La lucha por la tierra es uno de los grandes temas de la historia de la izquierda y de los movimientos sociales en Uruguay. Primero apareció como lucha sobre su propiedad y contra la oligarquía terrateniente que la explota y controla los hilos del país. Pero hoy, como una capa más, a esa lucha se le suma el cuidado de la tierra.
En enero, el agua de la playa estaba verde. Ya no en arroyos del Interior o en el Río Negro. También en el Río de la Plata, incluso en el océano Atlántico hasta la altura de La Paloma. Un día, cambió el gusto del agua. Otro día, en un “evento puntual”, el agua de Ose en Canelones pudo “haber generado irritación en la piel”. Desde Ose se sostiene que el agua es potable, pero eso no evita que ya haya todo un mercado destinado a que zafemos de que el agua nos envenene. Alguno puede invertir en un filtro. Otro puede comprar agua embotellada y después quejarse de que el mar está lleno de plástico. Los intentos individuales de solucionar el problema implican una privatización de hecho del agua potable. Si en otros lugares el agua era un problema, para los uruguayos estaba resuelto. Ya no.
Antes del agua verde, se juntaron firmas para derogar la ley de riego, en una campaña que intentó, sin éxito, forzar un plebiscito para derogarla. Esta ley facilita la construcción por privados de embalses en cursos de agua, es decir, privatiza ríos y arroyos, para profundizar el modelo de agricultura intensiva, que se basa en un paquete tecnológico de transgénicos, fertilizantes y plaguicidas. Los frutos de ese modelo, acá y en el resto de la Cuenca del Plata, se ven en las playas verdes. Privatización y contaminación van de la mano.
Mientras el agua estaba verde, crecían los intentos de evitar la instalación de la pastera Upm 2. Para convencerla de que se instale en Uruguay, y no en otro país, se le va a crear especialmente una zona franca y el Estado se compromete a hacer enormes inversiones a su medida. ¿Por qué sucede esto? Es sencillo. Los gobiernos tienen como objetivo lograr altas tasas de crecimiento del Pbi, para lo que necesitan altas tasas de inversión. Los flujos de inversión son controlados por grandes capitales trasnacionales, que ponen a los países a competir entre sí, para obligarlos a dar mayores concesiones. Así, todos los países tienden a tener legislaciones más favorables a sus intereses y a aceptar contratos entreguistas. A esto se suele llamar “competitividad”.
Este modelo de agricultura (sobre todo de soja) y forestación (para la producción de celulosa) ha sido uno de los sostenes de las exportaciones del país en los últimos años, pero también profundizó la concentración y la extranjerización de la propiedad de la tierra, y la expulsión de los pequeños productores y pobladores del campo. Viene acompañado, además, de otros asuntos graves, como la propiedad intelectual sobre las semillas y la decisión del gobierno de reservarse el derecho a censurar la publicación de investigaciones sobre la calidad del agua. Si hoy tenemos problemas con el agua, esto encuentra su causa en el modelo económico vigente.
El movimiento ecologista, contra viento y marea y con pocos apoyos, ha sido el principal opositor a este modelo y ha alertado sobre las consecuencias ambientales, las concesiones de soberanía y la agresión a la vida de los pobladores del campo. En 2004, logró (con importante movilización de sindicatos, principalmente de Ffose) una reforma constitucional que prohibió la privatización del abastecimiento de agua y estableció la prioridad del consumo de la población al planificar su uso, además de la participación de la sociedad civil en su gestión. En aquel momento, ya estaban articuladas las luchas contra la privatización y la contaminación.
La lucha por la tierra es uno de los grandes temas de la historia de la izquierda y de los movimientos sociales en Uruguay. Primero apareció como lucha sobre su propiedad y contra la oligarquía terrateniente que la explota y controla los hilos del país. Hoy, a la lucha contra la concentración y la extranjerización, se suma el cuidado de la tierra como una capa más del mismo movimiento. Siguiendo esa línea, hoy (viernes 22) se marcha nuevamente por el agua, saliendo de la Intendencia de Montevideo a las 18 horas.
El viejo discurso de que “al país lo mueve el campo” es el principal contraargumento a las demandas ambientales. La soja, el eucaliptus y el feedlot parecen ser la única forma de mantener andando al país. Y eso explica que al ecologismo le cueste conseguir aliados en el “bloque social de los cambios”, es decir, el campo de los aliados sociales del gobierno frenteamplista. Si las conquistas sociales dependen del crecimiento económico y el crecimiento depende de este modelo, es improbable una alianza con quienes lo cuestionan. Esto no sólo dificulta la necesaria confrontación del modelo, sino que, además, deslegitima, lenta pero inexorablemente, a la izquierda uruguaya. La cuestión ambiental exige repensar estos problemas hasta el fondo.
Esta es tan sólo una pequeña parte del problema que vemos en Uruguay. Mientras, hay una mancha de basura gigante flotando en el océano Pacífico. Los insectos están muriendo en masa en todo el mundo. Los bosques desaparecen cada vez más rápido. Los arrecifes de coral están muriendo. Los casquetes polares se están derritiendo, mientras sube el nivel del mar. El planeta nos está diciendo de todas las maneras que hay algo que estamos haciendo muy mal.
Entre estos, el problema más importante que enfrenta hoy la humanidad es el cambio climático. Es esperanzador que jóvenes en todo el mundo, y también en Montevideo, se estén movilizando para poner el tema en la agenda. Uruguay necesita hacer un esfuerzo serio por bajar las emisiones, pero lo más importante es que frene y prohíba las prospecciones de petróleo en su territorio, para evitar poner a nuevas reservas petroleras a ser quemadas y tiradas a la atmósfera. La irresponsabilidad del gobierno uruguayo, al buscar en el petróleo una salvación, es incomprensible.
Mejor dicho, es fácilmente comprensible si uno entiende el marco en el que está pensando el gobierno uruguayo, y la mayoría de los gobiernos del mundo. Los grandes capitales pueden aplastarnos como a una cucaracha con desinversiones, corridas sobre la moneda o pánicos financieros. Tenemos que hacer los deberes o va a suceder una catástrofe. El problema es que, si los hacemos, va a suceder otra catástrofe, infinitamente peor e irreversible.
Este camino al abismo no es inevitable ni es causado por alguna fuerza extrahumana, como el progreso o el avance tecnológico: es impulsado por los intereses del capital trasnacional y su carrera suicida por mayores ganancias, suicidio del que serán cómplices los gobiernos y las organizaciones que no hagan sus mayores esfuerzos para parar con esto. Los capitalistas no pueden parar, porque no pueden elegir ganar menos. Pero quizás nosotros los podemos parar a ellos, superando la incapacidad colectiva de la humanidad de administrar la producción sin destruir el medioambiente. Ya que estamos en eso, quizás podríamos terminar con la explotación y la oligarquía.
Pero qué ingenua esta nota. Digamos que sí, es ingenua. Pero que admita su ingenuidad también quien cree que podemos ignorar las advertencias que vemos en las playas y los diarios, y piensa que podemos seguir así para siempre. Digamos que es improbable que derrotemos al suicidio capitalista. Pero quien diga que eso no se puede hacer, que sepa que lo que quiere decir es que acepta transformar al planeta en un desierto inhabitable para que los ultrarricos tengan unas décadas más de diversión en sus yates de cuatro pisos.
