Decidí averiguar si había algún avance en el Parlamento respecto de la Universidad de la Educación (Uned). Lo último que se había escuchado era que, una vez más, se había estancado. Busqué entonces en las comisiones y encontré una versión taquigráfica. La novedad era la supuesta voluntad de algunos legisladores de retomar el tema.
En la columna de opinión de Bolón y Ferrer publicada en la pasada edición se afirma que estoy “a favor de la pronta aprobación” de esta universidad. No milito por ningún proyecto. Sí me declaro a favor de que a los docentes se los valore más, de que tengan un título universitario, de informar sobre educación, y de salirse, cada tanto y en la medida de lo posible, de notas que hablen de lo que habla la mayoría, de lo que dijo cual o tal precandidato y lo que le respondió tal o cual otro.
Los autores aseguran que ignoré el proyecto de creación del Instituto Universitario de la Educación, al que confundo con el actual. Mi nota, repito, se restringía al estado del proyecto de la Uned en el legislativo. En todo caso, la creación de un Instituto Universitario de la Educación no es un punto que esté en juego en las discusiones del ámbito parlamentario.
También les preocupó que el artículo dijese que “mientras los parlamentarios deliberan, los institutos públicos de formación siguen sin poder emitir títulos de grado ni dictar maestrías ni doctorados”, pues afirman que “las noticias no dicen que los parlamentarios estuviesen deliberando, y los institutos de formación docente emiten títulos de grado”. Efectivamente, las noticias no lo decían, de allí la pertinencia de ponerlo sobre la mesa. Es el tipo de cosas que se evalúan cuando se va a publicar un artículo informativo y no una columna de opinión. Respecto de los títulos, entiendo que se desprende que me refiero al título de grado universitario. A quienes les generó mucha confusión y dificultó la lectura que escribiese “título de grado” a secas, aquí mis disculpas. No escondía esa diferencia ningún plan maquiavélico.
Lo tercero que parece fastidiar a los autores es que, aparentemente, escribo “sin reparar en las dificultades organizativas y académicas que plantearía transformar en universidad una estructura desparramada en 33 cuasi partes”. No reparo ni dejo de reparar porque no era el objetivo de la nota hacer un análisis pormenorizado de todas las características que tendría esta nueva universidad. Se habla del cogobierno y la regionalización porque son aspectos que aparecen en las versiones taquigráficas y que sobresalieron en la última sesión de la comisión parlamentaria.
Hechas estas aclaraciones, no comparto, como no lo compartieron la editora de política ni el director de este semanario, que lo escrito sea una columna de opinión redactada con “empaque periodístico”. Para el artículo, además de acudir a las versiones taquigráficas, entrevisté a Mauricio Langon, a Rosana Cortazzo y al senador Jorge Saravia –que forma parte de la comisión que tiene el tema–, volví al libro de Eduy21, me fijé en las propuestas educativas del sector Todos, de Luis Lacalle Pou, y me asesoré con otras personas que siguen con atención este asunto.
Por último, se preguntan los autores si el “cambio de nombre (de la futura universidad) pondrá fin a las investigaciones y extensión limitadas”, así las califiqué yo. Me parece un debate riquísimo si el nombrar algo puede cambiarlo o si al cambiar la cosa se debe modificar su nombre. No tengo una visión absoluta, pero, en muchos casos, estoy convencida de que nombrar cambia. Nombrar es un acto muy poderoso.
Sobre los puntos que no responden a mi artículo no me expediré; pero ojalá sean de utilidad para quienes no leyeron los artículos anteriores que estos autores publicaron sobre el tema en las páginas de este semanario.
