Este mes la filial argentina de Ford ofrece un chequeo gratuito de todos sus automotores en todas las concesionarias y talleres de la marca en todo el territorio argentino. Este mes también, y en ese mismo territorio, se esperaba un fallo judicial sobre el involucramiento de la empresa en la represión en dictadura.
El martes 11, Pedro Müller, ex jefe de manufactura, y Héctor Sibilla, ex jefe de seguridad de la empresa multinacional automotriz Ford Motor fueron condenados a diez y 12 años de prisión, respectivamente, por ser responsables directos del secuestro, privación ilegal de la libertad y torturas a 24 empleados de la firma, en hechos ocurridos en 1976, en la planta que Ford posee en la localidad de General Pacheco, al noroeste de la capital argentina. También fue condenado el ex teniente general Santiago Omar Riveros, responsable de una docena de centros clandestinos de detención en la provincia de Buenos Aires. Los dos ex gerentes permanecerán en sus domicilios hasta que en marzo próximo sean leídos los fundamentos de la sentencia.
La condena fue emitida en la mañana del martes por el Tribunal Oral número 1 de San Martín con el voto unánime de los tres magistrados que lo integran –Osvaldo Facciano, Mario Gambacorta y Eugenio Martínez Ferraro–, en la sede de la calle Pueyrredón 3700, donde también se desarrolla el juicio por los desaparecidos en el cuartel de La Tablada tras el ataque ocurrido en 1989 (véase nota aparte).
Es el segundo juicio en el que resultan condenados civiles empresarios como responsables directos de delitos de lesa humanidad. El primer caso se registró en 2014, en Salta, donde el empresario Marcos Lavin, propietario de la empresa de transporte público La Veloz del Norte, fue condenado a 12 años de prisión por haber privado de su libertad, en 1978, a su empleado Víctor Cobos, que era delegado gremial.
COMPLICIDAD ESTABLECIDA. El fallo dictado el martes no fue publicado por los portales judiciales ni los medios digitales, como ocurrió con las últimas sentencias, incluida la que emitió la Corte Suprema de Justicia sobre la fórmula del “dos por uno” (de reducción de penas), reclamada por algunos condenados por este tipo de delitos.
“Quedó acreditado que la filial de Ford en Argentina fue cómplice de la dictadura. Nuestro próximo objetivo es la Ford Motor Company, y que sea esta empresa la que rinda cuentas”, comentó a Brecha el abogado Tomás Ojea Quintana, quien junto a su colega Elizabeth Gómez Alcorta representa a los 24 obreros secuestrados.
En el mismo sentido se expresó el abogado querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Chichizola: “Este fallo reconoce los hechos que ocurrieron en la planta de Ford y por eso esta sentencia excede el hecho de las condenas a dos ex funcionarios de la empresa. Porque sirve para demostrar que el plan sistemático implementado por la dictadura militar tuvo como beneficiarios económicos directos a los grandes grupos multinacionales”.
LOS SOBREVIVIENTES. De los 24 secuestrados sobrevivientes de aquel centro de detención que se había montado en el quincho de la empresa, sólo alcanzaron a llegar a la sentencia del martes pasado 12 denunciantes, el resto falleció a la espera de justicia. En la sala de audiencias del tribunal estuvieron presentes Pedro Troiani, Carlos Propato, Luis María de Giusti, Jorge Constanzo y Ricardo Ávalos, quienes rompieron en llanto al escuchar la lectura de las diez carillas del fallo. Junto a ellos estuvieron Horacio Verbitsky, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels); Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Vilma Ripoll, referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (Mst); Victorio Paulón, secretario de Derechos Humanos de la Cta, y el fiscal federal Félix Crous. La lectura de los fundamentos de la sentencia fue anunciada para el próximo 15 de marzo a las 18 horas en la sede del tribunal.
Los obreros sobrevivientes de su secuestro en la Ford eran representados gremialmente en la empresa por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata). “Los dirigentes sindicales son los grandes ausentes en el juicio –lamentó Troiani en la conferencia de prensa–. Si es que no colaboraron con la patronal, por lo menos mantuvieron un silencio cómplice que nos dejó desamparados”, sentenció.
EL PERIPLO DE UNA CAUSA. Este expediente se inició en 2002 a instancias de la denuncia formulada por el obrero Pedro Troiani. Guillermo Galarraga (ya fallecido), Müller y Sibilla fueron imputados porque, según se pudo demostrar, permitieron la instalación de las fuerzas militares en el predio de la fábrica, facilitaron las listas de trabajadores a secuestrar y eran quienes visitaban el quincho donde estaban alojados los obreros detenidos y torturados. La primera instrucción la llevaron adelante el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado, quienes recién en 2006 pudieron acumular pruebas como para llamar a declarar a los futuros imputados. Una serie de reclamos probatorios solicitados por la defensa hizo que la causa pasara de la Capital Federal a San Martín, donde recayó en un juez subrogante que prefirió paralizarla. Recién en 2012 la jueza Alicia Vence asumió como titular del juzgado federal de San Martín y decidió tomar medidas. Entre ellas una inspección ocular al predio de la empresa Ford –incluido el quincho–, indagar a cuatro funcionarios jerárquicos de Ford –Pedro Müller y Héctor Sibilla, y además a Guillermo Galarraga, gerente de relaciones industriales, y a Nicolás Courad, presidente de la Ford argentina–, y finalmente procesarlos en mayo de 2013. Un año más tarde, cuando todo estaba listo para el juicio oral, las defensas volvieron a presentar recursos judiciales que pospusieron todo hasta diciembre de 2017.
HISTORIA DE LA “SUBVERSIÓN FABRIL”. A fines de 1975, cuando el gobierno de Isabel Perón ya había firmado los decretos que permitieron “la aniquilación del accionar subversivo”, las fuerzas armadas habían tomado como puntos centrales de atención militar las grandes empresas como Ford, Altos Hornos Zapla, Mercedes-Benz, Acindar y otros conglomerados donde, según el dirigente de la Unión Cívica Radical (Ucr) Ricardo Balbín, operaba “la subversión de las fábricas”. Se refería a las comisiones obreras internas que reclamaban no sólo mejores salarios, sino condiciones de trabajo y niveles de producción menos inhumanos. En Acindar, por ejemplo, funcionó como en la Ford un centro clandestino administrado por Aníbal Gordon, quien más tarde sería jefe de Automotores Orletti.
Las primeras líneas de indagación sobre los empresarios directamente implicados en la represión durante la última dictadura las ofreció el libro Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura (Siglo XXI Editores, Buenos Aires). Este trabajo sobre la relación entre las empresas multinacionales y el poder militar durante la dictadura argentina fue elaborado por una docena de investigadores, editado por Horacio Verbitsky y el economista y consultor de las Naciones Unidas Juan Pablo Bohoslavsky, y publicado en 2013. Luego, en noviembre de 2015, se sumó la investigación que elaboraron en conjunto el Ministerio de Justicia de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, el Cels, el Programa Verdad y Justicia –de la jefatura del gabinete de ministros– y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), y que lleva el título de “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”. Este trabajo incluye un análisis pormenorizado de cada caso en el que empresarios y fuerzas de seguridad colaboraron para la represión del movimiento obrero en 30 grandes empresas del país.
A las sentencias en los casos Lavin y Ford Motor Argentina pronto podría sumarse otra sobre la responsabilidad de la empresa Ledesma en la represión a los cañeros de la provincia de Jujuy, donde la familia Blaquier, dueña de los ingenios azucareros, es muy poderosa. El juicio ya se inició, pero una disputa entre juzgados y cámaras federales llevó a que interviniera la Corte Suprema, que si bien recibió el expediente del caso, aún no se ha expedido sobre la responsabilidad del empresario Carlos Pedro Blaquier y sus gerentes en la desaparición de una docena de obreros del ingenio Ledesma, en 1977. Será el tercer caso que analiza la justicia sobre la participación y responsabilidad de empresas en la represión. Pero aún no tiene fecha de definición.
LA CAUSA FORD. El general Santiago Omar Riveros controlaba varios centros de detención. Uno de ellos se ubicaba en el quincho del predio de la fábrica automotriz Ford Motor Argentina. Allí permanecieron acantonados, desde varios días antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976, más de un centenar de oficiales, suboficiales y soldados, como si se tratara de un cuartel más, según el testimonio de Pedro Troiani, ex empleado de la automotriz, detenido y torturado por su militancia gremial. Fue también a ese lugar que fueron conducidos 24 trabajadores de la fábrica, luego de ser secuestrados en sus puestos de trabajo.
Fue gracias a su carrera militar que Sibilla llegó a ser jefe de seguridad de la planta automotriz. La experiencia que tuvo en la Ford llevó a que en julio de 1978 fuera ascendido al rango de teniente general. Se retiró y fue incorporado como personal de seguridad de la embajada de Estados Unidos, cargo del que se jubiló en 2004.
Durante el tiempo que tardó en concluir la causa Ford, fallecieron dos personajes de la empresa imputados: Guillermo Galarraga, gerente de relaciones industriales, y Nicolás Courad, presidente de Ford Argentina. Galarraga murió en 2016 y era una pieza clave para entender la complicidad empresarial y civil con la dictadura. El 25 de marzo de 1976, al día siguiente del golpe militar, la comisión interna de Ford fue citada a una reunión con Galarraga, quien le comunicó que a partir de ese momento la comisión ya no sería reconocida como instancia mediadora de los trabajadores con la empresa. Cuando uno de los delegados le preguntó por qué se interrumpía la relación, el gerente le respondió, según testimonios de la causa, que Ford “pasa a ser prioridad y objetivo militar para el gobierno”. “A partir de ahora ya no tratan más conmigo, sino con Camps. Mándele saludos de mi parte”, habría ironizado Galarraga. “¿Quién es Camps?”, le preguntó el delegado Juan Carlos Amoroso. “Ya se va a enterar, Amoroso”, fue la última respuesta del gerente antes de dar por terminada la reunión. El general Ramón Camps era entonces jefe de la Policía Bonaerense, y su segundo era el comisario general Miguel Etchecolatz, cuyos crímenes sanguinarios fueron ventilados en 1985 en el juicio a las juntas militares y en los posteriores juicios por delitos de lesa humanidad tramitados desde entonces.
Por debajo de ellos estaba en esos años el general Santiago Omar Riveros, comandante del IV Cuerpo de Ejército, con sede en la capital, pero con jurisdicción en los territorios del Gran Buenos Aires. Riveros era una de las piezas clave en la inteligencia militar de la dictadura. Ya cuenta con tres condenas por delitos de lesa humanidad cometidos en esas fechas, entre ellos la muerte por empalamiento del adolescente Floreal Avellaneda, militante del Partido Comunista argentino de apenas 14 años. Por la causa Ford, Riveros fue condenado a 15 años de prisión por allanamientos ilegales, privación ilegal de la libertad y amenazas reiteradas con aplicación de tormentos.
El abogado Ojea Quintana dialogó con Brecha después de la sentencia. “Estamos muy conformes con el fallo porque demostró la responsabilidad de la empresa en este caso. Ahora vamos a ir contra la casa matriz en Estados Unidos. Tenemos que estudiar bien el caso y las diferentes posibilidades de accionar legalmente”, comentó.
En el año 2004 los obreros sobrevivientes iniciaron una demanda en una corte de California, pero fue suspendida por recomendación del estudio de abogados que lleva la causa, que consideró más conveniente esperar un mejor momento para plantear el juicio. Hay una ley federal en Estados Unidos que permite demandar a empresas estadounidenses con filiales en otros países, radicando la denuncia en una corte de Estados Unidos. “A partir de este fallo vamos a estudiar las posibilidades, con tiempo para avanzar internacionalmente contra Ford”, insistió Ojea Quintana.
