delincuencia, afirman. La experiencia concreta lo desmiente.
A fines de diciembre pasado el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, promulgó una ley de seguridad interior que autoriza la participación de las fuerzas armadas “para enfrentar amenazas a la seguridad interior, cuando estas comprometan o superen las capacidades de las autoridades, y cuando haya amenazas originadas por la falta o insuficiente colaboración de las entidades y municipios en la preservación de la seguridad nacional”. Fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacional...
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