En las reuniones de transición, los futuros jerarcas del Ministerio del Interior demostraron preocupación en relación con un eventual aumento de la protesta social. El equipo de la coalición, que comandará el ministerio desde el 1 de marzo, consultó a las autoridades del gobierno saliente si la Policía cuenta con instrumentos para controlar manifestaciones.
“Los únicos que tiran agua son los bomberos”, dijo a Brecha Mario Layera, quien en estos días será sustituido por Diego Fernández en la dirección nacional de la Policía. El jerarca negó a este semanario que la Policía disponga de vehículos lanzagua –llamados “guanacos” en Chile– para controlar manifestaciones callejeras. Y aseveró que en los últimos años la Policía ha abandonado la táctica de reprimir concentraciones masivas; al menos de formas ostentosas, como se pudo ver en el pasado.
En efecto: al intervenir en manifestaciones durante el período de Eduardo Bonomi, la Policía hizo hincapié en la tecnología como principal instrumento para registrar y detener a militantes sociales que protestaran contra el gobierno del Frente Amplio en diversas áreas. A excepción de eventos de de-socupación de lugares públicos (como el edificio del Codicen en 2015) y episodios como la marcha contra la instalación de Upm 2 en 2019, ese había sido el modus operandi policial frente a la protesta social: videovigilancia, trabajo de inteligencia y judicialización. Este cambio permitió a los uniformados un despliegue sutil, a menudo lejos de las primeras planas, como nueva táctica para neutralizar la protesta social.
Con la transición, parecen soplar otros vientos. Según supo Brecha, en las reuniones que vienen manteniendo –desde diciembre– con las autoridades salientes, Jorge Larrañaga (futuro ministro), Guillermo Maciel (próximo subsecretario) y Luis Calabria (futuro director general) expresaron su preocupación en relación con un eventual aumento de la conflictividad social en los próximos años. En este sentido, preguntaron si la Policía lleva actualmente un registro de los manifestantes y las organizaciones sociales que han protagonizado disturbios en el pasado. También hicieron consultas vinculadas con armamento y vehículos, propios de unidades de choque en un escenario de represión callejera: camiones lanzagua y armas con munición no letal.
Consultado por este semanario, Guillermo Maciel se negó a hacer declaraciones. Larrañaga, por su parte, respondió que su equipo planteó “un punteo de los implementos que puede tener el Ministerio del Interior, pero no con un fin específico, vinculado a un tema puntual”, y negó que hayan profundizado en este aspecto. Pero también precisó que se estaba refiriendo a las reuniones en las que él participó. Y advirtió: “Si vamos a entrar a hablar de eso, entramos a darle insumos a la delincuencia”.
El exministro del Interior Eduardo Bonomi ratificó a este semanario que esos temas sobrevolaron las reuniones. El actual ministro –que ocupará este cargo hasta el 1 de marzo–, Jorge Vázquez, se limitó manifestar: “En alguna de las reuniones que hemos mantenido se habló de equipamiento policial, armamento, vehículos, etcétera. Con respecto a la participación de la Policía en hechos de concurrencia masiva de público, el equipamiento es de protección del personal policial. En estos diez años de gobierno no nos hemos planteado la compra de equipamiento especial para controlar movilizaciones”. Consultado sobre la información de Brecha en relación con los detalles de las reuniones, prefirió guardar silencio.
En cuanto a las armas no letales, la administración saliente ya se proveyó: a mitad del año pasado adquirió –por compra directa y en forma secreta– una partida de pistolas marca Osa PB‑4SP, calibre 18,5 por 60 milímetros, de la fábrica rusa Tecmash. Según Búsqueda, hasta las primeras semanas de enero el cargamento aún no había llegado al país, debido a trabas administrativas. Probablemente estará disponible para los primeros meses de 2020.
